Desconcertados se declararon los 23 ambientalistas, académicos y representantes de la comunidad que firmaron una carta abierta al presidente Iván Duque que fue presentada este martes. 

Les preocupan algunos de los argumentos y recomendaciones que fueron esgrimidos en otra misiva que fue le enviada al presidente Duque por parte de 25 empresarios de diferentes sectores el pasado 3 de abril, como el de abreviar los procedimientos para obtener licencias ambientales. 

Según ellos, esto sugiere aprovechar la crisis para debilitar los mecanismos existentes en la legislación y la institucionalidad colombiana, así como vulnerar normas fundamentales amparadas en la Constitución y la ley, especialmente el artículo 79, el cual establece que: "todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines...”

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Aseguran, además, que la Constitución también reconoce la diversidad étnica y cultural como principio constitucional (CP arts 7,8 y 80) y consagra derechos culturales y territoriales a los grupos étnicos, los cuales, advierten, se verían afectados si se atienden las recomendaciones del Instituto de Ciencia Política (ICP) de limitar el derecho a la consulta previa, que ha sido reconocido por la Corte como un derecho constitucional fundamental en innumerables sentencias. 

"Sobre los derechos de las minorías étnicas cabe destacar que este es uno de los mayores logros alcanzados por Colombia en materia de protección de la diversidad cultural y de la diversidad biológica; así se reconoce internacionalmente, por lo cual no sería conveniente enviar una señal regresiva sobre tales materias", señala la carta.


Los ambientalistas aseguran que modificar la consulta previa sería atentar contra el derecho a la participación de las comunidades indígenas y indígenas y demás grupos étnicos. Foto: archivo/Semana. 

Los defensores ambientales indicaron que reconocen los desafíos que plantea la crisis causada por el coronavirus en las comunidades y gobiernos del mundo. Afirmaron que son conscientes del impacto que las medidas implementadas, como el aislamiento, están causando y causarán en el país, y que entienden la prioridad de garantizar las condiciones que permitan ejercer el derecho a la vida, sin el cual resulta imposible el ejercicio de los Derechos Fundamentales que de éste se derivan.

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Resaltan, igualmente, el conjunto de medidas económicas, de flexibilización de jornadas laborales, de apoyo al teletrabajo, de otorgamiento de subsidios a la población más vulnerable y de apoyo al Sector Salud (incluido el aumento de la capacidad hospitalaria) que hoy adelanta el gobierno en coordinación con los gobiernos locales. Sin embargo, hacen énfasis en que la efectividad de esas medidas en el corto, mediano y largo plazo dependerá de que, simultáneamente, se fortalezcan todos los instrumentos que garanticen la protección efectiva de los ecosistemas y dinámicas naturales que les otorgan resiliencia y viabilidad a los territorios.

"Cada vez parece más claro que el deterioro ambiental condujo al mundo a una crisis climática y a las condiciones que permitieron la mutación del virus que hoy tiene a la humanidad acorralada", sostienen. 


La degradación de los ecosistemas por cuenta, por ejemplo, de la deforestación, es una de las causas de la crisis que afronta el mundo en la actualidad. Foto: Rodrigo Botero. 

El argumento de los empresarios, según el cual los procedimientos para temas ambientales deben abreviarse porque frenan el desarrollo, les parece inconveniente a los ambientalistas.

"Creemos que estos procedimientos sobre licencias ambientales y consultas previas de las comunidades, para proteger sus territorios, fuentes de agua y conservación de ecosistemas, no frenan el desarrollo sino que, por el contrario, lo hacen posible, en los términos que hoy definen al desarrollo sostenible", afirman. 

Al contrario de lo que proponen los empresarios, los líderes ambientales y académicos creen que se deben fortalecer estos procedimientos, actualizándolos a los enormes retos que hoy representan la crisis ambiental y climática, en el marco de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia.

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"Así mismo, habría que fortalecer también la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, para que no solo efectúe una adecuada evaluación de los estudios de impacto ambiental, sino para que, en los casos en que otorgue las licencias, les haga un adecuado seguimiento, asuntos que hoy presentan graves vacíos", manifiestan. Agregan que la flexibilización de las licencias ambientales y las consultas previas, por medio de un decreto legislativo, sería inconstitucional por falta de una conexidad clara y directa con las razones que llevaron a decretar el estado de emergencia, que es el requisito mínimo que deben cumplir las medidas adoptadas por decreto legislativo. 

"Acompañamos la decisión del gobierno de suscribir, finalmente, el Acuerdo de Escazú, aún pendiente de aprobación por el Legislativo. Para ser coherentes con los principios del mismo, habría que ampliar la participación ciudadana urbana y rural con relación a los procedimientos ambientales, y proteger mejor a los líderes sociales y ambientales", comentaron. 


Dejar participar a las comunidades sobre el futuro de sus territorios es uno de los llamados de los defensores del medioambiente. Foto: archivo/Semana.

Finalmente aseveran que una apropiada lectura de la crisis enfrenta al país con la necesidad de acelerar las transiciones económicas, sociales y culturales hacia una sociedad con menos emisiones de carbono, en la línea de los acuerdos internacionales que el país ha suscrito. "Consideramos que la crisis del covid-19 representa una exigencia del planeta (y también una oportunidad) para incrementar y cumplir nuestros compromisos ambientales y climáticos, para lo cual es necesario fortalecer definitivamente la institucionalidad ambiental", ratificaron. 

La carta es firmada por: 

- Alegría Fonseca, presidenta de la Fundación Alma
- Brigitte L.G. Baptiste, rectora de la Universidad EAN
- Carlos Fonseca Zárate, consultor ambiental
- Carlos Andrés Santiago, ambientalista
- Clara Solano, directora del Fundación Natura
- Camilo Prieto, director del Movimiento Ambientalista Colombiano
- Elsa Matilde Escobar, ambientalista
- Ernesto Guhl, integrante de la academia de ciencias naturales, físicas y matemáticas
- Gustavo Wilches-Chaux, consultor en gestión de riesgos
- Gustavo Galvis Hernández, miembro de la Junta Directiva Fundación Natura
- Hildebrando Vélez Galeano, ambientalista
- Julio Carrizosa Umaña, integrante de la academia de ciencias naturales, físicas y matemáticas
- Julio Fierro, profesor de la Universidad Nacional de Colombia
- Juan Mayr, exministro de Ambiente
- Juan Pablo Ruiz, columnista de opinión medioambiente
- Margarita Marino de Botero, ambientalista Comisión Brundtland
- Margarita Pacheco, presidenta de la Junta Directiva Fundación Natura
- Manuel Rodríguez Becerra, presidente del Foro Nacional Ambiental
- Manuel Guzmán-Hennessey, director general de KLN América Latina
- Rafael Vergara Navarro, abogado ambientalista
- Rodrigo Negrete, abogado ambientalista
- Rodrigo Uprimy, profesor del Universidad Nacional de Colombia
- Sandra Vilardy, profesora de la Universidad de los Andes.

Adicionalmente, la carta fue colgada en la plataforma Change.org para que las personas que deseen repaldarla, firmen y este documento tenga un mayor respaldo.