Doce meses tendrá el Ministerio de Ambiente, las alcaldías de 13 municipios de Santander y tres de Norte de Santander, así como las gobernaciones de estos dos departamentos para adelantar nuevamente la delimitación del páramo del Almorzadero.  

Un fallo en segunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Santander dejó sin efecto la Resolución 152 de 2018, por medio de la cual se delimitó ese ecosistema intertropical, obligando a las autoridades a efectuar el proceso otra vez.

Le sugerimos: Descubrieron al cangrejo mandarina debajo de las piedras en Santander

Para el órgano judicial, la población que habita y reside en inmediaciones al páramo no fue tenida en cuenta, tal y como lo denunció la Asociación de Mujeres Campesinas y Artesanas del Cerrito, Asomuarte, conformada por 250 personas. Ellas interpusieron varias acciones de tutela al principio de este año, ante el juzgado promiscuo del circuito de Málaga y el juzgado tercero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bucaramanga, asesoradas por la facultad de derecho y el Consultorio Jurídico de la Universidad Industrial de Santander, UIS, en las que manifestaron que en la delimitación realizada por el Gobierno nacional no hubo participación activa de la comunidad.  

Cristina Obregón, vocera de Asomuarce, aseguró que no están en contra de la conservación del páramo, pero consideran que tienen derecho a seguir viviendo allí. "Queremos desarrollar propuestas de producción sostenibles, basadas en la protección, es decir, producir limpiamente sin afectar el medioambiente", dijo. 

Le recomendamos: Santurbán sigue en el limbo

La líder comunitaria de la asociación que se dedica a cultivar tomate de árbol y uchuva, al igual que a la elaboración de artesanías en lana, hizo un llamado a que las comunidades de los cascos urbanos y ciudades que se benefician del agua que se produce en el páramo, no la contaminen y contribuyan también a su preservación. 

De esta manera, la delimitación del páramo del Almorzadero, que se había dado a conocer el 20 de enero de 2018, quedó sin piso jurídico, tal y como sucedió con la de Santurbán. Hasta ahora, el área protegida era de 157.798 hectáreas. 

Existe el riesgo de que otras delimitaciones corran con la misma suerte, tras las sentencias de los procesos que se encuentran en trámite