El 16 de julio de este año era el plazo dado por el Tribunal Administrativo de Santander al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para entregar la nueva delimitación del Páramo de Santurbán. Sin embargo, este martes se conoció la solicitud de prórroga que la cartera presentó ante el órgano judicial.  

Según lo comunicado por el Tribunal,  mediante un memorial con fecha del 9 de julio de 2019, el Ministerio de Ambiente presentó actualización del cronograma de cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017, en el que fija nuevas fechas para las etapas de consulta, concertación, y la expedición de la resolución con la nueva delimitación del Páramo de Santurbán, quedando esta para el 18 de diciembre del presente año. 

Esto se conoce a pocos días de que se venciera el plazo otorgado a la cartera, luego de que en noviembre de 2018 pidieran una primera ampliación del tiempo. Según miembros de la comunidad de la provincia de Soto Norte esto era predecible. “No se veía luz verde por parte del Ministerio, pues aún no han  iniciado las fases de concertación entre las autoridades y los participantes. Hasta ahora vamos como en la tercera fase de siete que se supone son. Esa es una noticia que no sabemos si es buena o mala, porque quienes vivimos en el área seguimos en la misma incertidumbre”, afirmó Hugo Lizcano, alcalde de California.  

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De esta forma, el Ministerio tendría seis meses más para finalizar la tarea. Pero, ¿por qué hay que hacer una nueva delimitación?, ¿Qué está en juego alrededor del Páramo de Santurbán, el único que junto con Pisba aún no define sus linderos? 

Santurbán: vuelve y juega

La telenovela comenzó alrededor de 2011 cuando el gobierno nacional habló de la necesidad de legislar en favor de la protección de estos ecosistemas vitales para la supervivencia en la tierra. Entonces se planteó la misión de delimitar los 37 complejos paramunos del país. El Instituto Humboldt fue la institución asignada para liderar el encargo.

De esta forma, en 2014, a través de la resolución 2090 se marcaron los límites del Páramo de Santurbán. Allí se definieron 98 mil hectáreas destinadas a la conservación. Una decisión cuestionada por diferentes sectores, incluso desde el proceso de demarcación del territorio.

Para Erwing Rodriguez-Salah, líder santandereano que ha encabezado la lucha por el agua del páramo, lo que se hizo en ese momento fue una delimitación político- minera. “Se dejaron por debajo de la línea por lo menos 30 mil hectáreas, una extensión que favorece las concesiones ya otorgadas a grandes empresas para extraer oro en la zona”.

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Una decisión que no ha dejado contento ni a grandes ni a chicos. Por una parte, le ha causado al país grandes demandas como la interpuesta por la multinacional Eco Oro por cambiarles las reglas del juego y hacer inviable el proyecto Angosturas. Pero, además ha generado gran incertidumbre a,  por lo menos, 30 mil personas que habitan en la provincia de Soto Norte, en municipios como California, Vetas y Suratá, tradicionalmente mineros.  

Una sentencia que divide

La discusión alrededor de Santurbán se ha plantado en términos de ¿agua u oro? Multitudinarias marchas se han tomado la capital santandereana exigiendo que se respete el derecho a un ambiente sano, a la salud y que se garantice la protección del recurso hídrico. Sin embargo, para quienes han vivido desde hace más de 500 años en la zona del páramo, su lucha ha sido otra: que la gente de las áreas metropolitanas entiendan su herencia minera.

Desde 2011 se han realizado muchas protestas contra la minería en Santurbán. Foto: Mauricio Flórez

En medio de esta disputa, que amplifica su volumen en algunos momentos, la Corte Constitucional en 2017 emitió la Sentencia T-361, la cual dejó sin piso jurídico la Resolución 2090 de 2014, que establecía la delimitación del ecosistema, pero que según la alta Corporación no tuvo en cuenta la participación de las comunidades y tiene deficiencias en los estudios técnicos. 

El fallo de la Corte se dio luego de que los habitantes de la zona, a través del Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán, interpusieran una acción de tutela con el fin de reclamar los derechos que consideraban se les habían violado. Desde ese momento han pasado dos años dando seguimiento y respuesta a lo planteado por la Corporación. Acciones que deben finalizar con la nueva delimitación.

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Aunque se han surtido los trámites de consulta en más de 40 municipios, aún quedan citas por cumplir y trabajo por hacer, razones que llevaron a la cartera ambiental a pedir una nueva prórroga.  

Las propuestas

Entre lo que los habitantes y beneficiarios del páramo le han solicitado al gobierno estaba la opción de pedir más tiempo al Tribunal. Así lo manifestó Rodríguez- Salah, quien fue uno de los accionantes de la tutela. “Nosotros le pedimos al Ministro que ampliara la fecha para la delimitación porque no iban a alcanzar a tener los estudios técnicos de hidrología e hidrogeología terminados”, afirmó.

Así mismo, también han hecho una propuesta alternativa que busca salvaguardar el ecosistemas, pero también darle alternativas a quienes habitan en la zona. “Para nosotros debe darse una mayor inversión del Estado a los municipios de Soto Norte y poder hacer una sustitución de sus actividades mineras por otras que no pongan en riesgo el agua que surte a Bucaramanga y municipios vecinos, así como hacerse una reconversión de las actividades agropecuarias que se desarrollan en las zonas de páramo”, explicó Rodríguez - Salah.

Frente a esta postura, el alcalde de California manifestó que justo los recursos económicos para desarrollar proyectos productivos alternativos es una de las cosas que más les preocupa. “La fase de financiación es la última en todo este proceso de nueva delimitación, y es a mí parecer la más importante, porque con qué van a llevar a cabo todo lo que dicen. Los municipios no cuentan con presupuestos que puedan garantizar realmente una economía dinámica si ya no se va a poder hacer minería ni agricultura”, dijo el primer mandatario.

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Pero, no es la única crítica. El ingeniero Fabio Maldonado, representante de la fundación Gran Pacto Social, también manifestó que en muchos casos, los proyectos que los gobiernos nacional y departamental han propuesto riñen con la vocación de conservar. “Vi como con la antigua delimitación los representantes del gobierno dieron recursos para desarrollar proyectos caprinos y de aguacate. Dos actividades que van en detrimento del páramo. Incluso hasta un tractor alcanzaron a dar”, afirmó.

Maldonado también dijo que aunque por un lado ampliar el plazo es bueno, pues garantiza que se lleven a cabo todas las fases propuestas, también es inconveniente al prolongar la incertidumbre de los pobladores de municipios como Vetas, California y Suratá. “La verdad es que en estos lugares la preocupación es mucha. Los grupos ambientalistas han solicitado que se amplíe el área de páramos, no hay certezas y eso perjudica, por ejemplo, en la planeación, los esquemas de ordenamiento territorial se quedan sin piso. Estamos en etapa de elecciones a las alcaldías, entonces si no hay seguridad de la línea en qué basan los candidatos sus programas de gobierno, si una posible ampliación de la línea de páramos los dejaría a ellos sin capacidad de maniobra en los estatutos municipales”, explicó.

Más del 70% del municipio de Vetas, Santander está dentro de la actual línea de páramo. Foto: Archivo Semana

Según Ricardo Lozano, ministro de Ambiente, sobre su escritorio hay 3.200 propuestas. “Estamos en el proceso de análisis y ya empezamos el ejercicio de integrarlas, para muy pronto presentar una propuesta general”, afirmó refiriéndose a tender en cuenta lo que las comunidades han dicho.

De esta cantidad se conocen algunas, que a grosso modo según el alcalde de California y Fabio Maldonado se resumen en: bajar la línea a 2.000 metros sobre el nivel del mar, lo que terminaría de incluir el casco urbano de California y Vetas en el área de páramo. O que por lo menos, la línea se marque por debajo de las bocatomas del acueducto de Bucaramanga, para garantizar que el agua no sufra ningún daño. “Esta es la peor opción, porque es desaparecernos, acabar con nosotros y la única razón es porque somos mineros”, dijo Maldonado.

Las otras opciones es dejar la línea como está, y la que piden los pueblos tradicionalmente mineros es que se les liberen algunas hectáreas, entre 300 y 500, para que puedan realizar actividades de minería ancestral y tradicional. 

¿El futuro de la minería a gran escala?

Aunque los representantes de los municipios de Soto Norte piden de se deje de lado, un poco, el tema de la multinacional Minesa y de la minería a gran escala en inmediaciones del páramo para evitar mayor polarización, los accionantes de la tutela insisten en que es un punto clave.

De acuerdo con lo planteado por Rodríguez Salah, también le pidieron al ministro Lozano que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, no expida licencias ambientales para la explotación  en la zona hasta que la cartera de Ambiente no haya delimitado de nuevo Santurbán.

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Y es que, en este instante Minesa, por ejemplo, se encuentra a la espera de que la Anla, le otorgue la licencia ambiental. Si bien el proyecto de esta empresa está por fuera de la línea de protección, ambientalistas consideran que cualquier afectación a la montaña, puede terminar impactando los nacimientos de agua.

De esta forma, las cartas están echadas, pero aún falta mucho para que se defina la partida. Los ambientalistas creen que en seis meses el Ministerio tampoco alcanzará a hacer los estudios científicos requeridos, y los habitantes de Soto Norte insisten en que su economía no aguanta más tiempo en este limbo.