La deforestación es, sin duda, el peor flegelo ambiental que afronta el país en la actualidad. Solo entre 2016 y 2017 fueron destruidas 219.973 hectáreas de bosque en el país, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), cifra que muy probablemente será superada en 2018. 

Ricardo Lozano, ministro de Ambiente, cree que la tasa anual de deforestación del año anterior, que será entregada en abril de 2019, podría estar entre las 260.000 y 280.000 hectáreas devastadas. 

La Amazonia, la mayor área estratégica con la que cuenta el país, es la región más afectada. El último boletín (17) de detecciones tempranas del Ideam, correspondiente al cuarto trimestre de 2018 (octubre-diciembre), así lo confirma. El informe revela que en esa zona se concentra el 75% de la deforestación del país.

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Caquetá (45,9 %), Meta (13,1%) y Guaviare (9,8 %) son los departamentos donde más número de detecciones fueron reportadas, de las 1.888 identificadas, en los seis núcleos principales establecidos en toda la zona (Putumayo, Caquetá (2), Guaviare, Meta y Magdalena). En esas tres regiones fueron deforestadas cerca de 43.000 hectáreas en el lapso de tres meses.

El documento señala que 19 % de las detecciones tempranas se localizaron en áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), siendo los parques nacionales naturales Sierra Nevada de Santa Marta, Tinigüa, Serranía de Chiribiquete y La Macarena los que presentaron las mayores afectaciones.

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Si a ese panorama se suma que el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que está siendo debatido en el Congreso, no contempla reducir el número de hectáreas de bosque taladas, sino mantener la tasa constante durante los próximos cuatro años, la deforestación tiende a convertirse en un problema de grandes proporciones que solo terminará favoreciendo a los acaparadores de tierra en detrimento de los bosques y, por ende, de la vida. 

En el marco del foro realizado durante la rendición de cuentas de la Gran Alianza contra la Deforestación surgió la idea de que el gobierno nacional declare el estado de emergencia para contrarrestar de manera más rápida y efectiva este flagelo. Semana Sostenible entrevistó a varios ambientalistas para conocer su opinión sobre esta propuesta. 

Camilo Prieto, director del Movimiento Ambientalista Colombiano

"Existen los suficientes elementos técnicos y sociales para declarar esa emergencia, pues en este instante se está comprometiendo la estabilidad climática presente y futura de nuestro país. Estamos asumiendo que, en este momento, la meta de deforestación que tiene el gobierno nacional es una claudicación ante las mafías y tomamos esto como una vulneración a los derechos ambientales colectivos. Por eso se hace apremiante que se declare esa emergencia".

Carolina Urrutia, directora de Parques Cómo Vamos

"Hay varios obstáculos en la gestión diaria de la lucha contra la deforestación. Cuando uno habla de que tiene alertas semanales y sabe dónde están esos grandes parches de tala de bosques, deberían presentarse varias cosas en simultánea: una es investigación, pero no por parte de Parques Nacionales ni del Ministerio de Ambiente, sino de la Fiscalía y la Procuraduría, entidades que deberían fortalecer sus procesos de investigación de manera constante para determinar cuál es el modelo de ocupación de tierras que está llevando a que se registren tasas de deforestación tan dramáticas. Pero como esas instituciones tienen tanto trabajo en un país tan lleno de criminales, el estado de emergencia es una forma de darle el nivel de prioridad a esta clase de delitos, que a mucha gente no le parecen tan graves, al igual que a la Fuerza Pública. 

¿Cómo se prioriza algo en la agenda de la Fuerza Pública? Lo único que se me ocurre es que se decrete la emergencia por la deforestación, pero esta sería para municipios específicos y no en todo el país, es decir, en las poblaciones hotspot (punto caliente) de la tala de bosques. El Ministerio de Ambiente se opone, no tengo claro por qué, pero es bueno ponerlo sobre la mesa y discutirlo"

Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente y director del Foro Nacional Ambiental  

"Uno debe declarar un estado de emergencia siempre y cuando tenga la capacidad para atenderlo, pero en este momento, pude no tener ningún significado, a no ser que el gobierno previamente tenga claro, desde el punto de vista legal, qué puede hacer con esa medida para combatir la deforestación. Personalmente no he pensado en eso, pero podría ser una de las vías. Aunque la alternativa realmente es que el Presidente de la República le dé la importancia que amerita a este asunto. Está en manos de él un tema como este".  

Juan Pablo Ruiz, consultor del Banco Mundial y de Naciones Unidas 

"Ese estado de emergencia hay que pensarlo desde la presencia o no del gobierno de Colombia en las zonas de expansión del sector agropecuario, porque a mi modo de ver esa ausencia del Estado puede significar la gestión de una propuesta política de ocupación, es decir, hoy esas zonas están siendo apropiadas por diversidad de fuerzas que tienen una intensionalidad territorial, la cual ha sido posterior al retiro de las Farc. Al irse esa exguerrilla entraron otros actores políticos a tomar el control, razón por la que la deforestación está siendo dinamizada por diferentes grupos, a través del dominio y la apropiación de las tierras.

Es importante que, a partir de esa emergencia nacional, se contribuya a decir que no vamos a titular a nadie que esté deforestando en una zona de reserva forestal y especialmente cuando el autor no sea un campesino que está buscando sobrevivir con la transformación del bosque en espacios productivos, sino realmente un terrateniente, pretendiendo luego la titulación o el dominio político del territorio. Me parece que la decalratoria es importante si se asume realmente el freno a la tala de bosques desde la recuperación de los terrenos baldíos de la Nación y la restauración, porque Colombia tiene que ir hacia allá, en donde el Ministerio de Ambiente sea sencillamente un intelocutor, pero no es el gestor del proceso.

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Hoy tenemos que pensar en que la titulación tiene que condicionar la permanencia de la propiedad privada, siempre y cuando los predios adjudicados efectivamente conserven la función ecológica que deben como parte de su función social, según la Constitución; eso quiere decir que en cambio de pensar en que vamos a expropiar al que no está trabajando la tierra porque tiene un bosque de manera improductiva, más bien le vamos a quitar legalmente el predio a quien no está cumpliendo con la función ecológica de la propiedad y está deforestando en donde tendría que mantener unos servicios ecosistémicos. 

Lo importante es que haya una voluntad desde el gobierno nacional para que esa declaratoria signifique la confluencia de las diferentes fuerzas gubernamentales y sociales en pro de frenar la deforestación, y eso significa decisiones políticas en muy diversos órdenes: desde el nivel nacional, hasta el regional y local, así como el mismo movimiento ciudadano y campesino. 

Hay que trabajar con los labriegos para lograr que lo que se conocía como la zona de reseva campesina, que tiene unas herramientas que no han sido implementadas de manera exitosa, salvo en algunos pequeños territorios, se convierta realmente en un freno al proceso de expansión de la frontera agropecuaria. Este es un recurso que está plasmado en la ley y los acuerdos de paz, pero que es necesario impulsarlo y volverlo un mecanismo cierto de gestión del territorio", dijo Ruiz.