Cada vez se suman más voces y conceptos en torno a la inconveniencia de desarrollar proyectos de megaminería en el municipio de Jericó, en Antioquia.

Durante años habitantes de la zona, ambientalistas y representantes de la sociedad civil han insistido en la inconveniencia de que la multinacional AngloGold Ashanti, desarrolle allí el proyecto Quebradona, dirigido a minería subterránea de cobre, oro, plata y molibdeno.

Las manifestaciones en contra de la iniciativa, que hoy está en manos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), quien debe otorgar la licencia para dar vía a la obra, no se han hecho esperar y se sustentan en estudios técnicos realizados que determinan las implicaciones negativas que el proyecto tendría desde el punto ambiental y social, así como económico en el largo plazo. 

Uno de los más recientes fue contratado por Comfama, una de las cajas de compensación familiar más importantes de la región, que adelantaba en la zona la construcción de un parque ecoturístico, el cual decidió suspender por considerar que este no podría funcionar si el proyecto minero se lleva a cabo. 

Uno de los argumentos de esta entidad, luego de contratar y dar a conocer los estudios técnicos correspondientes, es que la minería generará efectos negativos en temas paisajísticos, ambientales y sociales; que terminarían impactando su proyecto. 

Son varios los aspectos que analizan los estudios contratados por la caja de compensación.

Una de sus principales conclusiones es que existen inconsistencias en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por AngloGold Ashanti a la Anla, pues de acuerdo con el informe dado a conocer por Comfama, los impactos a perpetuidad más graves para el suroeste de Antioquia serían:

- La importante reducción y posible contaminación de sus fuentes de agua
- La devastación del paisaje
- La reducción de su fauna y flora
- La destrucción de su tejido social y de las vocaciones de sus comunidades.

Asimismo, aseguran que las afectaciones podrían ser mayores a causa del cambio climático, aspecto que la multinacional no tuvo en cuenta en las modelaciones del EIA que entregó a la autoridad de licencias ambientales.

Afectación a las fuentes de agua

Específicamente en lo referente al agua, señalan que el EIA presentado por la minera ante la Anla, toma dos modelos aislados e independientes en materia de hidrología e hidrogeología, sin atender a la evidencia del comportamiento interdependiente de esos sistemas, alterando o influenciando el resultado científico de su análisis. 

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Al valorarlos de forma dependiente, se proyectaron los impactos del proyecto minero sobre el agua superficial en dos cuencas: Guamo y Quebradona. Esta segunda podría secarse, con las afectaciones que esto representa para los ecosistemas. En los informes también se confirma la disminución de los caudales del río Piedras, Quebrada La Fea y Vainillala. Todo este sistema hídrico nutre las veredas de la región y está conectado con el río Cauca.

Otro tema analizado es el del paisaje. Según el informe, el depósito de relaves, es decir, los desechos extraidos de la tierra, se convertiría en una montaña de material tóxico con una altura similar a la de la Piedra del Peñol (220 metros), con una ocupación de 160,2 hectáreas, un área equivalente a casi 200 canchas de futbol.

A esto se le suma, según el estudio, el hundimiento de 72,8 hectáreas en la parte alta de la Peña (vereda Quebradona). Estos dos elementos, destruirán el paisaje del territorio, afectarán la biodiversidad e implicarán una pérdida de bosque, ecosistema y suelo productivo. 

Los estudios también determinan que más del 80 por ciento de la flora y fauna de la zona del valle dependen del acceso al agua, en caso de desarrollarse el proyecto minero, su supervivencia y regeneración estarían en peligro. En cuanto a la pérdida estimada de biodiversidad, bajo un escenario severo, podrían desaparecer el 75 por ciento de los mamíferos, 40 por ciento de las aves y 88 por ciento de anfibios y reptiles.

Estos daños se extenderían en corredores biológicos de especies endémicas, protegidas y en peligro, así como a un Área Internacional de Conservación de Aves (AICAS), en donde se desarrollan actividades de avistamiento y ecoturismo de los municipios de Támesis y Jericó.

Comunidades se oponen a desarrollo del proyecto minero Quebradona. Foto: Archivo Semana

El informe presentado por la Caja de Compensación sugiere que las poblaciones de Támesis, La Pintada, Fredonia y Tarso, estarían más cerca de la mina que, incluso, Jericó, por lo que deberían ser incluidas como comunidades impactadas dentro del proyecto minero de AngloGold Ashanti.

"Creemos que el informe presentado por Comfama representa una gran oportunidad para que las comunidades en el Suroeste, Antioquia y Colombia conozcan de parte de una entidad neutra y sin ánimo de lucro las múltiples afectaciones que representa el proyecto de AGA en el territorio", dice Claudia Vásquez, directora de la Mesa Técnica del Suroeste de Antioquia. La directiva expresó que muchas de estas preocupaciones ya las había alertado Corantioquia en su informe.

"Sabemos que, a diferencia de la minera, la caja de compensación permanecerá aquí, como lo ha hecho desde hace muchos años y esperamos que el proyecto ecoturístico pueda desarrollarse en otro lugar de la región, pues esto es una apuesta por el desarrollo empresarial del siglo XXI, que es consciente de la posibilidad de generar desarrollo y bienestar en conjunción con la protección de la naturaleza", manifiesta.

En búsqueda de licencia social

El economista y empresario, José Roberto Arango, considera que los estudios técnico son muy dicientes y el Gobierno debería tener en cuenta esta información. 

Arango cuestiona los procedimientos de la empresa, por consierar que sin tener aún el aval del gobierno, ya da el proyecto como un hecho y por eso su empeño en prometerles a las comunidades. "Lo que está haciendo la empresa es tratar de comprar la licencia social y por ello de forma permanente realiza promesas en torno a los que construirá allí a las comunidades. El último anuncio se centra en la edificación de un megaparque dinámico que contaría con múltiples servicios para beneficios para los habitantes de la región", manifiesta. 

Dice que las cicatrices que dejaría un proyecto de esta naturaleza serían eternas.  "No entiendo porqué en Colombia no existen las valoraciones económicas y no las financieras donde el Estado recibirá unos recursos durante un tiempo y no se tienen en cuenta los perjuicios económicos que se generan a perpetuidad". 

"Los que queremos la naturaleza y vemos el daño que se avecina con el cambio climático estamos en esta lucha y yo voy a seguir en la misma y seguiré apoyando a las comunidades de la región, pues considero que aquí se están presentando muchas irregularidades que el Gobierno debe investigar".

A juicio de Arango, hay un tema importante y es que la minería tiene como negocio demandar al Estado y por ello esta empresa insiste en su proyectos y como no los puede realizar después demanda a la Nación. Para este empresario, reconocido por sacar adelante empresas en dificultades, pretender botar 120 millones de toneladas de escombros en donde hay una falla geológica, es un absurdo.  

El ex ministro de ambiente, Manuel Rodríguez, también de manera permanente ha expresado su rechazo a que el sureste antioqueño se convierta en un distrito minero, tal como lo ha dicho la empresa en diversas oportunidades. "Esperemos que ese distrito minero no lo apruebe el gobierno pues sería el deterioro y la destrucción de una bella región con otra vocación", manifiesta.

En medio del permanente rechazo a la iniciativa, recientemente la Procuraduría General de la Nación le pidió a la Anla realizar una audiencia pública para efectuar dicho trámite.

En carta enviada al director de la autoridad ambiental, Rodrigo Suárez Castaño, el ente de control advirtió que existen voces de inconformidad en las comunidades potencialmente afectadas por el desarrollo de esta iniciativa exploratoria.

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En su comunicación a la Anla, el ministerio publico dijo que la Corte Constitucional estableció que el subsuelo y los recursos naturales no renovables son propiedad de la Nación, pero no aclaró los procedimientos para concertar ni resolver los conflictos socio-ambientales que se generan entre entes territoriales, comunidades y Nación.

Advirtió que no es posible desconocer que para la ejecución de actividades extractivas es indispensable implementar acciones puntuales en la superficie. “En la práctica no es factible desarrollar actividades mineras sin generar impactos en el suelo, impactos de carácter ambiental, social, económico, paisajístico, cultural e incluso afectaciones en la cosmovisión de los habitantes de la región, al igual que alteraciones a sus usos, prácticas, modos locales de producción y tradiciones”.