Colombia podría perder cerca de un millón de hectáreas de bosque durante los próximos cuatro años, lo que representaría eliminar del territorio una mancha verde con más de 14 mil millones de árboles, animales y plantas y hogares de pueblos indígenas. Esa hecatombe ambiental podría materializarse con el cumplimiento de una meta del actual Plan Nacional de Desarrollo, la cual busca que la tasa de deforestación no supere el 23 por ciento, es decir 220.000 hectáreas boscosas anuales.

El cálculo fue hecho por Juan Pablo Ruiz, economista, ambientalista y consultor para el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, quien asegura que la meta de la carta de navegación del Presidente Iván Duque busca estabilizar la pérdida de bosque y no disminuirla: una propuesta que cataloga como inaceptable. “Si disminuye progresivamente el crecimiento de la tasa de deforestación hasta llegar a cero en 2022, eso indicaría acabar con más de 220.000 hectáreas de bosque cada año y cerca de un millón de hectáreas en todo el cuatrienio. Es necesaria una gestión política desde el Estado que nos permita generar un pacto nacional contra la deforestación, un compromiso de muchas entidades y no solo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”.

Sin embargo, lo que más afana al experto es que detrás de la deforestación en los últimos años podría haber algo oculto con tufo político, en especial en los territorios amazónicos: un proyecto de ocupación del territorio desde una perspectiva política, auspiciado por las personas que están adueñándose de la tierra. “Esos acaparadores de tierra claramente tienen proyecciones y propuestas políticas muy distintas a las que tenía las Farc en la zona. Entonces hay que preguntarse si la ausencia del Estado en las áreas de ampliación de la frontera agropecuaria y en las zonas más críticas por deforestación, es una consecuencia de una política de ocupación del territorio”.

Es necesaria una gestión política desde el Estado que nos permita generar un pacto nacional contra la deforestación, un compromiso de muchas entidades y no solo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”. Foto: Guillermo Torres/Semana.

Afirma que la deforestación ahora está acelerada en las zonas antes ocupadas por la guerrilla de las FARC, accionar que no es propiciado por campesinos en busca de tierras para sobrevivir, sino por gente adinerada, alguna del centro del país, que ha llegado a contratar familias para que tumben la selva y así apropiarse de estas tierras. “Con la salida de la guerrilla llegaron nuevos actores políticos a tomar control a esos sitios, que buscan la titulación por parte del Estado y tienen una intencionalidad territorial por medio de la apropiación y el dominio”.

Un Estado deforestador

Históricamente, según el ambientalista, el motor de la deforestación lo ha manejado el Estado, por lo cual está en sus manos acelerarlo o apagarlo. “Todo inicia con la ocupación de las zonas de reserva forestal contempladas en la ley segunda de 1959, que son transformadas en pastizales. Luego viene la sustracción del terreno por parte de la entidad competente, que si es aprobada ingresa a titulación. Esto da paso a una concentración territorial y a la expansión ganadera de grandes haciendas y hatos. Antes, este proceso lo hacían los colonos. Ahora es auspiciado por personas con grandes capitales de diferentes orígenes, que van financiando la ocupación del territorio buscando un título de propiedad y control político del territorio”.

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Complementa que para adjudicar baldíos, el Estado siempre consideró como condición que el solicitante llevara por lo menos cinco años ocupando y explotando sus predios, es decir deforestando bosque. “El haber deforestado al interior de las zonas de reserva forestal de manera previa a la sustracción, no debe considerarse una forma de ocupación o tenencia de buena fe. Por el contrario, si queremos parar la deforestación, el Gobierno debe anunciar a los cuatro vientos que deforestar en una zona de reserva forestal impide que el agente deforestador solicite título de uso o propiedad sobre esas tierras y que, deforestar allí, es un delito. Hay que estimular la conservación en parte de los predios a titular y definir compensaciones para apoyar al propietario en su aporte a la sostenibilidad del territorio, especialmente por servicios ecosistémicos asociados a la regulación hídrica”.

Ruiz hace un llamado para que el gobierno invierta los incentivos y valore la conservación de los ecosistemas naturales en los predios titulados, en lugar de impulsar la deforestación para justificar los procesos de titulación. “Deforestar en zona de reserva forestal no puede seguir como un argumento de tenencia, ni condición previa para solicitar o presionar por la titulación. Hay que invertir los valores desde las autoridades del sector agropecuario”.

Valorar el bosque

El primero de marzo de este año, las Naciones Unidas declaró al periodo comprendido entre 2021 y 2030 como la década de restauración de los bosques a nivel mundial, una decisión que tuvo su raíz por la importancia que representan estos ecosistemas para la regulación climática y por su rol para mitigar el calentamiento global.

Colombia, que cuenta con más del 50 por ciento de su superficie con ecosistemas naturales, tiene un gran capital para negociar en el contexto internacional. “Si el país logra conservar los bosques y frena su transformación en praderas, podría concretar compensaciones importantes por la regulación climática. Tenemos que pensar en términos a largo y plazo y en el beneficio de la población. Eso significa un pacto de Estado para defender nuestro capital natural”, indicó Ruiz.

Otra opción es el turismo ecológico, la segunda actividad que más generó ingresos a nivel mundial en 2017 después del petróleo. “Nuestro gran capital está en el desarrollo de alternativas de ecoturismo y agroturismo. Estudios de la Universidad de los Andes cercioran que un avistador de aves invertiría un 25 por ciento más por día para observar aves en Colombia de lo que paga en Costa Rica. Contamos con tierras donde hay especies que nadie ha observado antes y albergamos la mayor cantidad de aves en todo el mundo”.

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Por último, el docente afirmó que la conversión de los bosques en praderas genera un ingreso paupérrimo. “Si transformamos toda la Amazonia en praderas ganaderas con la misma capacidad de carga que tiene el piedemonte caqueteño, solo representaría 1,2 del Producto Interno Bruto del país (PIB). Destruir la Amazonia no significa desarrollo, sino la pérdida de un capital natural de suma importancia para el planeta y de gran potencial de uso y beneficio para Colombia si lo manejamos de manera adecuada.

Este es un producto periodístico de la Gran Alianza contra la Deforestación. Una iniciativa de Semana, el MADS y el Gobierno de Noruega que promueve el interés y seguimiento de la opinión pública nacional y local sobre la problemática de la deforestación y las acciones para controlarla y disminuirla.