Los accionantes de la tutela de cambio climático y generaciones futuras se unieron con expertos y organizaciones de la sociedad civil para pedirle al Congreso de la República que modifique la meta de deforestación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, propuesta por el gobierno del presidente Iván Duque.

La meta actual no busca reducir el número de hectáreas deforestadas sino mantenerlo constante durante los próximos cuatro años. Si se conserva el ritmo actual de deforestación, Colombia perdería más de 800.000 hectáreas de bosques durante este tiempo: aproximadamente seis veces el tamaño de Bogotá.

La meta actual del Plan Nacional de Desarrollo va en contravía del Acuerdo de París, así como del compromiso adquirido de deforestación neta cero en la Amazonia a 2020, y de la sentencia 4360 de 2018 que declara a esta zona sujeto de derechos.

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Entre quienes firman la carta están Manuel Rodríguez, ex Ministro de Ambiente; Carolina Urrutia, directora Parques Cómo Vamos; César Rodríguez, representante legal de los accionantes; Diana Rodríguez, subdirectora de Dejusticia. Entre las organizaciones: ACT, Greenpeace, Barranquilla + 20, Fundación Natura, Alisos, entre otras.

La petición

Valentina Rozo, es una de las accionantes de la tulena de cambio climático, y es además una de las personas que promovió esta carta. Para ella lo que se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo es muy preocupante, y como afirma va en contravía de lo que la Corte Constitucional estipuló en la sentencia que obliga al Estado a frenar la deforestación en la Amazonía y con esto enfrentar el cambio climático. 

En el capítulo IV del Plan Nacional de Desarrollo denominado “Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo”, bajo la línea B: “Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación” se afirma que “uno de los mayores problemas socioambientales del país es la deforestación”. Hecho que lo sustenta la evolución en cifras de los últimos 12 años.

En los indicadores de resultado del PND, sin embargo, se establece el “Crecimiento de la deforestación a nivel nacional respecto al año anterior” con una línea base de 23 % y una meta del cuatrienio de 0%.

La carta hecha por los expertos y las organizaciones, y enviada según Roozo a los 56 coordinadores y ponentes del PND, explica que el 23 % representa el aumento en el número de hectáreas deforestadas entre 2016 y 2017, cuando pasó de 178.597 hectáreas a 219.973.

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“Utilizar la tasa de crecimiento de las hectáreas deforestadas como indicador nos preocupa profundamente. Esto significa que la meta se cumple siempre y cuando no aumente el número de hectáreas, es decir, si se siguen deforestando 219.973 hectáreas anualmente. Si se analiza la información proporcionada por el IDEAM en la gráfica anterior, es claro que en 2017 este número alcanzó el punto más alto desde 2010. Por lo tanto, el indicador actual permite que durante el cuatrienio se pierda una cantidad exorbitante de bosque: hasta 879.892 hectáreas”, dice la misiva.

Para Carolina Urrutia, directora de Parques Como Vamos, la gran dificultutad de poner una meta más alta es porque ninguna institución, por sí misma, se cree capaz de cumplirla. "Es muy dificil bajar la deforestación como responsabilidad del Ministerio de Ambiente, o, incluso como responsabilidad del Ministro de Defensa. Las causas de la deforestación son estructurales, incluyen temas como propiedad de la tierra, las restricciones de la Reserva Forestal de Ley Segunda, las economías ilegales, y sobre todo, las fallas en la implementación de los acuerdos de paz", afirma.

El PND de Juan Manuel Santos, 2014-2018, planteó alcanzar un máximo de 90.000 hectáreas deforestadas al año al final del cuatrienio. Si se comparan los dos Planes, es claro que la meta actual permite que se deforeste mucho más que la anterior, afirman los expertos.

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Incumplir los compromisos nacionales e internacionales del Estado, dentro de los que se encuentra el Acuerdo de París; la Declaración Conjunta de Intención con Noruega, Alemania, Reino Unido e Irlanda del Norte; y, la sentencia STC 4360 de 2018, en la que se ordena que se tomen medidas para reducir la deforestación, deja en una posición cuestionable al gobierno colombiano.

Con este contexto, lo que los fimantes solicitan es que se modifique el indicador de resultado de tal manera que la meta no se base en el indicador de “crecimiento de la deforestación” sino que se establezca un número de hectáreas máximo deforestadas al final del cuatrienio y que este número sea de hasta 90.000 hectáreas.

"Es entendible que nadie quiera asumir esta responsabilidad. El problema es tan grave que lo que sugerimos es que exista un ente articulador de la política pública a nivel nacional y este debe ser sin duda de la Presidencia de la República. El diseño que están haciendo para este periodo tiene un "delivery unit" una especie de coordinador par ejecutar. Debería ser ahí donde se articulen las acciones de las entidades del Estado", afirma Urrutia.

Por su parte, Rozo manifiesta que seguiran haciendo presión. "Vamos a promover todo un movimiento en el que niños, jóvenes, adultos, organizaciones se sumen y juntos logremos que se establezca una meta y que se nos garantice el cumplimiento de lo ordenado por la Corte. Es el presente y el futuro de todos". 

La carta completa

Esta es la misiva que está en manos de los ponentes del Plan Nacional de Desarrollo.