Cerca del 40% del territorio nacional es ocupado por la región amazónica. Se trata de 483.119 km² que limitan al norte con las regiones Andina y la Orinoquía, al este con Venezuela, al sureste con Brasil, al sur con Perú y al suroeste con Ecuador. Solo la parte colombiana, que corresponde al sector noroccidental de la gran cuenca, representa el 6,4% de la extensión total de la Amazonia, es decir, 7.000.000 de kilómetros cuadrados, repartidos entre nueve países. 

En esta majestuosa área boscosa, rica en biodiversidad, se concentró el 70% de la deforestación del país en 2018, según el más reciente reporte entregado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), entidad que señaló que ese año en la Amazonia fueron arrasadas 138.176 hectáreas de bosque, 5.971 hectáreas menos frente a las registradas en 2017, cuando la cifra fue de 144.147 hectáreas. 

De hecho, el informe señala que de los cinco departamentos más deforestados del país, cuatro son amazónicos. Se trata, en su orden, de Caquetá, Guaviare, Putumayo, Antioquia y Meta. En esta última región la tala de árboles aumentó en 8.000 hectáreas.

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Ante este panorama y en vista de que el bosque tropical más extenso del mundo sigue siendo objeto de las mafias organizadas de la motosierra, que se han constituido, además, en una amenaza para los pueblos indígenas que se sitúan en esa zona, la ciudadana Veruska Tatiana Nieto Borja, apoyada por varias organizaciones de la sociedad civil y un equipo de abogados, decidieron presentar una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra el Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Tierras, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA) con el objetivo de frenar la deforestación en el norte amazónico. 

César Vallejo, abogado de la Universidad Nacional y doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid (España), quien se encuentra coadyuvando la demanda, aseguró que decidieron presentar una acción popular porque este mecanismo, a diferencia de otros instrumentos constitucionales como la tutela, permite que la solución del problema se construya de manera dialógica, en la que los actores intervinientes tratan de llegar a una resolución pragmática, real y aplicable, luego de un proceso de negociación. 

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"El juez en este caso se convierte en una especie de facilitador de la decisión, la cual tendrá toda la fuerza judicial, es decir, será de obligatorio cumplimiento. Se espera que sea una solución  hecha en conjunto entre la sociedad civil, el Estado y los actores involucrados. Más que una respuesta mágica, lo que esperamos es que este proceso llegue a un buen término", señaló Vallejo.  

El jurista informó que tras librar una serie de obstáculos, la demanda finalmente fue admitida en abril de 2019 y entrará ahora a una etapa de conciliación en la que se adelantarán mesas de compromisos con el fin de intentar llegar a acuerdos. De no lograr concertaciones, el proceso entrará a una etapa de pruebas y luego a audiencias finales. "Estamos esperando a que nos llamen a una audiencia de compromiso entre los demandantes y demandados", sostuvo. 


Acaparadores de tierra vienen apropiándose ilegalmente de los territorios que pertenecen a la comunidad indígena Nukak, obligándolos a desplazarse. Foto: Rodrigo Botero. 

Vallejo afirmó que esa acción popular usa como sustento, entre otros argumentos y pruebas, el incumplimiento del Gobierno a las sentencias de varias denuncias realizadas que también propendían por la preservación de la Amazonia colombiana, como es el caso de la tutela a partir de la cual la Corte Suprema de Justicia declaró a esta región estratégica como sujeto de derechos. 

"Si hay una tarea urgente en este país, incluso por encima de la implementación del proceso de paz, es la deforestación. La gente no logra imaginarse la dimensión del problema, al punto que la calidad del aire de Bogotá está directamente relacionada con las quemas de bosque en la Amazonia", aseguró.  

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El abogado es consciente que esta acción popular es muy ambiciosa, pero para él no es utópica, en la medida que este tipo de mecanismos judiciales comprometen a todas las partes a pensar en soluciones reales. "Resuelve problemas estructurales complejos", dijo. 

Vallejo aseguró que esta denuncia también alertaba sobre el grave riesgo de exterminio al que estaban expuestos los pueblos indígenas amazónicos por cuenta de la deforestación. "Hay casos muy relevantes como los Nukak y otras comunidades en aislamiento voluntario como las ubicadas en Chiribiquete", comentó el jurista, quien advirtió, además, sobre el imperante peligro de que se pierda el patrimonio cultural que se encuentra en la Amazonia colombiana.