Ante la Secretaría General del Senado fue radicado un proyecto de ley que busca reformar el Código Penal para endurecer las penas en contra de quienes se dediquen al comercio ilegal de aletas de tiburón, también como aleteo, práctica que consiste en cazar indiscriminadamente a esta especie de peces para cortar sus aletas y luego devolverlos al mar, en donde finalmente mueren desangrados o devorados. 

El proyecto, presentado por el partido Centro Democrático, plantea penas entre los 4 y 9 años de cárcel. "Con esta iniciativa se busca proteger los tiburones y aportar herramientas legales a las autoridades para sancionar a personas y organizaciones dedicadas a esta práctica", indicó ese movimiento político en un comunicado de prensa. 

Esta colectividad agregó que el propósito que persigue este articulado es contribuir con la preservación del ecosistema y aportar a la seguridad alimentaria de los colombianos, precisando que con esta iniciativa no se pretendía afectar a los pescadores tradicionales, sino castigar a quienes ejercían el aleteo como tal.  

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Ahora el proyecto deberá surtir los respectivos debates en el Congreso de la República para poder ser promulgado como ley nacional. Esta iniciativa surge tras la polémica desatada por la Resolución 350 de 2019, del ministerio de Agricultura, que estableció las cuotas globales de pesca en el país para 2020, incluidos los tiburones y sus aletas. 

Se trataba de 125 toneladas de tiburón y 5,2 toneladas de aletas de esta especie en el mar Caribe, así como de 350 toneladas de tiburón y 9,9 toneladas de aletas en el océano Pacífico.

La medida fue duramente cuestionada por los colectivos ambientalistas y la academia que consideraban que faltaban estudios científicos de las poblaciones de peces amenazadas, así como mecanismos efectivos de control, monitoreo e investigación de las demás especies. Además, porque -según estos- se iba en contra de las tendencias nacionales e internacionales sobre la conservación y la sostenibilidad de los ecosistemas pelágicos, es decir, cercanos a la superficie.

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La Fundación Marviva, por ejemplo, recomendó derogar la resolución, al igual que las universidades de los Andes, Javeriana y del Rosario, al señalar que dentro de la lista de los tiburones que se podían pescar y aprovechar, al menos cinco se encontraban en estado de amenaza y no deberían ser comercializadas (Sphyrna lewiniSphyrna mokarranSphyrna zygaenaCarcharhinus falciformis y Alopias pelagicus), según la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (IUCN) y el Libro Rojo de Peces de Colombia.

Sobre el particular el Gobierno nacional afirmó que se mantuvo la cuota de pesca de tiburón que se venía estableciendo desde hacía nueve años. "El hecho de que haya especies de tiburón amenazadas no quiere decir que no puedan ser comercializadas. Se podría hacer, obviamente, en un escenario en el que lleguen los tiburones con las aletas adheridas al cuerpo, por eso se vienen estableciendo cuotas de pesca desde el año 2011", manifestó Andrés Valencia Pinzón, ministro de Agricultura, en su momento. 

El funcionario agregó que con la implementación de esa cuota se buscaba precisamente evitar el aleteo. "Queremos precisar con la resolución que existen unas prácticas de aprovechamiento del tiburón que son permitidas en la pesca incidental artesanal y otras que no. En Colombia, por ejemplo, está proscrita la práctica del aleteo en el marco jurídico", explicó. 

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El jefe de esa cartera consideró que frente a la última resolución expedida se generó una mala interpretación, pues lo que se buscaba era precisamente controlar y regular aún más el comercio de las aletas en Colombia. Informó, además, que con esos cupos se buscaba poner límites y garantizar la sostenibilidad de los tiburones, aunque aceptó que hacía falta reforzar los controles y los monitoreos. 

Esta controversia dejó al descubierto un oscuro negocio: el tráfico ilegal de aletas de tiburón hacia mercados asiáticos que podría estarse generando desde el país. Pese a que la exportación de estas partes de los peces se encuentra prohibida en Colombia desde septiembre de 2017, existen indicios de que podrían estar saliendo por territorio ecuatoriano o panameño.  

"A través de Tumaco sale mucho producto ilegal hacia Ecuador. Es posible que por ahí también esté saliendo aleta de tiburón", comentó Nicolás del Castillo, director de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Aunap. 

Ahora habrá que esperar qué sucede con la iniciativa presentada por el mismo partido de Gobierno, la cual entra controvertir la decisión tomada por el ministerio de Agricultura.