A través de varios informes de la Procuraduría y la Contraloría General de la Nación se ha podido advertir, a lo largo de los últimos años, que algunas Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) terminaron convertidas en fortines políticos.

Muchos de los líos que enfrentan algunas de estas corporaciones -que en el país son 33- tienen que ver con el manejo de recursos, la transparencia en los procesos, las omisiones en el cumplimiento de sus tareas y, en ciertas ocasiones, con casos de corrupción.

En julio de 2018, por ejemplo, la Contraloría dio a conocer el informe de una serie de auditorías realizadas a diez CAR del país, durante el primer semestre de este año, en las que encontraron hallazgos fiscales por 100 mil millones de pesos. 

En el estudio el órgano de control advirtió que el despilfarro y la desviación de recursos existente en estas autoridades ambientales no permitían inversiones efectivas enfocadas hacia los recursos naturales y el ambiente de los territorios a cargo de estas entidades. 

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La Contraloría encontró deficiencias en el manejo de los recursos públicos, destacando casos como los de la Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC) que invirtió en el sistema financiero billonarios recursos que se le habían entregado hace unos años para adelantar la ejecución de los proyectos ambientales y el tratamiento del río Cauca, así como el de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) que mostró una baja ejecución presupuestal y una marcada concentración de contratos. 

Entre tanto, la Procuraduría General de la Nación, dio a conocer en julio de este año que venía adelantando 398 acciones preventivas y disciplinarias en las CAR por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo fiscal y administrativo de dichas corporaciones.  

Según el órgano de control en esa entidad cursaban para esa fecha, 72 quejas contra las CAR y se adelantan 256 indagaciones preliminares, 43 investigaciones disciplinarias y 27 acciones preventivas en los territorios. 

"Para nadie es un secreto que las CAR están hipotecadas a los poderes políticos locales y eso ha hecho que se desvíe de su naturaleza jurídica y misional. El país requiere de entidades que por encima de los intereses políticos regionales, respondan por la verdadera misión por la cual fueron creadas, como es la protección y el control del medioambiente”, mencionó Fernando Carrillo, procurador General de la Nación, el pasado mes de octubre.  

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Para contrarrestar esta problemática el Ministerio de Ambiente y el Partido Cambio Radical presentaron dos proyectos de ley que están en trámite en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, a través de los cuales buscan reformar y otorgar mayor gobernabilidad a estas autoridades ambientales.

Ambos coinciden en varios puntos como, por ejemplo, someter el cargo de director de estas corporaciones a concurso.

La iniciativa presentada por el Ministerio plantea la realización de una convocatoria pública, durante diez días, para los interesados a optar por el cargo de director general. Los aspirantes, además, deberán presentar varios tipos de pruebas que van desde competencias básicas, funcionales y comportamentales hasta de valoración de formación y experiencia acreditada adicional.

El proyecto también establece que para adelantar este proceso las corporaciones deberán contratar una entidad acreditada por la Comisión Nacional del Servicio Civil, la cual entregará una lista de nombres que no podrá ser inferior a tres ni superior a cinco de los aspirantes que hayan obtenido los mayores puntajes.

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La propuesta además aumenta los requisitos para ocupar el máximo cargo de las CAR, al pasar de exigir 4 a 8 años de experiencia. De ese tiempo el aspirante deberá acreditar 42 meses de experticia profesional relacionada con la gestión ambiental, así como haber desempeñado cargos directivos o gerenciales durante un lapso de 18 meses como mínimo.

Adicionalmente en la apuesta del Ministerio se estipula la reglamentación de los consejos directivos de todas las CAR, al igual que la incorporación de nuevos integrantes, quienes no podrán ser reelegidos como actualmente ocurre a perpetuidad.

Se trata de dos delegados de las entidades científicas adscritas y vinculadas al Ministerio de Ambiente (institutos), así como de un representante de las universidades.

Así mismo, se prevé que las corporaciones implementen una estrategia de transparencia, a partir del acceso a la información pública y la participación, estableciendo los mínimos requeridos en términos de publicidad.

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De igual forma, se establecen unos lineamientos presupuestales unificados para que todas las corporaciones manejen sus recursos propios bajo una misma normatividad, reglas y bases nacionales, pues en la actualidad cada corporación maneja sus finanzas de acuerdo a sus estatutos, lo que les ha carreado múltiples problemas con los entes de control.

"Este proyecto no pretende resolver todos los problemas que tiene el Sistema Nacional Ambiental (SINA), pero sí dotar a las CAR de elementos que les permitan mejorar su gobernabilidad, su transparencia y la visibilización de la gestión que hacen las corporaciones”, indicó Ramón Leal, director de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Asocars), entidad que participó en la formulación del contenido del proyecto de ley que presentó el Ministerio.

“Quisimos centrarnos principalmente en el tema de gobernabilidad bajo el contexto de que las propuestas que se han presentado en los años anteriores, por lo general, terminan cayéndose porque en esos temas siempre se pretende centralizar la gestión de las corporaciones a través de los órganos de dirección y de la elección del director desde el nivel nacional”, mencionó.

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Leal cree que dicha gobernabilidad se adquirirá a partir de unos ajustes en el consejo directivo y con la incorporación de unos actores académicos, de ciencia e investigación que harán que las decisiones que se tomen obedezcan realmente a criterios técnicos. 

Para el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, esta es una iniciativa robusta, concreta e integral, cuyo espíritu es garante de transparencia pública.

“Este proyecto fue el fruto de un trabajo mancomunado con todas las Corporaciones Autónomas Regionales a través de espacios de diálogo y concertación. Soy un convencido de que vamos a fomentar la transparencia y el trabajo eficiente y responsable en la medida en que fortalezcamos a las CAR desde su seno administrativo, acompañándolas en su necesaria gestión técnica y ambiental en todo el territorio nacional”, expresó el Ministro.

La propuesta de Cambio Radical

Un grupo de 16 congresistas radicaron ante la Cámara de Representantes el pasado 17 de octubre un proyecto de ley a través del cual “se modifica la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones con relación al funcionamiento, número, gobernanza y transparencia de las corporaciones autónomas regionales”.

La iniciativa tiene varios aspectos comunes frente a la presentada por el Ministerio de Ambiente. Sin embargo, hay uno que marca la diferencia.

Se trata de reducir el número de CAR, al pasar de 33 a 7 corporaciones, organizadas por regiones de la siguiente manera: 

Nombre de la corporación autónoma   Departamentos y municipios que las conformarían 
Corporación Autónoma Regional del Caribe Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre
Corporación Autónoma Regional de Occidente 
Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda
Corporación Autónoma Regional del Oriente Arauca, Casanare, Norte de Santander y Santander
Corporación Autónoma Regional Central  Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima.
Corporación Autónoma Regional del Pacífico  Cauca, Choco, Nariño y Valle del Cauca.
Corporación Autónoma Regional de la Amazonía  Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo y Vichada
Corporación Autónoma Regional del Archipiélago de San Andrés y Providencia
San Andrés y Providencia 

Fuente: Partido Cambio Radical. 

Este movimiento político plantea además, el establecimiento de un régimen de transición de seis meses para unificar las CAR y efectuar el traslado de los trámites a cargo de las actuales corporaciones. Además, faculta al Ministerio de Ambiente para fijar el cronograma de transición y liquidaciones de las corporaciones suprimidas.

La propuesta también estipula una reformulación de los consejos directivos y determina la elección de los directores mediante una convocatoria pública. Además, prohíbe la reelección del director.

Adicionalmente establece un ajuste de las funciones de las CAR, enfatizando que sus competencias deben respetar las prevalentes de la ANLA para la expedición de licencias, permisos y trámites ambientales en lo referente a proyectos, obras o actividades (POA) que sean promovidos ante entidades nacionales.

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El proyecto igualmente determina funciones de las CAR frente a la gestión del riesgo y presupuestalmente focaliza las inversiones de las corporaciones de acuerdo a los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de las zonas de su influencia.

De igual manera, implementa mecanismos que garantizarían la participación, rendición de cuentas y acceso a la información pública. Del mismo modo incorpora planes anticorrupción y de atención al ciudadano. 

Asimismo, implementa estrategias anti-trámites que se encargará de diseñar el Ministerio de Ambiente.

Ya hay controversia

La propuesta del partido Cambio Radical establece que las CAR deben respetar las competencias de la ANLA para la expedición de licencias. Foto: archivo/Semana. 

La iniciativa de Cambio Radical ha generado polémica entre las directivas de las CAR que aseguran que el problema no está en reducir el número de corporaciones, sino en fortalecer las existentes y blindarlas contra la corrupción.

No creo que las CAR se estén manejando políticamente, lo que ocurre es que los procesos de elección no están reglamentados más allá de que el consejo directivo elija al director de la corporación con base en unos requisitos establecidos en Ley 99”, mencionó Ramón Leal, director de Asocars.

El directivo cree que ese proyecto no le conviene al país y confía en que el Congreso le dé trámite a la iniciativa presentada por el Ministerio, en la que participaron activamente todas las corporaciones.

“Nosotros no estamos de acuerdo con que se reduzcan el número de CAR. No compartimos que se hagan ajustes con respecto a la jurisdicción de las corporaciones, ya que creemos que ese no es el problema del Sistema Nacional Ambiental; la acciones deben enfocarse más en temas de gobernabilidad, transparencia y fortalecimiento institucional”, afirmó Leal, quien informó que en ningún momento fueron consultados por ese movimiento político.

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A su turno, el senador Didier Lobo considera que estas entidades son ineficientes y eso se ve reflejado en las dificultades y demoras que se registran en los diferentes trámites y permisos ambientales.

“Estos atrasos lo que dejan ver es la ineficacia de este tipo de entidades, que destinan lamentablemente la mayor parte de sus recursos al sostenimiento de la burocracia y su andamiaje administrativo, dejando muy poco dinero para las tareas ambientales, que debería ser su foco de inversión”, aseveró Lobo.

Por su parte, el representante César Augusto Lorduy, no descarta que, en algún momento, tanto la iniciativa de Cambio Radical, como la presentada por el Ministerio de Ambiente, se puedan fusionar.