Ambición, ¡ay, la ambición! Cuando la escuchas, cae como una hoja del árbol otoñal en el azar de ser haz o envés. Se erige sobre el inconformismo, nos sacude y empuja para hacer más respecto a lo establecido, o puede ser sordidez, la acumulación sin un sentido práctico más allá de la satisfacción de poseer la nada materializada. El impuesto al carbono se debate hoy en el aire sin saber si será una historia por contar sobre la ambición benefactora o la avaricia.

Se han realizado debates, sin mucho efecto, en la Comisión V del Senado de la República sobre el impuesto, pues los recursos están parados en la burocracia de cuatro instituciones desde 2017; además, existen mejoras por ejecutar sobre la calidad del carbono certificado, reclamo que no puede apagarse en especial cuando estamos en plena actualización de nuestra apuesta en el Acuerdo de París y como herramienta transectorial, pues el impuesto al carbono forma parte del aumento de la ambición... la buena.

Este impuesto se plantó como una señal económica para reducir el consumo de combustibles fósiles y, a la vez, como un financiamiento para las comunidades mediante el Fondo Colombia en Paz y con la mejora del mercado voluntario del carbono. Un impuesto logra tanta cosa porque su estructura tiene dos variantes: la primera, el dinero se capta e invierte en pro de ecosistemas y comunidades rurales; la segunda, la opción de no pagarlo cuando se demuestre que cada tonelada cancelada se mitigó en proyectos que también son predominantemente rurales. 

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Ejemplificando esta segunda opcion, llamada la “no causación”, si sembramos una hectárea de árboles, la cuidamos por 20 años y la certificamos, podemos tener unas 450 toneladas de carbono con las que una empresa compensaría el pago del impuesto sobre unos 50.000 galones de gasolina; en este caso, la DIAN/Fondo Colombia en Paz dejaría de recibir cerca de 7.700.000 pesos. Estas toneladas se comercializan a valores menores que el costo del impuesto para que sea atractiva la compra y venta. A su vez, los intermediarios cobran una comisión por su trabajo técnico, pero al final parte del dinero llega a terreno ayudando en el mantenimiento de una hermosa hectárea con árboles, siempre y cuando todos los actores del proceso de certificación hagan bien y de manera justa su trabajo, punto crucial, pues nos referimos a recursos públicos.  

En esta dualidad estructural del impuesto me pregunto: ¿qué está pasando con 1,3 billones de pesos que se acumularon desde 2017 en el Fondo Colombia en Paz? Y ¿cómo es la calidad de inversión del mecanismo de no causación? Ante estos cuestionamientos, dos ideas surgen: la primera, que se necesita una reingeniería que elimine la burocracia en la destinación específica; una vez se paga el dinero, debería ir directo a las cuentas del Fondo, que lo distribuiría en proyectos para el medioambiente. Y la segunda, que está aumentando la atención sobre el mecanismo de no causación, el cual ha logrado la no captación de 900.000 millones de pesos que, a su vez, significan miles de millones invertidos a través de los actores del mercado del carbono, por lo que requiere la veeduría ciudadana e institucional para continuar llevando beneficios bien distribuidos entre los intermediarios y las comunidades.

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Estas ideas pueden concretarse en uno o varios decretos (o una ley) que ajusten los procedimientos del Fondo Colombia en Paz, que aclaren la repartición de beneficios salvaguardando a las comunidades y que establezcan un responsable institucional público de la calidad del carbono certificado. Así avanzaríamos hacia una operación consonante con el objetivo de emitir menos, mientras se mejoran los medios de vida de los afectados por el cambio climático y los que en su interacción con la tierra convierten el carbono en vida; tierra, entre otras, hecha de hojarasca.

* Ingeniero forestal