Este miércoles 21 de octubre sería un día clave para los defensores ambientales de Colombia. A partir de las 10:00 de la mañana, en las comisiones segundas de la Cámara de Representantes y el Senado de la República se debía comenzar a debatir el proyecto de ley que aprobará o no la ratificación del país del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú. 

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Sin embargo, intempestivamente el debate fue de nuevo aplazado para una fecha aún por definir. Por instrucciones de la mesa directiva de ambas comisiones, la sesión programada para hoy fue pospuesta. Hasta ahora de nada ha servido que el presidente Iván Duque haya radicado este proyecto de ley con mensaje de urgencia desde julio de 2020, y que haya reiterado su apoyo en múltiples ocasiones, incluyendo la Asamblea General de Naciones Unidas finales de septiembre, pues la inicitiva legislativa pareciera estar enredándose.

Así lo ratificó el senador Antonio Sanguino, quien calificó el aplazamiento como "sospechoso e inadmisible". Afirmó que las directivas de las comisiones utilizaron como excusa el paro nacional, pese a que la sesión conjunta se realizaría de manera virtual. 

No obstante, se conoció que la postergación del debate se habría presentado, al parecer, porque todavía los opositores a la ratificación del acuerdo no han presentado la ponencia negativa y requieren de más tiempo para hacerlo. 

Lo cierto es que la discusión de este proyecto de ley tendrá lugar en medio de un ambiente caldeado por cuenta de las presiones que vienen ejerciendo tanto quienes están en contra como quienes están a favor. Por un lado, existen diversos sectores, como algunos de los más poderosos gremios económicos del país, varios congresistas y líderes políticos como el exministro Germán Vargas Lleras que no están de acuerdo con que se firme el acuerdo y así lo han hecho saber públicamente.

Por el otro, se encuentran ambientalistas, académicos, líderes de opinión y organizaciones que vienen exigiendo su ratificación a través de diferentes medios como las redes sociales. Recientemente, por ejemplo, un grupo de más de 130 organizaciones, través de una carta pública, le solicitó al presidente Iván Duque que cumpla su promesa de ratificar el Acuerdo que permitirá, a su vez, materializar su compromiso con la protección del ambiente, la reducción de conflictos ambientales y la promoción y salvaguarda de la democracia en materia ambiental.

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De igual manera, invitaron al nuevo ministro de Ambiente, Carlos Correa, para que continuara con el liderazgo en este proceso.
Para las organizaciones firmantes, entre las cuales se encuentran la Alianza por el Acuerdo de Escazú, el Foro Nacional Ambiental, el Movimiento Ambientalista Colombiano y el Foro Nacional por Colombia, las razones expuestas hasta ahora en el Congreso por varios parlamentarios van en contravía de las manifestaciones públicas del presidente Duque, acerca de lo propicio e importante que es ratificar el acuerdo para Colombia.


La ratificación del Acuerdo de Escazú permitirá a los líderes ambientales tener acceso a la información y prevenir los conflictos ambientales. Foto: León Darío Peláez / Semana. 


A su llamado se unieron cerca de 11.000 ciudadanos que le piden al Congreso la pronta aprobación del Acuerdo a través de la plataforma change.org. En la petición insisten en que Escazú es un instrumento de vital importancia que le permitirá superar al país las ambigüedades actuales que tiene la legislación ambiental y contar con un marco jurídico unificado y estandarizado que proporcione reglas claras a todos los actores nacionales.

A su turno, actores, presentadores, cantantes y líderes de opinión como Claudia Bahamón, Natalia Reyes, Santiago Rivas, Carolina Guerra, Adriana Lucía, Roberto Cano, Daniel Samper, Roberto Urbina y Marcela Carvajal, entre otros, participaron en la realización de un video en que les piden directamente a los congresistas que se han mostrado en contra de la ratificación del acuerdo que cambien su opinión y voten a favor

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"Tienen ustedes congresistas el deber de hacer un debate con argumentos técnicos y jurídicos sólidos que respondan a las posturas desinformadas y mal intencionadas que han puesto algunos de sus colegas sobre el escarnio público alrededor del Acuerdo del Escazú. Desde la ciudadanía exigimos debates serios, a favor o en contra, pero siempre con la verdad. Confiamos en que ustedes van a dar un debate digno de nuestros líderes y de la gente que los eligió", señaló la actriz y presentadora, Carolina Guerra. 


Video grabado para pedir a los congresistas realizar un debate con altura. 

Desde la Alianza por el Acuerdo de Escazú, entre tanto, indicaron que el futuro del acuerdo está en manos de los congresistas. "Confiamos en que el Congreso dé un debate a la altura, ante todo, caracterizado por argumentación veraz. El Gobierno no puede incumplir los compromisos de la Gran Conversación Nacional y mucho menos, defraudar a los líderes ambientales que piden más herramientas para su protección".  

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Advirtieron que "lo que ocurra en el Congreso puede definir el futuro del acuerdo de Escazú, el único instrumento creado hasta ahora para la protección de líderes y lideresas ambientales en Colombia y en la región". Agregaron que, si no se aprueba, Colombia perdería la oportunidad de prevenir y disminuir la creciente ola de conflictos ambientales, trabajar en la defensa de los derechos ambientales y sobre todo, demostrar un compromiso real de la protección de sus líderes.

Recordaron que Colombia es el segundo país con mayor conflictividad ambiental de América Latina y el primero en asesinatos de líderes ambientales del mundo, así como indicaron que al proceso de debates en el Congreso se debe sumar el aval de la Corte Constitucional para su ratificación.

Lo que está en juego 

De la aprobación del proyecto de ley que hace trámite en Congreso, depende, en buena medida, que el acuerdo sea vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento por todos los países que lo firmen.

Para que entre en vigor deberá ser ratificado por 11 países y hasta ahora sólo lo han hecho 10 países, incluyendo Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Uruguay y de manera más reciente, Argentina. De ahí que la decisión que se adopte en Colombia será determinante no solo para el país sino para la región.

Y más teniendo en cuenta que este martes 20 de octubre el Congreso de Perú archivó el acuerdo, tras la votación realizada por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República que aprobó el predictamen para su no ratificación, decisión ante la cual ya fue presentado un recurso de reconsideración por varios congresistas. 

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Colombia hizo parte activa de las negociaciones del acuerdo que iniciaron el 5 de mayo de 2015 y que finalizaron el 4 de marzo de 2018 en la provincia costarricense de Escazú con la adopción del texto del acuerdo, pero no lo firmó hasta el 11 de diciembre de 2019, como parte del compromiso de la Gran Conversación Nacional conforme a las peticiones del paro nacional de noviembre.