Alarma por pérdida de bosques húmedos del Meta

Meta, un territorio que mezcla las sabanas de la Orinoquia con la vasta y densa selva amazónica, pierde cada vez más sus bosques húmedos tropicales. El acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva, la minería y los cultivos de coca, actividades financiadas por las disidencias de las antiguas Farc, ponen en peligro territorios biodiversos como los Parques Naturales Tinigua, La Macarena y Los Picachos.

En 2019, según el último reporte del Ideam, Meta fue el segundo departamento más deforestado del país, con una pérdida boscosa de más de 29.000 hectáreas. En los primeros seis meses del año, la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS) estimó que 22.869 hectáreas fueron arrasadas por la motosierra, una cifra que indicaría un panorama catastrófico al final de 2020.

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Los Parques Nacionales Naturales de Tinigua, Sierra de La Macarena y Cordillera de los Picachos, ubicados en zonas del sur del departamento, perdieron más de 7.000 hectáreas boscosas en el primer semestre de este año. Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, informó que estas áreas protegidas suman 123.000 hectáreas boscosas deforestadas en los últimos 15 años, devastación impulsada para el desarrollo de cultivos de coca y la ganadería extensiva.  

_{Los mordiscos de selva son cada vez más frecuentes y grandes en varios sitios del sur del Meta. Foto: FCDS.}

“Las disidencias de las Farc, lideradas por Gentil Duarte, les ordenaron a las 5.000 familias campesinas que habitan en estos tres parques tumbar montaña para sembrar como mínimo dos hectáreas de coca. Por cada hectárea de bosque tumbada y quemada, las mafias pagan hasta cinco millones de pesos”, dijo Zuluaga.

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En los últimos días, la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena (Cormacarena) ha evidenciado dos frentes de tala en el departamento. El primero fue el municipio de Acacías, donde fueron deforestadas cerca de dos hectáreas de bosque nativo, un operativo que arrojó la captura de dos personas que estaban cercenando 33 árboles.

_{La tala ilegal prolifera en varios municipios del Meta, como Acacías y Puerto López. Fotos: Cormacarena.}

A este ecocidio se suma un frente de deforestación en la vereda Peralonso, ubicada en la vía de Puerto López y justo en zona boscosa del área de manejo de la cuenca del del río Guatiquía. En el operativo liderado por la autoridad ambiental, el Ejército y la Policía, fueron encontrados 15 postes aserrados con una longitud de 2,2 metros.

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“La madera decomisada era de la especie cedro macho, un árbol que puede alcanzar una altura de hasta 35 metros que es resistente a los hongos y es usado para la construcción interna. La especie, también conocida como trompillo, es hábitat de diversas especies en los bosques de la región”, dijo Cormacarena.

Dos personas fueron capturadas en flagrancia por el atentado contra los recursos naturales: el propietario de una motosierra y su acompañante, que tenían en su poder una escopeta hechiza en mal estado y la cual quedó en custodia de la corporación.

_{Dos personas fueron capturadas por cercenar árboles nativos en Puerto López. Foto: Cormacarena.}

“Invitamos a la comunidad a denunciar de forma oportuna cualquier situación de deforestación. Aunque cualquier aprovechamiento de los recursos naturales requiere de los respectivos permisos, la solicitud de los mismos no garantiza que estos sean concedidos”, precisó la autoridad ambiental.

Alianza Sur de Meta contra la deforestación 

Según Cormacarena, desde 2013 hasta la fecha se han talado más de 200.000 hectáreas de bosques nativos en el departamento, de las cuales 123.000 han ocurrido en los últimos tres años.

Ante este panorama, la corporación, la Gobernación y Parques Naturales Nacionales crearon la Alianza Sur del Meta, una estrategia interinstitucional enfocada en tres acciones para minimizar el impacto de la deforestación indiscriminada de bosque en el departamento. 

_{La motisierra sigue alimentándose de los bosques colombianos. Foto: Cormacarena.}

“Se trata de tres pilares de trabajo: el primero consiste en el pago por servicios ambientales como un mecanismo para proteger y conservar los bosques en pie; el segundo es la reconversión de proyectos productivos que no son compatibles con el bosque; y el tercero la reforestación de las zonas devastadas”, dijo Andrés García, director general de Cormacarena.

La corporación tiene la meta de sembrar 10 millones de árboles a lo largo de estos cuatro años en el departamento. “A esta apuesta se han sumado las alcaldías de los municipios de La Macarena, Uribe, Vistahermosa, Puerto Rico y Mapiripán, que trabajarán mancomunadamente para ofrecerle mayores garantías y mejores oportunidades laborales a los campesinos y así lograr la recuperación económica, social y ambiental de las familias rurales”, indicó García.

_{El sur del Meta cuenta con uno de los núcleos más impactados por la deforestación. Foto: Jhon Barros.}

Lupa a la minería

La minería ilegal es otro de los principales motores de la deforestación en Colombia. Ante esto, la corporación anunció que hará un riguroso control a las actividades mineras en el río Guayuriba, trabajo que incluye visitas técnicas y revisión de los títulos mineros.

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“Entre las responsabilidades y compromisos adquiridos por los títulos mineros, la Gobernación del Meta y las alcaldías de Villavicencio y Acacías, está apoyar con maquinaria amarilla las obras de mitigación y protección en puntos críticos a lo largo del río Guayuriba”, dijo Cormacarena en el primer comité de seguimiento a las actividades de minería

_{Las fuentes hídricas de la Amazonia padecen por la actividad minera. Foto: Jhon Barros.}

García señaló que esta actividad busca que todos aporten en la solución. “Cumpliremos nuestro papel de autoridad ambiental tanto con acciones sancionatorias como espacios de diálogo y concertación. Si nos toca actuar, lo haremos sin que nos tiemble la mano. Ejerceremos especial control sobre los títulos mineros.

Richard Salgado, habitante del sector de la Cuncia baja, indicó que estos comités le permiten a la comunidad entablar contacto directo con los representantes de los títulos mineros y las instituciones del Estado.

Johana Yunda, edil del corregimiento uno de Villavicencio, destacó que desde un principio ha existido la voluntad para hacer esta mesa de trabajo con las alcaldías de los dos municipios involucrados y de las demás entidades, “con el fin de trabajar articuladamente en prevenir futuras inundaciones en las dos márgenes del río”.