En un operativo adelantado en la madrugada de este martes fueron desmontadas tres antenas de telecomunicaciones ilegales en el norte de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá. | Foto: Alcaldía de Bogotá

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Aumento de las antenas ilegales, una amenaza para las aves migratorias

En Bogotá podrían existir más de 4.000 antenas de telecomunicaciones ilegales en espacio público, por lo que el Distrito promueve iniciativa para su desmoste o legalización. En las últimas horas fueron desarmadas tres estaciones radioeléctricas en el norte de la ciudad. La Alcaldía tiene un registro de más de 1.500 estructuras de este tipo.

5 de febrero de 2019

La contaminación visual ha sido uno de los argumentos utilizados por las comunidades de varios barrios de Bogotá para evitar la instalación de antenas de telecomunicaciones en el espacio público.

En enero de este año, por ejemplo, en sectores como La Fragüita y San Cipriano, los habitantes salieron a las calles a impedir la instalación de este tipo de infraestructura, aduciendo además, posibles afectaciones a la salud humana. Sobre el particular la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer indicó en un estudio que las emisiones electromagnéticas que producen este tipo de antenas pueden constituirse en un factor probablemente cancerígeno, sin embargo, enfatizó que no existen pruebas concluyentes que permitan aseverar que tales emisiones puedan afectar la salud de las personas. 

Por otro lado, Gary Stiles, ornotólogo de la Universidad Nacional, señaló que antenas como estas afectan a las aves, especialmente si no se encuentran bien señalizadas e iluminadas. 

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"El problema con esta clase de estructuras es que producen bastante colisiones, principalmente de noche porque muchas de las aves pequeñas migran por la ciudad en ese horario y si las antenas no cuentan con luces rojas, la cantidad de choques y muertes puede ser tremenda, teniendo en cuenta el impresionante aumento de estructuras de esta índole", dijo Stiles. 

El experto estadoudinense considera que el impacto de las antenas frente a las aves no ha sido bien cuantificado en Colombia. "Por un lado se necesitarían muchas personas regulando y monitoreando debajo de cada estructura, lo cual no es fácil. En ese sentido el control lo adelantan con más éxito los gatos", apuntó. 

Stiles dijo estar de acuerdo con el retiro de las antenas ilegales, pero también hizo un llamado a las autoriades a exigir que este tipo de estructuras se hagan más visibles para las aves. Por otro lado advirtió que algunos insectos, como las polillas, también se ven afectados con estas estructuras. 

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La medida de retirar las antenas fue adoptada por la Alcaldía de Bogotá al encontrar que no cuentan con los permisos que estipula el Decreto 397 de 2017, a través del cual se establecen los requisitos técnicos, jurídicos y urbanísticos que se deben cumplir para la instalación de estos sistemas de telecomunicación. 

Nadime Yaver, defensora del Espacio Público de Bogotá, afirmó que las empresas interesadas en instalar estaciones radioeléctricas deben solicitar un permiso ante la Secretaría Distrital de Planeación, cuyo trámite -según la funcionaria- es muy sencillo y rápido de efectuar.  

"Seguiremos bajando las antenas a las que no comparezcan los propietarios ante las querellas que se han instaurando. Son estructuras de más de 20 metros de ancho y 25 o 30 metros de alto", manifestó Yaver, quien agregó que se han recibido más de 1.500 denuncias por antenas ilegales en Bogotá. Además añadió que los responsables podrían llegar a recibir sanciones hasta por 54 millones de pesos, sin contar los gastos que deben cancelar por el desmonte de las estructuras. 

"Estamos adelantando el proceso de verificación y puede que el número de antenas ilegales llegue a las 4.000", recalcó.

La Defensora del Espacio Público hizo un llamado a los operadores de telefonía a verificar la legalidad de los servicios que contratan con las empresas que se encargan de instalar las antenas.  

Se estima que alrededor de 1.700 propietarios de antenas que han sido denunciadas ya se han acercado a la Secretaría de Planeación para presentar los documentos que sustentan su legalidad.