El aval al gobierno nacional para que adelante proyectos piloto integrales de investigación de fracking (PPI), por parte de la comisión de expertos para la exploración de los yacimientos no convencionales, generó fuertes críticas por parte de los ambientalistas y un sector de la comunidad académica. 

Fue tal el descontentó que desde las universidades públicas surgió la idea de crear su propia comisión para entrar a debatir las recomendaciones hechas por los expertos y efectuar un acompañamiento a las comunidades de las nueve regiones en donde se han identificado yacimientos potenciales (Valle medio, superior e inferior del Magdalena, Ranchería (Cesar), La Guajira, Llanos Orientales, Catatumbo, Caguán (Putumayo) y Cordillera Oriental. 

Puede leer: Recomendaciones de la Comisión de Expertos sobre Fracking generan controversia

Juan Pablo Ruiz, economista de la Universidad de los Andes con maestría en Gestión Ambiental de la Universidad de Yale, y vocero de la comisión creada por el gobierno, le salió el paso a los cuestionamientos advirtiendo que las recomendaciones realizadas no son vinculantes para el Estado y que la implementación o no de esta técnica de extracción de hidrocarburos debe estar sustentada tras el cumplimiento de una serie de requisitos previos. 
En entrevista con Semana Sostenible, el también consultor en Medio Ambiente y Desarrollo para el Banco Mundial habló sobre lo que viene para el país en esta materia.  
Semana Sostenible: ¿Qué viene ahora para el gobierno nacional tras el informe de la comisión?
Juan Pablo Ruiz (JPR): Las recomendaciones que nosotros estábamos haciendo tienen tres etapas: una previa a un proyecto piloto de investigación, otra durante la ejecución como tal y una posterior.  
Semana Sostenible: ¿Qué compone la etapa previa?
 
JPR: Lo que nosotros detectamos es que efectivamente en este momento no hay una licencia social para hacer fracking y no existe porque las entidades gubernamentales no están cumpliendo de manera adecuada con la ley de transparencia y eso hace que el acceso de la sociedad civil y de las entidades interesadas en investigación a la información pública referida al tema, sea muy limitada y difícil de conseguir. De hecho a un miembro de la comisión le pasó. Él solicitó una información que sabía que existía y tuvo que argumentar varias veces que era integrante de este organismo para que se la dieran, eso ejemplifica que no se está cumpliendo la ley. Ese el primer paso que hay que cumplir antes de cualquier cosa.
Semana Sostenible: ¿Y luego?

JPR: Como el fracking es una técnica novedosa en Colombia se requiere un ajuste institucional para hacer idóneas esas entidades que deben encargarse de adelantar su seguimiento y control, eso significa que tenemos que superar muchas limitaciones que hoy existen frente a los yacimientos convencionales en términos de fiscalización. Para eso lo que nosotros proponemos es que se haga un diagnóstico de qué entidades deben mejorar en su capacidad técnica para que realmente la institucionalidad actúe como un sistema en el que unos le entregan la información a otros dentro de las mismas organizaciones gubernamentales. 
Semana Sostenible: ¿A nivel normativo se deben hacer cambios? 
JPR: Falta también capacidad para hacer cumplir la normatividad, porque el otro punto que nosotros detectamos es que previo al proyecto piloto, en el que se haría fracking, hay que hacer los ajustes. Es necesario que la legislación ambiental sea modificada para este tipo de actividad. Aunque existe un interrogante, pues en este momento el Consejo de Estado plantea que la legislación actual es insuficiente para garantizar que no van a existir impactos ambientales, los cuales podrían controlarse si la normatividad es de mejor calidad. Esto quiere decir que además de mejorar la capacidad de seguimiento de las instituciones, hay que hacer los ajustes normativos del caso. Nosotros encontramos en la comisión, por ejemplo, que existen ciertos cambios sobre el manejo de aguas que habría que efectuar para hacer más idónea esa legislación.
Semana Sostenible: ¿Y las comunidades?

JPR: Paralelamente se debe estar gestionando lo que llamamos nosotros la licencia social para el proyecto piloto de investigación, porque de lo que se trata es que sea una iniciativa abierta de explotaración, transparente en cuanto a lo que se está haciendo, que le dé participación a las comunidades en su ejecución y, obviamente, que se informe de qué está pasando y qué tipo de efectos se están generando. 
 
Semana Sostenible: ¿Qué se persigue con este proyecto de investigación?

JPR: La intención de este piloto básicamente va en dos líneas fundamentales. La primera busca completar la información biogeográfica y física, la cual aún es insuficiente, porque así hagamos público lo que hoy tenemos, es indispensable complementarla. El primer objetivo del proyecto piloto es complementar la información. En segundo lugar, es necesario ir desarrollando todas las capacidades institucionales requeridas para poder hacer seguimiento ante un posible fracturamiento comercial, de tal suerte que se garantice que las tecnologías que se vayan a utilizar sean las de menor impacto. Además se debe determinar dónde se pueden usar y en qué territorios, porque el nivel de sismología de un lugar o las características de un acuífero cambian y de acuerdo a eso debe haber restricciones. 
Semana Sostenible: Usted ha dicho que durante la ejecución del proyecto se tienen que ir mejorando las capacidades institucionales ¿A qué se refiere?

JPR: Nos referimos a unas instituciones que tengan capacidades similares a aquellas que están en los países donde se está haciendo fracking, bien sea exploratorio o comercial. Esta técnica de extracción en Estados Unidos, por ejemplo, tiene una legislación que se ha ido mejorando y volviendo más estricta en la medida que ha avanzado la experiencia, mientras que en el caso de Alemania hay restricciones muy fuertes respecto a dónde se puede hacer y dónde no. Lo importante en todo este proceso es que existe un condicionante en todos los países, tanto en Europa como en Australia y Norteamérica y es que las poblaciones locales deben estar de acuerdo con que ese proyecto se adelante allí. ¿Qué quiere decir eso? Se debe hacer un esfuerzo por informar adecuadamente a las comunidades respecto a lo que se va a hacer y cuáles son los riesgos. La meta es acordar con la gente una estrategia para que, si efectivamente se va a adelantar el fracking comercial, haya también beneficios económicos al rededor de esa actividad para las comunidades. 
Semana Sostenible: ¿Al término del piloto qué pasará?

JPR: Después de que se ejecute el proyecto de investigación pasaremos a valorar qué resultó de ese proceso y qué condiciones existen para  poder entrar a definir una etapa de exploración de carácter comercial, tras cumplir con los principios de precaución. Se debe determinar, además, dónde sí y dónde no. 
En la Biblioteca Virgilio Barco de Bogotá fueron entregadas las recomendaciones por parte de los 13 integrantes del comité. Foto: Mauricio Flórez/Semana.
Semana Sostenible: Algunos ambientalistas y académicos aseguran que fue muy poco el tiempo para realizar unas recomendaciones sobre un tema tan trascendental. ¿Ustedes qué opinan de eso?

JPR: Lo que nosotros estamos haciendo no tiene el carácter de vinculante para el gobierno, es un concepto del comité. Naturalmente que no tiene la complejidad que han tenido los estudios realizados en otros países, pero tienen, de alguna manera, la información de ese recorrido previo que hubo en esas naciones. Ahora, eso mismo nos lleva a ser muy precavidos y muy conservadores en término de las recomendaciones que hemos hecho. Eso también nos lleva a señalar que, dado que no existe una licencia social para la implementación de esta  técnica, es necesario avanzar en la ilustración, dando cuenta de cómo ha evolucionado la tecnología del fracking desde año 2010 al 2018, porque muchos de los impactos ambientales que se asocian, por ejemplo, a la sismicidad o a la contaminación del agua se presentaron efectivamente por el fracking, pero también se han registrado gestiones tecnológicas para evitarlos en etapas posteriores y se han logrado, lo cual no quiere decir que los riesgos se hayan reducido a cero, pero sí se han mitigado. Por eso mismo tenemos que garantizar que existen las condiciones para manejar ese riesgo, de tal suerte que sean aceptables no solo para las comunidades locales, sino también para el país en general.
  
El tiempo que nosotros empleamos (tres meses) es muy inferior a la de esos otros estudios, pero el punto clave, pienso, es que las recomendaciones que estamos haciendo no se centran en "arranque y haga fracking", sino dijimos que se debían cumplir ciertas condiciones previas a un proyecto de investigación y luego un piloto. Esas dos etapas completas pueden tardar en ejecutarse unos tres años. Luego de ejecutadas estaremos en la capacidad de definir si se implementa o no esta técnica de extracción en el país. 
Semana Sostenible: Se dice que nueve de los 13 integrantes de la comisión tienen vínculos muy cercanos con sector petrolero y que eso hace que no sea tan independiente como se necesitaba. ¿Qué piensa sobre eso?
JPR: Nunca se desconocieron los antecedentes profesionales de cada uno de los integrantes del comité, que en algunos casos eran antagónicos, razón por la cual durante la discusión hubo una apertura de todos los miembros en el propósito de llegar a una propuesta en consenso, entonces yo diría que el resultado de las deliberaciones y el trabajo del comité, muestran realmente que lo que estamos presentando surge de aproximaciones y disciplinas diversas, a pesar de las diferencias. El documento final será entregado en una semana o dos. 
Semana Sostenible: También se cuestionó la baja participación de las comunidades en el proceso de realizado comité. ¿Qué opina usted sobre eso?
JPR: Lo que nosotros hicimos no fue una consulta popular, realizamos sencillamente unas vistas a las regiones para captar el sentir de diferentes grupos de interés, unos positivos y otros negativos respecto al fracking, y la conclusión, que se convirtió en el punto de partida para nosotros, es que en la zona del Magdalena Medio, que fue donde hicimos la vista, no hay licencia social en este momento para el fracking, aunque no quiere decir que todo el mundo diga que no, pero sí podemos señalar que mayoritariamente no existe aprobación por el tema de la falta de información, así como por la existencia de algunos pasivos ambientales que se tienen en las comunidades y que no han sido solucionados adecuadamente por la falta de gestión estatal.
Nosotros de ninguna manera pretendimos hacer una consulta popular, sin embargo, las visitas que hicimos nos dieron la suficiente ilustración e información para entender que el primer paso es la gestión de una licencia social. 
Semana Sostenible: ¿El gobierno como tal será el encargado de hacer el proyecto piloto o lo puede efectuar un tercero?
JPR: Hay una combinación de opciones, en algún caso el Servicio Geológico Colombiano o el Ideam podrían hacer algo, pero si no lo hace el Estado, lo podría desarrollar el sector privado, aunque el resultado de esa investigación, y esa fue otra de las recomendaciones que hicimos, debe ser verificada por las autoridades e instituciones nacionales para recibir o no el aval. Una vez analizadas podrán ser utilizadas como una información oficial y, al mismo tiempo, debe ser publicada.