La Procuraduría General de la Nación presentó una serie de reparos al proyecto de decreto mediante el cual el Gobierno plantea la reanudación de la aspersión aérea con glifosato, con el fin de frenar el desarrollo de cultivos de carácter ilícito en el país. 

En el marco de la rendición de cuentas de ese ente de control, el procurador Fernando Carrillo Flórez dijo que el objetivo es defender los intereses de la sociedad y por eso pide que haya respeto a los protocolos que fijó la Corte Constitucional en varias sentencias, particularmente en la T236 de 2017, en la que se plantean un conjunto de requisistos mínimos que deben ser cumplidos satisfactoriamente para que se puedan reanudar las aspersiones aéreas con esta sustancia.

El primer reparo se centra en el principio de precaución. Carrillo manifestó que desde el ministerio público se ha venido trabajando para darle al medioambiente la jerarquía que no ha tenido en el pasado. Por ello consideró que este es un mecanismo que debe ser incorporado y tenido en cuenta antes de reiniciar la fumigación aérea con glifosato. 

Es de aclarar que este es un concepto que respalda la adopción de medidas protectoras ante las sospechas fundadas de que ciertos productos o tecnologías pueden generar un riesgo grave para la salud pública o el medioambiente

Un segundo aspecto tiene que ver con que se tenga en cuenta la opinión de las comunidades étnicas. El funcionario aseguró que la Procuraduría Delagada de Asuntos Étnicos han insisitido en que se surtan los procesos de participación ciudadana que son fundamentales para que estas comunidades tengan conciencia de las repercusiones que tiene la política de aspersión con glifosato y el impacto que puede generar sobre sus territorios y sus habitantes. 

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"Un altísimo porcentaje del país, que tiene comunidades étnicas, va a ser afectado por esa política. Con eso no queremos decir que no se pueda hacer, pero previo a la aplicación de esta política pública de aspersión, se tiene que dar un diálogo con las comunidades y, por ende, una concertación", manifestó. 

El tercer reparo hace énfasis en las obligaciones derivadas de los acuerdos de paz, pues en el decreto no es claro cómo se puede cumplir con estos. Según Carrillo, en la mencionada normatividad no se presenta una propuesta que armonice las medidas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos con la política de aspersión. "Por eso le estamos pidiendo al Ministerio de Justicia que debe trabajar en una propuesta que armonice la política de sustitución de cultivos ilícitos con la que se plantea en el decreto", dijo. 

Para el representante del ministerio público, es importante también definir qué es lo que el Gobierno quiere en la política de sustitución de cultivos porque hasta la fecha no lo ha hecho público y no se sabe cómo trabajará para cumplir con lo establecido en el acuerdo final y especialmente en el Decreto 896 de 2017, mediante el cual se creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito.

"También debemos recordar y solo nos estamos apegando a lo que la Corte Constitucional ha exigido como protocolo, que la investigación sobre las repercusiones que estas fumigaciones pueden generar en la salud y el medio ambiente debe contar con la calidad y las garantías necesarias para que sean incluidas en las disposiciones legales que se adopten", apuntó. 

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La Procuraduría considera que el proyecto debe garantizar la imparcialidad y por ello, debe disponerse de una instancia técnica, ojalá de caracter internacional o un órgano de caracter científico que tenga reconocimiento internacional en el ámbito de Naciones Unidas. 

De esta forma, la entidad pone sobre la mesa sus preocupaciones en torno al decreto que pretende reanudar las aspersiones con esta sustancia que tanta polémica ha causado y que ya ha sido prohibida en varios países, producto de las afectaciones que genera no solo en la salud de las personas sino en el medioambiente.