Casas por árboles: el desordenado crecimiento urbano en el oriente antioqueño

Rionegro, El Retiro, Guarne, La Ceja y Marinilla, son algunos de los municipios que conforman el oriente cercano antioqueño, una región que cuenta con una riqueza natural y un potencial hídrico gigantesco. En ella se encuentran los embalses Peñol-Guatapé, Las Playas, Punchiná, Riograndre II, Miraflores, Porce II y las represas de La Fe y Piedras Blancas; que abastecen el 40 por ciento de la energía de todo el país. Sin embargo, es en esta misma zona donde se vive uno de los mayores crecimientos urbanísticos del departamento.

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) seccional Antioquia, calcula que en 2017 se comercializarán 3.100 unidades nuevas de vivienda, cuando hace apenas siete años esa cifra anual no llegaba ni siquiera a 500. Según Eduardo Loaiza, gerente de dicha seccional, hoy existen 89 proyectos residenciales en ejecución y otros 30 a 35 para industria y comercio.

Este boom inmobiliario provocó un incremento cercano al 20 por ciento en la valoración del suelo rural en el oriente antioqueño, según la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia. Sin embargo,  quizás lo más preocupante es que la tasa de deforestación se ha elevado a cifras alarmantes. El anuario estadístico de la Gobernación de Antioquia reporta que solo entre 2012 y 2014 fueron deforestados 29,3 kilómetros cuadrados de bosque en esta zona.

¿Qué hacer?

Eduardo Loaiza, de Camacol, es optimista frente al futuro sostenible de este territorio, pese a que considera que el desarrollo económico vino primero que la planificación. “Los municipios de la subregión están trabajando en proyectos conjuntos que están por encima de sus divisiones geográficas y políticas, para buscar puntos en común que garanticen su crecimiento pero también el cumplimiento de compromisos de responsabilidad ambiental”, asegura.

Loaiza resalta el acompañamiento de la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare (Cornare). La entidad logró que 50 empresas de construcción acogieran un convenio de responsabilidad ambiental que incluye políticas y planes de acciones para prevenir, mitigar, controlar y compensar todos los posibles impactos que se derivan de sus actividades. Además crearon manuales para la expedición de licencias ambientales y la identificación de malas prácticas constructivas.

A pesar de todo lo anterior, Carlos Mario Montoya, secretario de Planeación de la Gobernación de Antioquia,  tiene una argumentación totalmente contraria. Asegura que la planificación territorial del oriente antioqueño se ha dado de forma desordenada, no ha habido control sobre la expedición de licencias urbanísticas, se ha construido en zonas de reserva y además, no ha existido una hoja de ruta compartida entre los municipios. “Cada uno ha tomado las decisiones por su cuenta, sin tener presentes las recomendaciones de las autoridades ambientales”.

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Montoya insiste en la necesidad de crear una especie de área metropolitana del oriente, pero esto no es tan sencillo pues “algunos temen perder la autonomía sobre sus territorios”. Sin embargo, los retos de la expansión inmobiliaria no dan espera y una de las preocupaciones de la Gobernación es la protección del recurso hídrico y en especial la accesibilidad de la población al agua potable, la regionalización de los servicios públicos y un sistema único de acueducto y alcantarillado. 

Todo lo anterior tiene que cumplirse, o sino, será imposible garantizar un crecimiento urbanístico adecuado para los próximos años. Por ejemplo, es vital que las Empresas Públicas de Medellín (EPM) concreten la adquisición de E.P. Río, empresa de servicios públicos de Rionegro, para asegurar la cobertura de agua en gran parte del oriente cercano antioqueño. Se requieren obras de infraestructura que podrían costar hasta 500.000 millones de pesos. Según Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM, hoy E.P. Río no tiene el músculo financiero para realizar las obras de infraestructura que permitan ajustarse al crecimiento urbanístico actual.

Involucrando a la academia

Alejandro Echeverry, director del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales (Urbam) de la universidad Eafit, asegura que poner de acuerdo a los diferentes municipios para solucionar los problemas que cruzan sus límites geográficos ha sido imposible. “La realidad avanza con mayor velocidad que las respuestas necesarias para que el oriente obtenga escenarios sostenibles de desarrollo. Creo que existe una presión inmensa por suplantar usos agrícolas en zonas de ocupación de los ríos Negro, Nare y sus afluentes, debido a intereses inmobiliarios”, afirma.

Según Camacol, el municipio de Rionegro, con cerca de 125.000 habitantes, es el que cuenta con más construcciones de vivienda, industria y comercio. El secretario de Planeación, Guillermo León Gómez, afirma que actualmente la ciudad revisa su Plan de Ordenamiento Territorial (POT) con una mirada a 30 años, priorizando cuatro proyectos: sistema de movilidad masivo (se destaca un tren elevado); un plan vial urbano, con prioridad para el peatón y los ciclistas; un sistema de acueducto urbano y rural y un programa de vivienda. El objetivo, dice, es que Rionegro se integre armónicamente con el Valle de Aburrá y el de San Nicolás para propiciar una planeación conjunta con los demás municipios.

Por su parte, en Marinilla la principal preocupación es la protección del agua, dado que su territorio ha sufrido la pérdida de cobertura boscosa y de humedales por cuenta de “prácticas inadecuadas antrópicas  como rellenos y construcciones ilegales”, afirma Liliana López, secretaria de Planeación del municipio.

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Según dice, los principales riesgos son la construcción de vivienda campestre y la producción agrícola. “Emplean prácticas que acaban con el suelo, como el uso desmedido de agroquímicos que contaminan nuestras fuentes hídricas”.

Alejandro Echeverry está convencido de que  el principal reto de sostenibilidad de la subregión es lograr construir un modelo de desarrollo sostenible que responda a la gran presión de los intereses económicos y a la capacidad de carga y las condiciones naturales de la población local.

El gran problema es que muchos de los crecimientos urbanísticos  regionales suelen darse antes de planear un desarrollo sostenible. Tristemente la capacidad de carga del entorno solo importa cuando ocurre una crisis en movilidad o prestación de servicios públicos que amenaza la calidad de vida de las personas.