La polémica por las audiencias públicas ambientales virtuales no para. Al oficio enviado por la Procuraduría General de la Nación al Ministerio de Ambiente para que se suspendan este tipo de actividades, así como los procesos de concertación en torno a la delimitación del páramo de Santurbán y los trámites de licenciamiento ambiental de la multinacional minera Minesa en ese ecosistema, se suma ahora un nuevo capítulo.   

La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) convocó, por medio de un edicto, a una audiencia pública ambiental virtual para el próximo 27 de mayo, en desarrollo del trámite administrativo (Auto 12009 del 30 de diciembre de 2019), por medio del cual se inició la modificación del plan de manejo ambiental para el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el herbicida glifosato, a cargo de la Policía Nacional de Colombia. 

Le puede interesar: Glifosato: ¿qué tan cerca está Colombia de dejarlo de usar en el agro?

La audiencia, que ordinariamente había sido solicitada por el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Dejusticia (Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad), Elementa, consultoría en Derechos, Acción Técnica Social y la Corporación Viso Mutop, finalmente fue citada por Paulo Andrés Pérez Álvarez, subdirector de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental de la Anla. 

Pérez lo hizo atendiendo a un auto (03071) del 16 de abril de 2020 que estableció, entre otras cosas, que mientras durara el aislamiento obligatorio ordenado por el Gobierno nacional, las reuniones informativas y la audiencia pública ambiental para este proceso se realizarían virtual o no presencialmente, siempre que la Policía Nacional contara con los medios tecnológicos y estos permitieran, a su vez, garantizar la debida identificación y participación de los aspirantes convocados a intervenir en la misma. 


El acceso a internet y emisoras en las zonas donde se volvería a aspejar con glifosato es deficiente, por lo que la participación de las comunidades está en entredicho. Foto: archivo/Semana. 

El auto también indicaba que la audiencia se haría en tiempo real y con los medios técnicos idóneos, de tal suerte que si se presentaran fallas que afectaran o interrumpieran la comunicación o no permitieran expresar o trasmitir la participación efectiva de los intervinientes, se optaría por suspender la audiencia hasta que la situación se normalizara. 

En el edicto quedó contemplado que las tres reuniones informativas previas virtuales y no presenciales a la audiencia pública se llevarían a cabo el 7, 9 y 11 de mayo, a partir de las 8:00 a.m., vía streaming por Facebook y YouTube de la Policía Nacional (@Policianacionaldeloscolombianos y https://www.youtube.com/user/policiadecolombia), trasmisiones que contarían con apoyo de lenguaje de señas. De igual manera, por diferentes medios radiales, incluidas la red de emisoras de la Policía, en los departamentos de Guaviare, Meta, Vichada, Caquetá, Nariño, Cauca, Chocó, Antioquia, Putumayo, Córdoba, Santander, Valle del Cauca, Norte de Santander y Bolívar. 

Le sugerimos: Procuraduría hace reparos al decreto que reanudaría la fumigación aérea con glifosato

La audiencia pública, entre tanto, se desarrollaría el 27 de mayo, a partir de las 8:00 a.m., vía streaming por Facebook y YouTube de la Policía, así como por medio de todas las emisoras que fueron dispuestas para las reuniones informativas. La trasmisión, además, contaría con apoyo de lenguaje de señas, según el edicto. Adicionalmente, se indica que se dispondría de una línea telefónica gratuita nacional en donde los interesados podrían formular preguntas, en las reuniones informativas, y realizar sus intervenciones durante la audiencia.  

En el documento publicado por la Anla se señala que la fecha límite para la inscripción de las personas naturales o jurídicas que quieran intervenir en la audiencia y presentar ponencias o escritos, será hasta el 21 de mayo, a las 4:00 de la tarde


La fumigación aérea con glifosato se encuentra prohibida en Colombia desde 2015 por la Corte Constitucional. Foto: archivo/Semana.   

La medida ha sido objeto de críticas por parte hasta de los mismos solicitantes de la audiencia.

Dejusticia, a nombre de las demás organizaciones que inicialmente solicitaron la realización de la audiencia, presentará un recurso de reposición ante la Anla para que se suspenda la realización de las reuniones informativas y de la audiencia pública ambiental, hasta tanto se termine el aislamiento preventivo obligatorio o se establezca un mecanismo acorde a los estándares constitucionales de participación ciudadana y a las garantías reforzadas de participación, especialmente en los municipios en los cuales se pretende reanudar el programa de aspersión aérea con glifosato. 

Sustentan su petición en el hecho de que una audiencia pública virtual no cumple con los estándares de participación ambiental constitucionales y tampoco con las órdenes para la eventual reanudación de la aspersión aérea, dictadas por la Corte Constitucional en su sentencia T-236; de igual manera, en que la situación excepcional derivada de la propagación del SARS-CoV-2, no justifica la celebración de una audiencia pública ambiental virtual.

Le recomendamos: No permitirán etiquetar el glifosato como cancerígeno

A su turno, Carlos Lozano, integrante de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), sostuvo que dada la complejidad del tema, éste no puede ser abordado adecuadamente en una consulta digital. "Las comunidades que han sido las más afectadas y aquellas que podrían llegar a serlo, no tienen acceso a internet", comentó. 


En contra de la nación cursan en la actualidad 231 demandas por el uso del glifosato. Foto: archivo/Semana.  

En el caso del páramo de Santurbán, la Procuraduría solicitó la suspensión temporal de las audiencias públicas virtuales aduciendo que las condiciones actuales de conectividad en el país, pero en especial en el sector rural, continuaban siendo muy precarias, al igual que lo que ocurre, y con mayor impacto, en las zonas donde se pretende volver a asperjar con glifosato, es decir, en municipios como Calamar, El Retorno, Miraflores (Guaviare), La Macarena, Mapiripán, Puerto Concordia, Vista Hermosa (Meta), El Doncello, Albania, El Paujil, San Vicente del Caguán, Valparaíso (Caquetá), Villagarzón (Putumayo), Barbacoas, Cumbitara, El Tambo (Nariño), Argelia, Mercaderes, Cajibío, Balboa (Nariño), Condoto, Bajo, Medio y Alto Baudó, Novita (Chocó), entre otras poblaciones, donde el acceso a internet y la señal de radio es deficiente. 

Puede leer: El glifosato no tiene la bendición de un sector de la iglesia

"El acceso a las telecomunicaciones, especialmente a la conexión de internet, están muy limitadas para la población rural, de tal manera que pretender implementar un mecanismo de audiencia pública ambiental de manera virtual, de una u otra forma, están reduciendo la capacidad de participación, precisamente por la falta de conectividad y, en consecuencia, se vulneraría el derecho de participación activa y la dinámica de las comunidades afectadas que pretenden garantizar el derecho a gozar de un medioambiente sano al incidir en las decisiones que puedan afectarlos”, señaló la Procuraduría.  

Sobre el particular, el Ministerio de Ambiente le respondió a la Procuraduría que lamentaba que la comunidad hubiese malentendido la circular 9 del 12 de abril. "Dejamos claro que el Ministerio en ningún momento ha programado ni ha propuesto realizar a través de medios virtuales las reuniones de la fase de concertación para dar cumplimiento a la sentencia T361 de 2017 (sobre la delimitación del páramo de Santurbán), como puede evidenciarse, las mismas fueron suspendidas hasta tanto se restablezca la situación de salubridad pública que enfrentamos, y de esta forma podamos proceder conforme a lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia en referencia", explicó el Ministerio. 

La Anla responde a cuestionamientos

Sobre el particular, la Anla informó que si bien esa entidad había decidido ordenar la celebración de la audiencia pública ambiental, esto solo fue posible cuando la Policía Nacional (solicitante del trámite), entregó la información adicional requerida por esa autoridad. Sin embargo, aclaró que antes de que llegara la información solicitada en el mes de marzo, cuatro organizaciones de la sociedad civil pidieron también la realización de la audiencia. 

"La Anla ha analizado desde el inicio de la evaluación el contexto donde se podría implementar esta actividad, el cual arrojó 104 municipios, muchos de ellos pequeños, con una distribución espacial predominante rural, alejados de los pocos centros urbanos de la zona. Son áreas de difícil acceso y alto costo de movilidad para la población asentada. Por ello, el reto para la autoridad consiste en garantizar la participación efectiva del mayor número de habitantes posible de estos municipios", dijo la Anla, que resaltó que en los trámites anteriores de evaluación de esta actividad, nunca se había hecho una audiencia pública.

Señalaron, demás, que la Anla había considerado la radio, combinada con la telefonía móvil y un centro de recepción de llamadas, como medios muy importantes para garantizar la interlocución de doble vía, propia de la participación ciudadana efectiva. "Resultados recientes de Datexco, muestran que la actual coyuntura ha disparado los niveles de oyentes radiales hasta en un 61%. Además, las estadísticas en el país muestran que por cada 100 habitantes existen 129 líneas telefónicas celulares. La audiencia pública tendrá una cobertura a través de 76 emisoras distintas, al igual que lo tendrán las tres reuniones informativas previas que hacen parte de este proceso", indicó esa autoridad. 


La Anla asegura que tuvo en cuenta el contexto social para la realización de la audiencia pública virtual sobre el caso de glifosato. Foto: archivo/Semana. 

La entidad sostuvo que adicionalmente se ha habilitado una línea 018000 para que funcione durante las reuniones informativas y la audiencia pública. La meta es poder recibir hasta 50 llamadas al tiempo, procesarlas, dar una respuesta y dejar el correspondiente registro. "Lo anterior, como resultado de los análisis que demuestran que en las audiencias presenciales existe un alto porcentaje de personas que deciden renunciar a su derecho a intervenir, por el tiempo de espera para la participación de los inscritos", dijo. 

Informó que todos los ciudadanos pueden inscribirse a través de la página web o de las líneas telefónicas de contacto ciudadano de la Anla. "Las alcaldías, personerías y las corporaciones ya tienen la información en sus manos. El diseño de la audiencia posibilita que los intersados participen sin asumir ningún costo y podrán participar en cualquier momento sin esperar todo el día a que se les de palabra", explicó la Anla. 

Lea también: Revive el debate: glifosato, ¿un veneno necesario?

Según esa entidad, durante el primer día de convocatoria, cerca de 1.900 personas ingresaron a la página web y, a la fecha, existen 11 personas inscritas.

Actualmente, la Anla tiene 12 solicitudes de audiencias públicas ambientales de diferentes proyectos y sectores. En ese sentido, indicó que se ha realizado un análisis técnico, de equivalencia funcional y del logro de la participación efectiva de los grupos de interes para cada una de las solicitudes, identificando que no todas las solicitudes podrían cumplir con el logro de la paricipación efectiva, como tampoco están en el momento procesal para ordenarla.