Con bombos y platillos el Gobierno nacional anunció a mediados de diciembre del año pasado la firma del Acuerdo de Escazú

La noticia, en su momento, fue recibida con beneplácito por varias organizaciones civiles, ambientales, académicas y de derechos humanos al considerar que este hecho representaba un compromiso con la agenda climática del país y se convertía en un nuevo acercamiento con la democracia ambiental y los defensores de derechos humanos y ambientales del territorio nacional. 

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Sin embargo, no bastaba solo con suscribirlo. Para que el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fuera vinculante, es decir, de obligatoria aplicación por todas las partes que resulten involucradas, debería ser ratificado para que entre en vigor. 


El Embajador Guillermo Fernández de Soto, representante Permanente de Colombia ante Naciones Unidas, suscribió el Acuerdo de Escazú en diciembre de 2019. Foto: Ministerio de Ambiente. 


Para tal fin se requería que la Cancillería realizara la justificación y presentara el proyecto de la ley aprobatoria del tratado ante el Congreso, para que éste le diera debate. Una vez aprobada, pasaría a la Corte Constitucional para control previo de constitucionalidad en donde se analizarán aspectos de fondo y forma. Cuando la Corte emitiera sentencia, el Ejecutivo debería depositar el instrumento de ratificación ante la Secretaría General de la ONU. Adicionalmente, liderar la ratificación en la región. 

Han pasado nueve meses desde la firma y el Gobierno nacional inició hasta ahora los trámites de ratificación del Acuerdo de Escazú ante el Congreso. La iniciativa legislativa llegó con mensaje de urgencia, motivado, quizá, porque según el último reporte de ONG Global Witness, Colombia es el país donde más asesinan líderes ambientales en el mundo. 

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Según esa organización británica, de los 212 ecologistas asesinados en 2019 en el mundo, 64 víctimas se reportaron en el país, cifra que ubicó a Colombia en el deshonroso primer lugar, por encima de Filipinas, Brasil y México. 

Después de más de dos años de intensas luchas y presión ciudadana, el acuerdo parece estar cada vez está más cerca de convertirse en realidad, pues el Senado comenzó el trámite, a partir de la realización de una audiencia pública virtual que convocó la Comisión Segunda para este jueves 3 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, a través de la plataforma Zoom. 


Antes de ser firmado el acuerdo se realizaron varias manifestaciones exigiendo su adopción en Colombia. Foto: archivo/Semana. 

Durante el evento denominado ‘Los retos de Colombia ante el Acuerdo de Escazú‘ serán escuchadas las comunidades, los gremios y a los defensores ambientales respecto a los desafíos que tiene el país frente a la ratificación de este acuerdo regional que vincula a 24 países de Latinoamérica.

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"Este acuerdo fortalece la gobernanza local, estableciendo estándares para la protección de los defensores en materia ambiental. Esta ratificación tiene una especial importancia porque busca garantizar la protección de la vida de esos líderes, uno de los principales retos del país en los últimos años", indicó el senador Antonio Sanguino, uno de los ponentes del proyecto de ley. 

En la audiencia se espera que intervengan organizaciones ambientales y de la sociedad civil, como Crudo Transparente, así como aquellas que conforman la Alianza Colombiana por el Acuerdo de Escazú en Colombia, al igual que líderes como Manuel Rodríguez Becerra y Gonzalo Andrade quienes intervendrán para profundizar en la necesidad de la ratificación del acuerdo.