Aprueban nueva consulta popular sobre proyecto petrolero en el Meta

“¿Está usted de acuerdo, ciudadano cumaraleño, con que dentro de la jurisdicción del municipio de Cumaral (Meta) se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria y producción de hidrocarburos?”.

Esta es la pregunta que el pasado 14 de marzo fue aprobada por el Tribunal Administrativo del Meta, con lo que le da vía libre a una consulta popular que se realizará en los próximos meses en este municipio ubicado a 25 kilómetros de Villavicencio, la capital del departamento.

Esta decisión se produjo tras una lucha que comenzó a mediados del año pasado, cuando varios líderes comunales se dieron a la tarea de recoger casi 2.000 firmas y con ellas solicitarle al Alcalde y al Concejo municipal que comenzara el trámite de una consulta popular para decidir sobre la ejecución del proyecto petrolero Llanos 69 en el territorio de Cumaral.

Le puede interesar: Consulta popular, el mecanismo para frenar la locomotora minero-energética

Según los demandantes, el contrato 009 de 2012 celebrado entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la empresa china Mansarovar Energy, que involucra 22.650 hectáreas de Cumaral y Medina, Cundinamarca, debe ser suspendido por el alto riesgo sísmico de la región y por tratarse de una zona de recarga hídrica muy importante del Pie de Monte Llanero.

Según el abogado Luis Arturo Ramírez, quien representa legalmente a las comunidades, las labores de la compañía Mansarovar Energy “se están haciendo en terrenos geológicamente inestables, sin los estudios pertinentes y poniendo en riesgo la estructura del terreno y generando un posible desastre natural”.

Otro argumento en contra de la actividad petrolera es que se están desconociendo la destinación y el ordenamiento territorial. "Nosotros no queremos que se cambie la vocación agro turística y ganadera del municipio por la explotación petrolera", explica Ramírez.

El siguiente paso luego de la aprobación de la pregunta será que el alcalde se ponga de acuerdo con la Registraduría y con el Consejo Nacional Electoral para decidir la fecha de la consulta y expedir un decreto que convoque a los ciudadanos a participar en la misma.