Por Martín Ramírez y María Camila Orozco C.**

La tragedia por la que está pasando la zona de la Macarena no merece la indiferencia con la que la estamos tratando. El Área de Manejo Especial La Macarena (AMEM), conformada por los Parques Nacionales Naturales Sumapaz, Cordillera de los Picachos, Sierra de la Macarena y Tinigua, ha sido víctima durante este año de uno de los aumentos de deforestación más ‘bruscos’ que se hayan registrado en Colombia y posiblemente en el mundo. Aparentemente, hemos decidido estar ciegos y sordos ante esta situación, y no somos los únicos. El Estado por su parte está mudo, y lo que se sabe de él es que parece estar abstraído en una serie de ideas contradictorias que involucran esta zona.

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Durante los meses de enero a marzo de 2018 las tasas de deforestación aumentaron en un 830% en la zona de la Macarena y particularmente en el PNN Tinigua. Sí, 830%. Cifra bastante exorbitante. Las causas de la tala y quema conocidas por años son, principalmente la explotación agropecuaria y el comercio ilegal de la madera. En este nuevo escenario de posconflicto se ha sumado la mafia de acaparamiento ilegal de tierras, la cual consiste en la deforestación completa y masiva de un gran número de hectáreas y su posterior venta a un precio mucho mayor.

Es pertinente, entonces, preguntarnos si lograremos detener esta problemática a tiempo, antes de que los daños sean irreparables e irreversibles. Es debido que este cuestionamiento se plantee en la mente de los colombianos dado que el estado en el que se encuentran estos cuatro parques nos compete a todos. Son estos parques los que conectan la Cordillera Andina oriental con la parte baja del Amazonas, y a su vez permite el movimiento de materia y energía: desde el movimiento de animales como, nuestro icónico jaguar, a lo largo del territorio nacional, hasta el flujo del agua en la macrocuenca del Orinoco, uno de los afluentes más importantes de América del Sur, dependen de esta zona. ¿Por qué no habría de importarnos?

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La situación actual es la siguiente: contamos con una problemática de grandes talas que avanza rápidamente y un planteamiento de soluciones bastante lento. Para detener la deforestación masiva en la Macarena, de forma efectiva, debemos reconocer las fichas claves en esta solución: Parques Nacionales Naturales, los campesinos habitantes de la zona y el Estado como tal. Respecto a los primeros, se encuentra en una situación de impotencia e incapacidad para actuar solos. Funcionarios de la entidad han recibido algunas amenazas por parte de los llamados “ausentistas”. Se especula que la financiación de la deforestación proviene de ellos, y es su apoyo lo que ha permitido la entrada de nuevos colonos a la zona tras el Acuerdo de paz con las Farc-EP. La vulnerabilidad de las autoridades ambientales por dichas amenazas, junto a la extensión del territorio, la dificultad de control y de vigilancia llevaron al punto de que es indispensable contar con el respaldo de la fuerza pública, solicitud realizada por Parques Naturales en marzo del año pasado.

Ahora bien, los campesinos habitantes de la zona, a quienes se les responsabilizaba en un inicio de la tala y quema masiva, han expresado su interés en realizar un pacto de justicia ambiental, en el cual se definan las responsabilidades y limitaciones de la ganadería, así como un plan efectivo de protección al bosque. La iniciativa fue redactada y están adscritas veinte organizaciones indígenas, campesinas, ambientales, comunales y alcaldías. Así mismo, en el texto manifiestan su incomodidad y molestia por la forma de proceder de la Fiscalía en octubre de 2018. En la Cordillera de los Picachos se realizó un operativo sin previo diálogo, según denunciaron habitantes de la comunidad, con el apoyo de Policía Nacional, Ejército Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, Sociedad de Activos Especiales y Parques Nacionales Naturales.

Se llevaron a cabo capturas y decomisos que fomentaron a protestas por parte de la comunidad campesina. El argumento que esta comunidad plantea es que no cuentan con los recursos para la deforestación masiva y que las capturas que se deben realizar es a los verdaderos financiadores de esta tragedia. También expresan que el mayor miedo de los habitantes de la zona es que las acciones tomadas frente a las organizaciones criminales causen una revictimización de su comunidad. En pro de que se conociera la propuesta planteada, los campesinos hicieron un llamado a diferentes entidades estatales para reunirse. Sin embargo, el Estado (representado por el Ministerio) brilló por su ausencia y los presentes fueron 600 campesinos, Parques Nacionales, Cormacarena, las alcaldías pertinentes y el Ejército.

El gobierno cuenta con ideas contradictorias respecto a lo que se debe realizar en esta zona. Por un lado, quieren fomentar proyectos para desarrollo de infraestructura y evaluar la posibilidad de un modelo de matriz energética basada en hidrocarburos y biocombustibles; y por el otro, se crean bloques de búsqueda para encontrar los responsables de la deforestación masiva. Se pide la protección ecosistemas estratégicos y al mismo tiempo se brinda apoyos económicos y financieros para el establecimiento de actividades agropecuarias, sin condiciones de productividad o mantenimiento de zonas naturales. El Estado está abstraído en sus contradicciones.

Existe una falta de coordinación evidente entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía y su unidad de delitos ambientales. También se ha mencionado que las fuerzas armadas no cuentan con un claro proceder a la hora de detectar eventos de deforestación. Las comunidades campesinas han dejado claro que de ser necesario viajarán a Bogotá lo más pronto posible para que su propuesta sea escuchada. El silencio del Estado es desconcertante y un atropello para una iniciativa como esta.

Tal vez, la ficha que le falta a ese rompecabezas de lucha contra la deforestación somos nosotros. Nosotros los que no vivimos en ese territorio pero a quienes también nos compete todo este problema, y tenemos la responsabilidad de respaldar e impulsar un proceso que conlleve a una solución. Al fin y al cabo, debemos y podemos exigir y presionar para que podamos conservar produciendo y producir conservando como país. De no detener la deforestación, aquellos servicios ecosistémicos de los que dependen comunidades locales y de forma indirecta todo el país, pronto tendrán tales niveles de afectación que llevará a impactos no solo ambientales sino sociales y económicos. En la Macarena se está gestando un problema de Desarrollo no Sostenible que le competen al Estado, a los campesinos, pero, también a todos los colombianos. El problema de producir sin conservar.

** Martín Ramírez Mejía: Director de proyectos Transforma. Máster en Gerencia Ambiental. Duke University / María Camila Orozco C.: Bióloga y microbióloga. Universidad de los Andes.