El tema del tratamiento de las aguas residuales está más vigente que nunca. La decisión de la Procuraduría de sancionar al director de la CAR, Néstor Franco, por hallar irregularidades en el convenio suscrito por esta entidad para la construcción de la Ptar del municipio de Chía, pone sobre la mesa diferentes razones por los cuales poner en funcionamiento estas plantas, no necesariamente genera los resultados esperados para los municipios.

Una de ellas es el desconocimiento de las normas. Una investigación realizada por Francisco León, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional indica que aunque los municipios de la provincia de Sabana Centro (Cundinamarca) han tenido importantes avances para reducir la contaminación del recurso hídrico por cuenta de los sistemas de alcantarillado, los resultados no han sido los esperados debido a que no se aplica el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (Sigam), que tiene como propósito la protección del medio ambiente.

El investigador encontró que la aplicación de esta normatividad ha sido mínima en proyectos como las plantas de tratamiento de aguas residuales y, por cuenta de estas falencias, la contaminación del río Bogotá sigue relacionada con las descargas de agua residual de los sistemas de alcantarillado de los municipios de la provincia, derivadas del urbanismo creciente, que afecta la calidad del recurso aguas abajo.

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El proceso de urbanización evidencia que, a pesar de tener políticas de protección ambiental, el gobierno prioriza otras carteras, en las que prevalece el interés económico sobre el cuidado de los recursos naturales, dice León.

En su concepto, uno de los ejemplos más claros del desconocimiento de los mecanismos para la gestión ambiental se observa en la problemática que registra la construcción de las ptar. Considera que estas plantas surgieron como una opción para descontaminar las aguas del río Bogotá, objetivo que no se ha cumplido del todo, y además están contaminando y generando gases de efecto invernadero.

“Aunque se encontró que en los 11 municipios de Sabana Centro todos los proyectos estaban ejecutados, al revisar la implementación de los sistemas se halló que aquellos realizados o alcanzados no se gestaron a partir del uso de los instrumentos de gestión ambiental”.

Fallas de interpretación

Para el investigador, en la situación derivada del reciente hallazgo de la Procuduría con respecto a la ptar el municipio de Chía, se evidencian las fallas en la comprensión e interpretación de las funciones establecidas en la Ley 99 de 1993, tanto para las entidades ejecutoras como para las vigilantes.

"Más allá del posible detrimento patrimonial y sus consecuencias, se puede decir que la autoridad ambiental fue “juez y parte” durante los años que operó la infraestructura; los municipios no estaban ejecutando su función y las entidades con papel de supervisión desconocieron la situación durante años, vulnerando el Sistema Nacional Ambiental (Sina)”, sostiene.

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Es por eso que plantas como la de este municipio de Cundinamarca presentan irregularidades en su construcción, debido a que no contaban con suficientes estudios y, por ello, se presentó un incremento en el monto del contrato tras algunos ajustes en su diseño, ya que los suelos donde se esperaba ubicar no eran los más adecuados para soportar estas construcciones. 

Pese a que el Sigam ha concentrado los instrumentos, no ha madurado tanto como para ser prioritario en las administraciones municipales y por eso no ha logrado posicionarse en la planeación de este tipo de proyectos.

“Pareciera que para justificar su existencia, el Sigam procura vincularse en el discurso de todo aquello que tenga resorte ambiental; sin embargo, su carácter es efímero e inconexo dentro de la gestión municipal, por la dificultad de entender su esencia sistémica, lo cual se hace evidente en el desconocimiento de los decisores”, concluye el investigador.