El principal objetivo de la Reserva Thomas van der Hammen ha sido y deberá seguir siendo fortalecer la Estructura Ecológica Principal (EEP) de Bogotá, conectando los ecosistemas potenciales (que necesitan ser restaurados) desde los cerros orientales hasta el río Bogotá, así como contener el crecimiento de la ciudad en el borde norte. La EEP es imprescindible para el mantenimiento de la biodiversidad en el Distrito Capital, condición necesaria para la resiliencia climática y la provisión de beneficios ecológicos para los capitalinos, y en general para la región.

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Sin embargo, la Administración Distrital actual considera que las restricciones a la urbanización que operan en esta zona – con tratamiento de suelo rural y de reserva forestal – no han sido efectivas para controlar un crecimiento que se presenta a su juicio “desordenado”. Igualmente, afirma que se ha ejecutado menos del 1% del presupuesto requerido para la implementación del Plan de Manejo Ambiental de la Reserva, expedido en 2014, pues no ha sido una prioridad para las diferentes administraciones, ni para las entidades que concurren en su gestión, y que además no cuentan con “mecanismos de financiación” para esto. Es decir, desde su declaración la Alcaldía y la CAR se han cruzado de manos mientras la Reserva (o su posibilidad) se desvanece ante un desarrollo urbanístico que–según el equipo de la alcaldía que lidera la propuesta– ya no tiene marcha atrás.

El asunto de la “inevitable” urbanización de la zona norte es fundamental porque ahí reside el sesgo de la propuesta que pretende modificar la Reserva. Las bondades del esfuerzo técnico de establecer los “corredores ecológicos”, los pasos de fauna, la incorporación de nuevas áreas como rondas de quebradas y humedales, y el cambio de categoría de reserva forestal productora a reserva forestal protectora, se vienen al piso cuando se contemplan escenarios con una matriz urbana que circunda y rellena las grandes áreas sustraídas a la Reserva.

De ese modo, se desarticula la zonificación actual que concentra las áreas dedicadas a la preservación y restauración en un espacio continuo e ininterrumpido, dando paso a unos fragmentos que mezclan coberturas naturales con alamedas, separadores, caminos e instalaciones deportivas, en la vecindad de calles y autopistas que, sin duda, servirían para incrementar el valor del metro cuadrado de los proyectos urbanísticos, pero que minan su funcionalidad ecosistémica. Así lo han advertido los profesores de la Universidad Nacional Orlando Rangel y  Gary Stiles y la Doctora  Loreta Rosselli, expertos en la materia.

Resulta claro que el estudio de la Alcaldía ignora el enorme impacto negativo que tendría la vecindad de tales urbanizaciones sobre la Reserva, dado que, como toda área protegida, requiere un área de amortiguación y una continuidad en sus corredores, no un manejo fragmentado que la presione en su borde. Cualquier complejo urbanístico ubicado en el área  de influencia genería altos impactos ambientales relacionados, por ejemplo, con: los vertimientos que presionarían probablemente un sistema de tratamiento de aguas residuales ya desbordado, afectando aún más los cuerpos hídricos; la masiva infraestructura vial proyectada, insistiendo en nuevas líneas de Transmilenio y su tóxica estela de diésel; la generación de residuos y en general la  contaminación auditiva y visual, que modificarían el carácter rural de la zona noroccidental de la ciudad.

Tras analizar cuatro escenarios, el estudio presentado por la Alcaldía se decanta por el que propone una “Reserva redelimitada en matriz urbana”, afirmando que dicha opción no afecta la conectividad de los hábitats terrestres y es la que ofrece mayor movilidad y menores emisiones, espacio público, calidad habitacional, espacios verdes efectivos y no efectivos, oferta de equipamientos y la que “cumple mejor con el objetivo de acercar la población a la naturaleza”. Como se puede ver en el capítulo 7C del estudio, la Alcaldía pierde el foco en la reserva concentrándose en defender las bondades de un eventual desarrollo urbanístico (pareciera más un estudio sobre un eventual proyecto urbanístico que sobre la delimitación de una reserva  forestal protectora).

Otra de las justificaciones del estudio para terminar de urbanizar el norte de la ciudad, teniendo en cuenta que el proyecto vecino “Ciudad Lagos de Torca” abarcará 1.800 hectáreas y alojará cerca de medio millón de personas, es asegurar que sólo de este modo se pueden financiar los componentes ambientales involucrados. Es decir, ¿si no es por medio del negocio de la urbanización, la Alcaldía no encuentra otros medios para atender los desafíos que impone el cambio climático, el cuidado de las rondas de las quebradas y la protección de la biodiversidad? Lo cual resulta irónico, ya que la expansión urbana es parte del problema… Entonces, ¿cómo hacerle entender al Alcalde que los programas ambientales no son un capricho, ni lujo, sino un derecho de la ciudadanía y una necesidad de cara a la sostenibilidad de la ciudad?

Como se ha subrayado insistentemente desde la década de 1970, el crecimiento ilimitado en un mundo finito no sólo no es sostenible, sino que no es posible. Sin duda habrá un mercado para las viviendas que proyecta el Alcalde con beneficio de algunos pocos bolsillos –de por sí ya abultados–, pero será un mercado del cual seguirán siendo excluidos los marginados del desarrollo que día a día engrosan las periferias y los remanentes de los ecosistemas hídricos que comprende Bogotá.

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Como señala el geógrafo británico y connotado estudioso de los fenómenos urbanos, David Harvey, ya no se construyen ciudades para vivir en ellas sino para invertir en ellas. Quizás para algunos sea una buena inversión, pero no será una solución para la segregación socio-espacial que esgrimen los que proporcionan estos proyectos, ni para la sostenibilidad de la ciudad ni mucho menos para el ambiente.

Mirar, por ejemplo, los efectos de la urbanización en Chía promovida como un acercamiento a la naturaleza, de la cual ya queda muy poco, con obligación de comprarle agua al acueducto de Bogotá, o el caso del Relleno Sanitario de doña Juana que se ha venido ampliando temerariamente tanto su “vida útil” como su extensión en más de 500 hectáreas, sin buscar una solución de fondo. La expansión urbana en el borde sur de la ciudad ha estimulado la migración de miles de personas que no cuentan con las dotaciones urbanas adecuadas y cuya calidad de vida se ve fuertemente deteriorada, proceso que va de la mano con la destrucción del patrimonio ambiental y cultural de la ruralidad. Fomentar -en lugar de contener- el crecimiento de Bogotá es una irresponsabilidad mayúscula.

Así las cosas, si la Reserva se modifica de acuerdo con la propuesta de la Alcaldía, el paso siguiente será modificar el uso del suelo en la Unidad de Planeación Rural Zona Norte a suelo de expansión urbana, que es –a todas luces– a lo que apunta la administración Peñalosa, ¿dónde quedará entonces espacio para el ambiente sano y la calidad de vida urbana y rural de las y los habitantes de la ciudad? ¿queremos de Bogotá una ciudad para vivirla o para sufrirla? 

Lea aquí la propuesta de modificación de la Reserva Van der Hammen presentada a la CAR por la Alcaldía de Enrique Peñalosa.