Ser un defensor del medioambiente en Colombia se ha constituido en un oficio peligroso. 

Tan solo en 2017 en el país fueron asesinados 24 líderes ambientales, según un estudio desarrollado por Global Witness. 

Pero, adicionalmente, estas personas deben sortear otra serie de amenazas consistentes en ataques a sus familias, acoso sexual, advertencias de muerte, chantajes, desaparición forzada, ataques violentos y prohibiciones de viaje, señaló el documento. 


Este panorama ubica al país como el tercero más peligroso del mundo para los defensores del ambiente, después de Brasil y Filipinas, en donde se registraron 57 y 48 homicidios, respectivamente el año pasado.  

En total en el mundo perdieron la vida 207 protectores de recursos naturales, siendo el año más mortífero de la historia para los defensores ambientales.  

Esta ONG inglesa también logró determinar que el índice de impunidad asciende al 92 por ciento entre los 122 casos reportados desde el 2011. 
 
América Latina se constituyó en la región más peligrosa para adelantar esa labor, pues el 60 por ciento de los crímenes se concentró en este continente. 


Además, conforme al Atlas de Justicia Ambiental, de los 2.548 casos de conflictos ambientales registrados en el mundo, 128 corresponden a Colombia y tienen que ver principalmente con la extracción de minerales y materiales de construcción (54 casos), combustibles fósiles (20),  conflictos de biomasa y tierra (15), manejo de agua (15), infraestructura (10), conservación de la biodiversidad (5), gestión de residuos (4), industria (3) y turismo y recreación (2). 

India es el país que más reporta conflictos al sumar 278 casos, seguida por Colombia en la segunda posición y Brasil, con 113, en la tercera casilla. 

El Acuerdo de Escazú surge entonces como una alternativa de protección para los líderes ambientales del país, pues por medio de este se establecen reglas específicas para salvaguardar la vida de personas, grupos y organizaciones que promueven las luchas medioambientales. 

Al primer tratado mundial de esta índole podría ingresar Colombia si el Gobierno nacional a bien lo tiene, pues desde este jueves y hasta dentro de dos años (24 meses), los 33 países de América Latina y el Caribe podrán firmar y ratificar su permanencia en este tratado. 

Algunos de los objetivos que persigue este acuerdo, compuesto por 25 artículos, es garantizar el derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia, al igual que la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. 

Se requiere que por lo menos 11 de los 33 países de América Latina y el Caribe firmen para poder ratificar el acuerdo. Hasta el momento se han comprometido Antigua y Barbuda, Uruguay, Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas.

Varias ONG de Colombia le están solicitando desde ya al presidente Iván Duque entrar a hacer parte de este tratado.