Luego de enfrentar una lluvia de críticas de todos los sectores y de que la propia Procuraduría hubiera solicitado su derogación, el ministerio del Interior echó abajo la circular mediante la cual pedía que durante el periodo de confinamiento obligatorio, los procesos de consultas previas con las comunidades étnicas se realizaran a través de medios digitales.

Mediante una nueva circular, expedida este 20 de abril, la ministra Alicia Arango, derogó la CIR2020-29-DMI-1000 del 27 de marzo, con la cual se suspendían las acciones y actuaciones presenciales de los procesos de consultas previas de los proyectos, obras y actividades, y de medidas legislativas y administrativas con las comunidades indígenas, rom, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.   

En la nueva circular, la ministra Arango, argumenta que en el deber de garantizar la consulta previa a las comunidades étnicas, el ministerio encontró que la recomendación de usar herramientas tecnológicas y virtuales para garantizar ese proceso resultaría aplicable solo en la medida en que existieran las condiciones de acceso a los medios tecnológicos y que estas comunidades aceptaran de manera libre e informada su utilización. 

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Sin embargo, señala que dada la relevancia social que tuvo dicha recomendación y con el ánimo de tener una concertación con las comunidades étnicas se consideró procedente derogar la anterior decisión. 

Es de recordar que esta determinación no cayó bien ni en las comunidades indígenas, como tampoco lo hizo en los ambientalistas ni líderes sociales, quienes consideraban improcedente la medida adoptada por la cartera del Interior, debido a que en su mayoría, estas poblaciones no cuentan con herramientas tecnológicas que les permitan llevar a cabo estos procedimientos de manera virtual. 

Población indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta. Foto: archivo Semana

Los expertos catalogaron esa circular como una forma de vulneración de los derechos a estas poblaciones, además de que se estaba abriendo la posibilidad  de flexibilizar aún más los procesos de de consulta previa, que por el contrario deben fortalecerse para evitar que estas poblaciones terminen perjudicadas con decisiones del ejecutivo.

En su momento, el abogado ambientalista, Rodrigo Negrete, dijo que "poner a las comunidades indígenas a que se conecten a un computador e internet para hacer una consulta previa, es inconcebible. Están vulnerando derechos fundamentales y los estados de excepción o emergencia no permiten eso".

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A su juicio, se trataba de una decisión totalmente regresiva y hasta inmoral. “Todas estas agencias que ha creado el gobierno se hicieron para agilizar los procesos a favor de las empresas y no para salvaguardar los derechos de las comunidades”, afirmó.

La justificación del Mininterior se sustentaba en la vulnerabilidad de estas comunidades y los riesgos que podría acarrear mantener encuentros físicos, ante la posibilidad de registrar algún tipo de contagio. 

El debate estuvo sobre la mesa y el propio procurador delegado de Asunto Étnicos, Richard Moreno, le sugirió a la ministra Alicia Arango, revocar la circular por considerarla contraria a la Constitución, la Ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En un oficio enviado al ministerio, el ente de control advirtió que se trataba de una determinación que afectaba el derecho fundamental de los pueblos étnicos, a participar de estos procesos.