En veremos. Así está el proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú, iniciativa que parece embolatarse cada día más, a pesar de que el proyecto de Ley, radicado por el Gobierno Nacional ante el Congreso para cumplir con este objetivo, llevaba mensaje de urgencia. 

En este momento no se ha radicado la ponencia para que se le empice a dar trámite con los debates correspondientes. Se sabe del lobby que realizan algunos de los más poderosos gremios económicos del país, al que se unió la oposición de muchos congresistas y de líderes políticos como el ex ministro, Germán Vargas Lleras. Total, sigue empantanada esta iniciativa tendiente a que el país forme parte de este pacto regional.

Este acuerdo sobre derechos a la información, participación y justicia en asuntos ambientales es el primero en reconocer a las personas defensoras del ambiente a nivel regional; pero en Colombia hay muchos sectores a los que no les interesa que el proyecto inicie su trámite legislativo. 

Férrea oposición

Tardó más el Gobierno en radicar el proyecto de Ley en el Congreso, el pasado 20 de julio, para avalar la ratificación, para que sus opositores más férreos comenzaran a hacerse sentir. Primero fueron gremios económicos como la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), que de manera expresa pidió que se archivara el proyecto. 

Hace unos días, el senador Ernesto Macías, del Centro Democrático le envió una carta a la Ministra del Interior, en la que pide que se suspenda el trámite de dicho acto legislativo, "hasta tanto no se surta la consulta previa respectiva, la cual es importante que se realice de manera presencial una vez se termine la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, que permita garantizar a las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras el pleno conocimiento sobre la medida legislativa”.

Ahora, el ex ministro y ex candidato a la presidencia, Germán Vargas Lleras, de quien se ha dicho que es una voz bastante cercana al recién nombrado ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Correa, dijo que con el aplauso de ONG ambientales, el Presidente Duque manifestó que el tratado era resultado de una gran conversación nacional con todos los sectores.

A su juicio, esta conversación no se ha realizado, al menos con los sectores que se verán seriamente afectados como es el caso de transporte e infraestructura, el minero-energético, el agroindustrial, el turístico y otros en los que se apoya la reactivación de la  economía y que ya tienen consulta y licenciamientos. Más de 9.000 proyectos paralizados en el país, según el dirigente político.

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En una columna publicada este fin de semana, Vargas Lleras, dijo que el tratado es abundante en principios rectores. Entre ellos, el muy polémico de la precaución, con el cual se puede detener cualquier intervención con la mera sospecha de un potencial daño, el también muy controvertido principio precautorio y aquellos de la progresividad, igualdad, buena fe, entre otros, que deberán guiar la interpretación de todo el andamiaje legal siempre en favor de las asociaciones y colectividades.

"En materia de acceso a la información desaparece el requisito de la legitimación, con lo cual toda persona, sin demostrar interés, queda facultada para solicitar información en el formato y lengua o dialecto que desee a cualquier entidad pública o empresa privada. No es difícil imaginarse las consecuencias de esta norma que introduce cambios en nuestro derecho de petición vigente", argumentó.

En cuanto a los procesos de participación de las comunidades, señaló que debe ser abierto e inclusivo, respetar los marcos normativos nacionales e internacionales y se autorizan revisiones, reexaminaciones y actualizaciones, lo que introduce niveles de inseguridad jurídica inaceptables para el desarrollador de un proyecto.

Consultas previas

"Y ojo: una gran curiosidad, pues este tratado introduce reformas de las consultas previas, pero en este caso sin haber hecho la respectiva consulta a la consulta, como los propios ambientalistas han exigido. Incorpora en este proceso disposiciones internacionales, con lo cual terminamos renunciando a nuestra soberanía; y, claro, ni una palabra de plazos, costos ni efectos vinculantes", afirmó.

Frente a esta posición, las reacciones de expertos no se hicieron esperar. El ex ministro de Medio Ambiente, Manuel Rodríguez, dijo que el ex candidato a la presidencia comete graves inexactitudes, entre ellas: "En la elaboración de este tratado... en nada intervino el Gobierno". Rodríguez dice que esto es falso, porque el gobierno colombiano sí participó en su negociación y una más: introduce "el muy polémico principio de la precaución". Según Rodríguez también que es falso porque se trata de un aspecto que está consagrado en la ley 99 de 1993.

Por su parte,  DeJusticia dice que la ratificación del Acuerdo de Escazú no pondrá en riesgo la soberanía de Colombia, ni su seguridad jurídica. Tampoco promoverá la burocracia y por ello es importante que las personas tengan claro cuáles son sus verdaderos alcances. 

El director del Movimiento Ambientalista Colombiano, Camilo Prieto, por su parte, aseguró que se trata de una campaña de desinformación que busca desdibujar los reales alcances y fortalezas del acuerdo para el futuro del país, como es el caso de la transparencia en la información y la justicia ambiental.  

Durante el acto de divulgación de la firma del Acuerdo, el presidente Duque destacó tres de los elementos clave que el tratado ayuda a promover: el acceso a la información pública, la participación ciudadana en las decisiones que se tomen sobre el sector y la justicia ambiental y por ello ahora los expertos no entienden cómo si el proyecto fue presentado con mensaje de urgencia no se ha trabajado lo suficiente para que se le de trámite en el Congreso.

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Por esta razón el Foro Nacional Ambiental, junto con otras organizaciones ambientalistas realizarán este martes en la tarde un foro demoninado: "Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú", con el objetivo de brindarde desmitificar y brindar información real que les permita a los diferentes sectores tener elementos de juicio para entender lo que representa este pacto ragional para el país. 

Según el Foro Nacional Ambiental este es un especio que busca contribuir a que el diálogo sobre la ratificación del #AcuerdoDeEscazú en Colombia se realice con información veraz y confiable.

Es de recordar que este pacto regional ha sido firmado por 23 países, de los cuales 10 lo han ratificado y se requieren de 11 ratificaciones para que el Acuerdo entre en vigencia. El último país en dar ese paso fue Argentina, que la demana pasada completó la decena de naciones que tienen interés de fortalecer la normatividad para proteger a los defensores del medio ambiente.