El proyecto petrolero que “incendiaría” a Boyacá

La actividad petrolera sigue causando estragos en el país. La búsqueda incesante de nuevas reservas de crudo ha implicado su desarrollo incluso en zonas de alto valor ambiental y en contra de la opinión de las comunidades que las habitan. Los ejemplos abundan: no hace mucho se desató un escándalo por la intención de explotar hidrocarburos en las inmediaciones de Caño Cristales y, actualmente, en varios municipios del Caquetá se viven intensos conflictos sociales por la misma causa.

Otro ejemplo, menos reportado en los medios, es el de la provincia de Sugamuxi, en el oriente de Boyacá, en donde desde hace 6 años se viene haciendo exploración petrolera. La empresa Maurel & Prom ha realizado tres perforaciones en dos pozos en los municipios de Tota y Pesca, en el marco de un proyecto denominado Área de interés exploratorio muisca. Aunque los habitantes de ambos pueblos se oponen rotundamente, la compañía insiste en seguir buscando crudo en esa poblada zona del departamento.

De hecho, desde 2012 Maurel & Prom le está solicitando a la Anla la modificación de su licencia ambiental para expandir su actividad en la región. Su intención es continuar las perforaciones al mantener las 10 plataformas ya autorizadas (con hasta 3 pozos por plataforma), solicitar permisos para adecuar y construir nuevas obras, solicitar nuevos permisos de captación de agua y reducir el área del polígono del proyecto.

Aunque con esta última acción la empresa busca salir del área de páramo y de la cuenca del Lago de Tota (cerca o al interior de los cuales ya había realizado perforaciones), la alta presencia de población y de nacederos de agua hacen que la zona sea muy sensible a los impactos de la actividad petrolera. La empresa es consciente de estas dos características del territorio, pues dedica buena parte de su Estudio de Impacto ambiental a describirlas detalladamente. 

El inventario del recurso hídrico que desarrolló la empresa encontró 410 nacederos (Vea inventario de fuentes hídricas). De estos, 273 corresponden a nacederos que se ubican en veredas de Pesca y Tota, en donde el proyecto ha realizado perforaciones exploratorias y estudios sísmicos o tiene influencia directa. Esto se suma a la presencia en el área de 6 pozos profundos y 20 aljibes, todos fundamentales para el abastecimiento de agua de la población.

El anexo socioeconómico del estudio de impacto ambiental presenta información de 15 veredas de los municipios de Tota y Pesca, donde el proyecto tiene mayor influencia. Según esta información, en la zona habitan aproximadamente 6.900 personas, distribuidas en 1.754 viviendas. Esta situación ha sido el caldo de cultivo de un conflicto de más de 6 años entre la población local y la empresa petrolera. La primera ha denunciado en repetidas ocasiones daños estructurales a sus viviendas y predios, en particular, deslizamientos de tierra y secamiento de nacederos.

Por ejemplo, muchas casas del barrio Asodea, ubicado al occidente de la ciudad de Sogamoso, presentan afectaciones estructurales. Las grietas que aparecieron en esas construcciones coinciden con exploraciones símicas que desarrolló Maurel & Prom en 2011, según las denuncias hechas por sus habitantes. Algunos de ellos incluso sostienen que el barrio ya no podrá repararse y tendrán que ser reubicados.

Una de las muestras más claras de este conflicto se vio en la audiencia pública ambiental del pasado 6 de noviembre, en donde los pobladores se manifestaron, por medio de ponencias, una marcha, arengas públicas y pancartas, en contra de este proyecto y de la modificación de la licencia otorgada a la empresa.

Si bien el funcionario de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que intervino en ese evento sostuvo que las principales causas del secamiento de los nacederos son la deforestación, para los campesinos es muy claro que hubo alguna relación con los trabajos de la sísmica, porque posterior a ellos se presentaron las afectaciones. Los campesinos saben, desde su conocimiento ambiental, que desde años se han venido presentando cambios climáticos que han producido disminución del volumen de agua, pero la ocurrencia simultánea de secamiento de fuentes de agua y sísmica es para ellos la prueba fehaciente de que entre ambas hay una relación.

Estos argumentos de los campesinos encuentran respaldo en denuncias hechas por el Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi sobre el desarrollo de sísmicas y de perforaciones exploratorias. Según una juiciosa investigación desarrollada por este colectivo, la empresa ha incurrido en prácticas ilegales, como desarrollar excavaciones sin licencia arqueológica del Instituto Colombiano de Antropología e Historia o hacer exploraciones sísmicas a distancias menores a 100m de nacederos, como lo establece la Guía básica ambiental para este tipo de actividades expedida por el Minambiente. Incluso este colectivo sostuvo en la audiencia pública que se construyeron plataformas en zonas de pendientes superiores a 45°, lo cual está prohibido en dicho documento.

Las irregularidades denunciadas sobre la operación de la empresa son aún más preocupantes porque el colectivo y otros actores locales y regionales que intervinieron en la audiencia, denunciaron que Maurel y Prom ignoró la presencia de nacederos, viviendas y otros elementos sensibles a actividades exploratorias petroleras, para poder desarrollar su actividad. Esto explicaría en buena parte por qué desarrolló sísmicas y perforaciones de pozos en zonas que la Guía de sísmica del Ministerio de Ambiente les prohíbe.

De hecho, Maurel y Prom tienen dos investigaciones en curso abiertas por la ANLA, por medio de los Auto 6044 de 2014 y 596 de 2016. Los contenidos de los Autos de apertura de investigación muestran que la empresa, al parecer, desconoció deliberadamente los hallazgos de su propio estudio de impacto ambiental con el fin de desarrollar sus actividades en zonas no aptas por la presencia de cuerpos de agua. La evidencia provino de dos visitas técnicas que esta entidad hizo a los pozos, una en diciembre de 2014 y la otra en junio de 2015. Las evaluaciones también determinaron manejos irregulares en las compensaciones forestales, de fauna, por cambios en el uso del suelo y por el levantamiento de construcciones en una zona adyacente a unidades acuíferas, que deberían haberse excluido de toda actividad relacionada con el proyecto.

Esto, sin embargo, no ha sido impedimento para que la empresa solicite una modificación de su licencia, ni mucho menos para que la Anla se encuentre estudiándola. Habrá que esperar si esta entidad acepta el costo ambiental, social y político de permitir la continuidad de un proyecto en una zona altamente sensible. O por el contrario, si toma en cuenta las opiniones de la población de la región e incluso de los personeros municipales, alcaldes y el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, que públicamente se han manifestado en contra del mismo. Lo único seguro es que, de continuar la actividad petrolera en esa zona, se avecina un conflicto socio ambiental de grandes proporciones.

^{Una de las viviendas del barrio Asodea que, según sus habitantes, se ha visto afectada por la sísmica del proyecto petrolero.}

Maurel y Prom niega todo, la Anla lo deja en suspenso

Diana Cortés, coordinadora ambiental de Maurel y Prom, negó que el proyecto haya causado afectaciones en Pesca y Tota. Al contrario, insistió en que han cumplido la legislación ambiental colombiana.

Sin embargo, reconoció que el Icanh sancionó a la empresa por haber realizado perforaciones sin los debidos permisos arqueológicos y que, como medida de compensación, financiaron una investigación sobre expresiones rupestres en la zona.

Sobre las denuncias por el secamiento de fuentes hídricas, Cortés aseguró que son culpa del cambio climático y negó que las actividades sísmicas hayan desestabilizado las viviendas del barrio Asodea.

Por su parte, Claudia Rodríguez, directora de la Anla, dijo que están preocupados por los impactos negativos de este proyecto sobre el agua y sobre la población aledaña. También afirmó que los dos procesos sancionatorios avanzan y que la decisión sobre la licencia a Maurel y Prom se conocerá a más tardar a finales de enero.