No es fácil ser niño en La Guajira. Muchos tienen que caminar casi tres horas desde sus rancherías hasta la escuela con apenas un vaso de chicha en el estómago y sin nada de tomar para el camino. Después de comer solo la merienda que hace parte del Programa de Alimentación Escolar (PAE), vuelven a casa bajo el sol inclemente del desierto a mediodía, sin cruzarse con ningún reservorio de agua en el trayecto. La cifra más alta de mortalidad infantil por desnutrición en el país es la de este departamento: mientras el índice nacional es de dos niños por cada 100.000, el de La Guajira es de 20.

La escasez de alimentos y de agua no es un tema nuevo en la región. No solo se registra en documentos coloniales desde el siglo XVIII, sino que está presente en la mitología wayuu en la figura de Jamu, un ser atravesado por flechas que persigue a los indígenas con sus dardos de hambre. En este departamento el hambre está relacionada con la dejación estatal, la falta de articulación entre el gobierno nacional y el local, la corrupción, la geografía desértica y la falta de agua.

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Según el antropólogo wayuu Weildler Guerra –exgerente del Banco de la República en Riohacha y gobernador encargado en 2017–, el hambre en La Guajira es sobre todo un fenómeno estacional ligado a las temporadas secas. Aunque se espera que llueva de septiembre a diciembre, ha habido sequías que se extienden hasta por dos años. Los wayuu siembran ahuyama, sandía y frijol, pero sin agua no hay cultivos, no hay frutos ni chivos, principal fuente de proteína para esta población.

En 2015, la crisis alimentaria se intensificó por una fuerte sequía, a la que se sumó el desabastecimiento de alimentos que llegaban de Venezuela a través de la frontera, por la situación del vecino país. A finales de ese año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a favor de los niños de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, ordenando al gobierno colombiano hacer frente al tema de la seguridad alimentaria. Un año después las cosas no habían mejorado, lo que hizo que múltiples entidades del Estado fueran objeto de una tutela interpuesta por Elson Rafael Rodríguez, debido a la muerte por desnutrición y sed de 266 menores entre 2015 y 2016.

Foto: Luis Ángel

LAS ESCUELAS DEL DESIERTO

En la Alta Guajira está la cabecera municipal de Uribia y numerosas rancherías en las que se agrupan decenas de familias. Estas comunidades no cuentan con agua potable, ni siquiera los poblados más grandes como Nazareth, Puerto Estrella y Tawaira.

Durante siglos, los recursos más usados por los wayuu para lidiar con la escasez del agua han sido los jagüeyes (laa, en wayunakii), repositorios con forma de laguna natural en los que se acumula agua lluvia, y los pozos, cavados a profundidad para extraer el recurso hídrico bajo tierra.Desde niños los wayuu se acostumbran a caminar hasta tres horas hacia el jagüey o el pozo.

Según Verdad Abierta, cerca de 30.000, entre los 66.000 menores de 5 años de La Guajira, se encuentran en estado de desnutrición y el 90% de ellos son indígenas. Para 2017, el gobierno había tomado medidas de emergencia, y la cifra de muertes con diagnóstico de desnutrición y enfermedades asociadas cayó en un 44% frente al 2016, según datos del Instituto Nacional de Salud.

Foto: Luis Ángel

Los más de 200 niños que estudian internos en la Escuela Internado del corregimiento de Nazareth son los que mejor protegidos se encuentran ante estas circunstancias. Reciben tres comidas diarias y tienen acceso ilimitado a agua limpia, gracias a que la escuela tiene un pozo. La otra cara son los 840 niños externos que también asisten a esta escuela: tienen que caminar largas horas desde su casa y solo cuentan con el complemento del desayuno que incluye el PAE. Luego están los que simplemente no pueden ir al colegio porque viven muy lejos. “Esos son los que más preocupan”, afirma Fabio Estupiñán, párroco de la Alta Guajira y director de la Escuela Internado.

Las instituciones educativas rurales de la zona son pequeñas y precarias. La escuela pública de Buenos Aires, en Puerto Estrella, no cuenta con un pozo propio, los salones son rudimentarios y hay dos baños llenos de polvo sin una gota de agua. A esta institución asisten 125 niños. “Aquí ya nos acostumbramos a andar con sed”, dice la maestra Heidy Palmar. Cada mes, la Alcaldía lleva un carrotanque con agua de un jagüey cercano. Para que alcance, los niños solo pueden tomar un balde por curso: diez litros por cada 25 estudiantes, máximo dos vasos de agua diarios por niño. Por suerte, hay dos jagüeyes cercanos al colegio, llenos tras las lluvias de noviembre y diciembre. Sin embargo, la potabilidad de esa agua es dudosa, en especial por lo animales que entran allí. Cerca del 97,7% de las comunidades rurales toman agua de fuentes contaminadas.

Aunque Heidy Palmar afirma que en los 16 años que ha trabajado en la escuela nunca ha tenido que lidiar con muertes por desnutrición o enfermedades asociadas, sí ha visitado niños desnutridos en comunidades vecinas.

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SOLUCIONES A MEDIAS

En su primer gobierno, Santos se comprometió a construir nueve pozos para los nueve corregimientos de la extrema Alta Guajira, pero hasta el momento no se han hecho realidad. El 23 de octubre de 2015 el gobierno inauguró en Siapana, Uribia, un pozo que iba a producir 3,4 millones de litros de agua potable y a beneficiar a 4.000 habitantes de la región, en su mayoría wayuu.

Apenas cuatro meses después de la inauguración del pozo, que costó alrededor de 1.750 millones de pesos, ya no se sacaba agua. Así lo denunciaron entonces los habitantes en una nota de RCN: “Pozo de Siapana fue utilizado solo el día que se inauguró”. Y así lo siguen diciendo hoy en día: “Santos inauguró un pozo seco, nos engañaron a todos”, dice Victoria González, autoridad wayuu en Uribia.

Foto: Luis Ángel

En sentido estricto, la responsabilidad de mantener el pozo corresponde a la Alcaldía. Aunque el gobierno debería asegurar que la articulación con los entes territoriales funcione, la Ley 142 de servicios públicos establece que la tarea de proveer agua potable a la comunidad es del gobierno local, no del nacional. “Una vez entregado, el Estado no puede entrar a operar”, explicó un funcionario de la UNGRD, involucrado en la gestión del proyecto y quien pidió no revelar su nombre. Según él, también hubo saboteos a la obra. “A veces picaban la tubería y una vez se robaron un controlador de la bomba. Lo repusimos hace poco. Pero de nuevo la planta dejó de funcionar y ya no se sabe muy bien por qué”.

Por su cercanía al mar, las plantas desalinizadoras serían otra opción para la falta de agua en esta región. Existen varias de ellas en Nazareth, Castilletes, Flor de la Guajira y Puerto Estrella, pero tal como sucedió con el pozo su funcionamiento no ha sido constante.

LA SENTENCIA

La Corte Constitucional acaba de emitir su sentencia, en la que declara un estado de cosas inconstitucional en el departamento. Esto significa un reconocimiento de la vulneración masiva y generalizada de los derechos constitucionales a la salud, el agua potable, la alimentación y la participación étnica, que afecta a un número significativo de personas en La Guajira, “en especial niñas y niños wayuu”, por una prolongada “omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones”. Por primera vez se declara un estado inconstitucional de cosas con  relación a los derechos de los niños en Colombia, y específicamente a los derechos de los niños indígenas, los que más desnutrición sufren en el país.

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Esta sentencia fija unos objetivos mínimos que las entidades locales y nacionales deben buscar articuladamente para salir de la crisis actual, entre los que se incluye el aumento de la accesibilidad y calidad del agua, y una mejora en la condición y cobertura de los programas de atención alimentaria. Sin embargo, la Corte tiene claro que “sin agua potable disponible, accesible y de calidad, ningún esfuerzo de alimentación o de atención en salud podrá solucionar la muerte de niños y niñas en La Guajira”.

En palabras de Diana Guarnizo, investigadora de Dejusticia –organización que intervino a favor de la tutela interpuesta en 2016– “la sentencia de la Corte Constitucional es un hito para La Guajira no solo porque prioriza la creación coordinada de políticas estructurales que alivien la falta de acceso al agua, sino porque establece objetivos e indicadores claros para avanzar”.