Hoy está previsto que en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se firme y ratifique el Acuerdo de Escazú, que resulta necesario para proteger el ambiente y los derechos humanos, pero al cual Colombia no se ha vinculado. 

Por esta razón, organizaciones de la sociedad civil y la academia hacen un llamado de urgencia para que el Gobierno colombiano firme y ratifique este Acuerdo que le permitiría al país convertirse en un líder en protección ambiental, uniéndose al resto de naciones de la región que han manifestado el compromiso con el mismo. 

Desde la Alianza por el Acuerdo de Escazú, estas organizaciones aseguran que el país tiene una oportunidad única de unirse a este y así facilitar el trabajo en la protección de los líderes ambientales.

Colombia es el segundo país más peligroso en el mundo para quienes se dedican a proteger el territorio y a luchar por los intereses medioambientales. Solo en 2018 fueron asesinados 24 líderes ambientales en el territorio nacional, de acuerdo con el informe Global Witness. 

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Según los miembros de esta alianza, de la cual forman parte: el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la Asociación Ambiente y Sociedad, la facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, la Clínica Jurídica de la Universidad de los Andes (MASP), la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad de Medellín, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (Aida), la Red por la Justicia Ambiental y la Red para los derechos de acceso información, participación y justicia en asuntos ambientales, este es el primer tratado sobre asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, y el primero en el mundo que incluye disposiciones para la protección de las defensoras y defensores ambientales. 

Su objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. De igual forma, busca la creación y el fortalecimiento de las capacidades a la protección del derecho de cada persona, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. 

Para entrar en vigor el Acuerdo deberá ser ratificado por, al menos, 11 países. Hasta el momento 17 lo han firmado, uno de ellos ya lo ratificó y están en proceso interno de aprobación los otros 16. 

El Acuerdo contribuye a solucionar los conflictos sociales de manera pacífica y justa, y puede brindar nuevas herramientas para proteger los territorios y las personas ante la crisis climática, las amenazas y la estigmatización. 

Reconocimiento a la labor ambiental

Además, contiene herramientas para que los Estados protejan adecuadamente a las defensoras y defensores del ambiente, y para que se les reconozca y fortalezca su labor en un país en camino de superar un largo conflicto armado y social, en donde una de las principales víctimas es el medio ambiente 

“La implementación efectiva del Acuerdo de Escazú puede ayudar fortalecer, construir, y consolidar la paz en todo el territorio colombiano. La democracia ambiental es esencial en la construcción de un país más equitativo donde quienes defienden el ambiente podrán ejercer su labor con garantías institucionales”, aseguraron los miembros de la Alianza en una comunicación.

Este llamado se une al realizado hace un mes por el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, quien le solicitó al Presidente Duque, adherirse y firmar dicho convenio. 

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En una carta enviada al primer mandatario, el jefe del Ministerio Público ratificó la necesidad de que se garantice un entorno seguro y propicio a las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. 

El jefe del órgano de control indica que este Acuerdo fue suscrito por la mayoría de los países de la región y “es resultado del esfuerzo regional hacia la creación de un mecanismo de cooperación multilateral, que permitirá avanzar en la efectiva participación de la sociedad civil en la toma de decisiones ambientales y el acceso de información en esta materia, de conformidad con los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. 

Carrillo ratifica que la defensa del territorio y el medio ambiente ha puesto a los líderes ambientales en grave riesgo en sus derechos fundamentales a la vida, libertad, integridad y seguridad, y por esta razón pidió tomar las medidas necesarias en favor de esta población.

De esta forma, la expectativa se centra en la decisión final del Gobierno nacional en torno a este tema que resulta de gran interés, no solo para el país sino para la región.