El fracking vuelve a ser noticia. Este jueves la comisión de expertos que creó en noviembre del año pasado el gobierno nacional para que realizara una serie de recomendaciones, sobre si se debe o no implementar la fracturación hidráulica en Colombia dará a conocer un informe preliminar. 

Las conclusiones serán expuestas en medio de los reparos que organizaciones como la Alianza Colombia Libre de Fracking vienen haciendo frente al actuar y la conformación misma de la comisión, pues se indica que la mayoría de sus integrantes son pro-fracking.

"Nueve de las 13 personas que integran esa comisión son pro-fracking. Basta con analizar sus vínculos con este tema para percatarse. El gobierno dijo que iba a crear una comisión independiente, pero ¿sus integrantes realmente lo son?. Eso nos preocupa", señaló Carlos Andrés Santiago, vocero de la Alianza Colombia Libre de Fracking. 

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Desde esa organización también mostraron su angustia por la falta de estudios técnicos propios, la debilidad institucional y baja participación de las comunidades en este proceso. 

"Nosotros hemos reiterado que un informe con el alcance que el gobierno pretende que se realice para determinar si se puede o no hacer fracking es imposible de efectuar en solo tres meses", apuntó Santiago, quien basó su argumento en que, por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos tardó seis años en entregar el reporte final sobre los impactos del fracturamiento hidráulico en los recursos de agua potable. "En 2010, el Congreso de Estados Unidos ordenó hacer el estudio sobre este tema y la versión final fue entregada en 2016", dijo. 

Así mismo, recalcó que la publicación denominada Impactos Médicos y Científicos del Fracking, que reúne alrededor de 1.000 investigaciones y artículos especializados sobre los efectos de esta técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales fue presentada a la comisión de expertos como soporte.

"Nosotros nos reunimos con ellos y les dijimos que humanamente era imposible que una comisión de 13 personas revisara más de 1.000 evidencias científicas en solo tres meses y además de eso, que pudiera escribir un informe sobre las mismas. También les señalamos la dificultad existente en la revisión de toda la normatividad vigente en Colombia en tan corto plazo. Por muy profesionales que sean creemos que el tiempo es insuficiente y eso nos genera muchas dudas frente a los resultados que nos van a presentar", explicó. 

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Para el integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking, la institucionalidad colombiana tampoco está preparada para hacerle seguimiento y control a proyectos de gran envergadura. "Hidroituango es el mejor ejemplo de ello. El mismo director de la Anla dijo en una entrevista hace unos días que esa entidad no tenía la capacidad para hacer seguimiento a grandes proyectos, al no contar con las herramientas para tomar decisiones inmediatas y recalcó que un proceso sancionatorio podría llegar a durar meses o años", expresó.  

Santiago también criticó el proceso de participación que ha adelantado la comisión hasta el momento, pues -según él- solo se han hecho tres reuniones con las comunidades de Puerto Wilches, Barrancabermeja y San Martín (Cesar), de tres horas cada una. "No ha sido una consulta amplia. Hoy cuando uno habla con la gente del Magdalena Medio, el sentimiento mayoritario es que no quieren que se haga fracking en sus fincas y veredas. Esa gente no ha sido escuchada", comentó. 

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El vocero considera que se cuenta con los argumentos suficientes para que se aplique el principio de precaución que solicitó en su momento el excontralor Edgardo Maya y que ratificó el Consejo de Estado, al señalar que el país no estaba preparado para la implementación de esa técnica de extracción. 

"Nosotros creemos que el informe que se publique debe reflejar, por lo menos, esas preocupaciones, que no son solo nuestras o de la comunidad científica, sino también de los ciudadanos", puntualizó. 

Desde agosto de 2018 viene haciendo trámite en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca prohibir la exploración y explotación de los yacimientos no convencionales (fracking) de hidrocarburos como medida de protección del medio ambiente y la salud, así como para prevenir conflictos socioambientales asociados a estas actividades.