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EFE

Coincidiendo con el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas que se celebró ayer, la organización española Alianza por la Solidaridad denuncia la persecución, acoso, criminalización y muerte de personas que defienden sus derechos en países de Centroamérica y Colombia, donde trabaja la organización desde hace décadas.

La ong señala en uncomunicado que los indígenas reciben presiones de grupos ilegales o transnacionales con intereses económicos que “están provocando un incremento del número de víctimas”.

Incremento de casos en Colombia

Decenas de mujeres indígenas participan en la tradicional Carrera de la Tortilla, en la ciudad de Tehuacán, en el central estado de Puebla (México). EFE/Hilda Ríos

En Colombia, dice, han sido asesinados 65 líderes -según datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)– desde la firma del tratado de paz entre el Gobierno de ese país sudamericano y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) a finales de 2016.

Recuerda que en Colombia coexisten 102 pueblos indígenas, de los que 64 están en peligro de desaparecer por extinción física y cultural, y por la presión que ejercen grupos ilegales que se asientan en sus tierras para desarrollar “sus actividades ilícitas”.

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Los líderes indígenas que defienden sus tierras y bienes son perseguidos y acosados y asesinados, crímenes que quedan en la impunidad, según Alianza por la Solidaridad.

Intereses económicos en Guatemala

En el caso de Guatemala, la ong denuncia que grupos empresariales internacionales con el apoyo de agrupaciones nacionales y estamentos oficiales, “afectan directa y negativamente los derechos de los pueblos indígenas”.

Marcha aborigen por los derechos a la tierra, que coincide con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, hoy, en Sídney, Nueva Gales del Sur (Australia). EFE/Danny Casey

Entre enero y julio de este año, denuncia la ong, han sido asesinados en Guatemala 13 defensores de derechos humanos, ha habido 135 casos de agresiones y 76 de criminalización, según datos de UDEFEGUA.

De ese total, 32 de las agresiones se han producido contra mujeres líderes, según Alianza, que recuerda que en este país centroamericano se han producido dos casos concretos en los que han estado o están implicadas empresas españolas.

El primer caso es el de la empresa Ecoener-Hidralia, cuyo proyecto de construcción de una presa en el río Cambalán finalmente se suspendió ante la presión de Alianza por la Solidaridad, Amigos de la Tierra y Mujeres de Guatemala, aunque el conflicto dejó persecuciones, asesinatos, criminalización y encarcelamiento de líderes indígenas.

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Por ello, la ong recuerda en un documental que la mejor manera de evitar o acabar con estos conflictos, es prevenirlos.

El segundo caso la empresa local Cobra, filial de ACS, del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, está construyendo varias hidroeléctricas a lo largo del río Cahabón en territorio de los indígenas Q’eqchi o quekchí, que está afectando a cerca de 30.000 personas.

Por deunciar esta situación en el departamento de Alta Verapaz, el líder quekchí Bernardo Caal Xol se encuentra encarcelado en una prisión de Cobán desde enero pasado.

Persecución de los líderes indígenas

Indígenas indios de la tribu Adivasi, durante el Día internacional de los pueblos indígenas en Bangalore, India. EFE/ Jagadeesh Nv

Según la ong, el caso de Caal Xol pone de manifiesto la “persecución judicial, con acusaciones falsas, que sufren los líderes indígenas en Guatemala, un país señalado por la corrupción política”.

Por ello, Alianza señala que las transnacionales se aprovechan de esta situación para iniciar sus negocios obviando la legislación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La campaña TieRRRa (para promover las inversiones responsables) de Alianza continúa recogiendo firmas para exigir la puesta en libertad de Bernardo Caal Xoc.

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En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Alianza por la Solidaridad pide a la nueva Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que “tome medidas urgentes para que empresas españolas dejen de vulnerar los Derechos Humanos en países en desarrollo”.

Señala, entre otras peticiones, que hace un año se firmó el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas y “es el momento de dotarlo de medidas encaminadas a que sea efectivo”.

Numerosas manifestaciones para reivindicar el derecho a la tierra y libertades de los pueblos indígenas se han celebrado  en Daca, capital de Bangladesh, India y Australia.