La impresionante deforestación en el Parque Tinigua

“Los territorios son como los libros: los puedes tener en frente, pero si no los lees jamás los vas a entender”. Así empieza Juan Carlos Clavijo a hablar del Parque Nacional Natural (PNN) Tinigua, una de las áreas protegidas de Colombia ubicada entre los municipios de La Uribe y La Macarena en el departamento del Meta, que se volvió noticia este año cuando el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reveló que, solo en los primeros tres meses, perdió más de 5600 hectáreas de bosque por causa de la deforestación.

Clavijo, que trabajó en ese Parque Nacional por 10 años -y fungió como jefe durante tres de estos-, cree que al Tinigua nunca lo han visto con la importancia que tiene. Y tal vez por eso, apenas ahora, cuando el daño parece irreparable, todas las miradas se posan sobre este territorio que hace parte del Área de Manejo Especial La Macarena (AMEM), una zona de reserva creada en 1989 conformada no solo por el Tinigua, sino también por los PNN Cordillera de los Picachos, Sierra de La Macarena y Sumapaz.

El Tinigua es el refugio de especies de fauna y flora originarios de estos ecosistemas que lo rodean. Allá, se pasean a sus anchas, entre otros, animales como el jaguar (Panthera onca), la nutria (Lontra longicaudis), el león de montaña (Puma concolor), el mono churuco (Lagothrix lagotricha), el mono araña (Ateles belzebuth), el perezoso de tres dedos (Bradypus variegatus), la danta (Tapirus terrestris), el saíno (Tayassu tajacu), el ave paujil (Crax alector, Mitu salvini, Crax tomentosa), el mono ardilla (Saimiri sciureus), el caimán llanero (Crocodylus intermedius), la tortuga morrocoy (Geochelone denticulata) y las guacamayas roja (Ara macao), verde  (Ara militaris) y amarilla (Ara ararauna). Pero no es todo, ese parque de más de 215 000 hectáreas es el encargado de unir las zonas de páramo, los bosques altos andinos, los bosques húmedos y básicamente es la única parte del país que conecta a la Orinoquía, los Andes y la Amazonía.

Édgar Olaya, director territorial de la Orinoquía en Parques Nacionales Naturales, resalta además que Tinigua ofrece unos servicios ecosistémicos únicos gracias a los dos ríos más importantes que tiene: el Guayabero y el Duda, que son afluentes de uno de los nacientes del río Orinoco, uno de los más importantes de América del Sur.

Pero este territorio rico en biodiversidad está en peligro. Un área que debería ser protegida por el Estado está siendo víctima de la deforestación acelerada. Sus bosques se están perdiendo y son reemplazados por cultivos ilícitos, ganado y cientos de familias que llegan de otros departamentos a buscar un pedazo de tierra. Detrás de todo esto, según cuentan algunos habitantes, están las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC que se adueñan del territorio y se reparten la tierra a su antojo. La situación de orden público parece ser tan compleja que los funcionarios del Parque Tinigua tuvieron que salir del área desde hace más de un mes y empezar a operar desde Villavicencio, capital del Meta.

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“Las herramientas de las entidades ambientales no son más que un papel y un esfero. No podemos hacer más. Esto ya es un problema de seguridad y debe hacerse una estrategia transversal que empiece desde el Ministerio de Defensa. Antes las FARC dejaban alguna pista de su presencia y las Fuerzas Armadas llegaban inmediatamente a buscarlos. Ahora no pasa lo mismo”, expresa el secretario de Ambiente del Meta, Oswaldo Avellaneda, quien resalta que, aunque se están haciendo esfuerzos para detener la deforestación, las cifras muestran que las estrategias son insuficientes. En total, se calcula que el Tinigua ha perdido históricamente unas 40 000 hectáreas de bosque.

Un reporte de Global Forest Watch (en inglés) confirma la preocupación. La organización habla de 7.000 hectáreas deforestadas en el Parque Tinigua solo entre febrero y abril de 2018. Es decir, en solo tres meses se perdió un 3 % del área total del Parque. 

Lugar de negocios

Tinigua es un territorio apetecido. Tiene una importancia que trasciende lo ambiental y, según Juan Carlos Clavijo, pasa a lo geopolítico y geoeconómico. “Tiene una conexión con el Pacífico, que es donde está el principal puerto del país, también conecta con la capital de la República y con el sur y el oriente de Colombia. Desde lo económico es un sitio que está rodeado de bloques petroleros y que tiene unas enormes expectativas de títulos mineros. Desde lo militar, en el marco del conflicto, fue el corredor de las FARC”, explica el funcionario.  Y es que, aunque este territorio fue víctima del conflicto, también fue beneficiario. La extinta guerrilla era la que ejercía control en la zona y tenía normas ambientales que todos los pobladores debían cumplir. Un bosque que cuidaban porque les servía, entre otros, como escondite para huir de las Fuerzas Armadas.

Dago Ramírez, vicepresidente de la Asociación Campesina Ambiental Losada Guayabero (Ascal-G), que agrupa a comunidades de 68 veredas, asegura que cuando crearon la organización hace 22 años tenían el único objetivo de preservar la selva y poner límites a la deforestación. Aunque suene irónico, lo lograban con el respaldo de las FARC.

“Pero desde que se firmó el Acuerdo de Paz (en 2016), nosotros le dijimos a Parques Nacionales que de ahí en adelante era responsabilidad de ellos hacer que se cumpliera la Ley. Nosotros ya no sentimos la autoridad para defender el territorio, pues nos pueden amenazar. (…) En el Parque Los Picachos quemaron hace tiempo la cabaña de los funcionarios y los del Parque Tinigua tuvieron que salir corriendo, ahora imagínese nosotros”, dice Ramírez, quien vive en una finca dentro de este último Parque desde hace más de 20 años.

Su miedo no es para menos. Actualmente en la zona hace presencia una estructura residual conformada por disidentes del frente 40 de las FARC, que están liderados por alias ‘Calarcá’. Son ellos los que se han ido instalando en el Parque Tinigua y están generando la primera causa de deforestación: los cultivos ilícitos.

“Nosotros volamos el Parque unas dos veces por semana con aeronaves remotamente tripuladas y siempre descubrimos entre dos o tres cultivos ilícitos nuevos. Si multiplicas eso por los meses que llevamos del año y por las semanas transcurridas, nos pueden dar entre 60 y 70 cultivos. (…) Como parte de la estrategia, lo que hacemos es brindarle esa información a la tropa del Ejército para que realicen la erradicación manual”, explica a Mongabay Latam el coronel Juan Carlos Rueda, comandante del componente aéreo de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, una unidad de las Fuerzas Militares que opera en el suroriente del país.

https://youtu.be/YyXB1FwO_F0

El oficial de la Fuerza Aérea asegura que este año, en cumplimiento de lo que denominaron el Plan Tinigua, han volado más de 150 horas con el objetivo de medir qué tanto ha aumentado la deforestación y ubicar los cultivos de uso ilícito que tienen que combatir, especialmente los que están dentro de esta área protegida. Dice que, en los primeros cinco meses de este año, han erradicado 1700 hectáreas en toda el AMEM y han destruido unos 35 laboratorios de pasta base de coca, lo que equivale a más de 5600 kilogramos de insumos sólidos y más de 1300 galones de insumos líquidos. La mayoría, más del 50 %, fueron destruidos en jurisdicción del Tinigua.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Du-8ZzQxRA0RA0

Y es que, aunque el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) dice que en Tinigua los cultivos de coca no superaban las 277 hectáreas en 2016, funcionarios de Parques Nacionales y habitantes de la zona creen que la cifra actualmente podría llegar a las 1000 hectáreas. En el parque vecino, la Sierra de La Macarena, la situación es aún peor. Allá, la UNODC ubicaba la coca en más de 2386 hectáreas, pero fuentes de Mongabay Latam en la zona consideran que este número se triplicó -o hasta más- en 2018.

https://youtu.be/d69OkNOwOe0

Para Juan Carlos Clavijo, que trabajó durante 10 años en el Tinigua, el aumento de los cultivos ilícitos en las áreas protegidas puede ser consecuencia de la decisión del Gobierno de no fumigar con glifosato dentro de los Parque Nacionales, pues el daño que se hace a los ecosistemas es inmenso. “Por esta razón creo que lo que se necesita es una atención integral. Llevar oportunidades de vida a los habitantes”, dice. Una afirmación que comparte el coronel Rueda, quien considera que el Gobierno debe llevar proyectos de desarrollo productivo a los campesinos para que puedan encontrar una forma de sustento distinta a los cultivos ilícitos.

Tierra y vacas

Desde que el Gobierno pactó en el Acuerdo de Paz que se legalizarían más de siete millones de hectáreas de tierra y se redistribuirían tres millones más, muchos campesinos están buscando un pedazo de suelo del cual vivir. Sin embargo, encontrarlo no es fácil. No en vano Oxfam advirtió, tras analizar el último Censo Nacional Agropecuario del DANE, que el 81 % de la tierra productiva del país estaba en manos de solo el 1 % de las fincas más grandes. Una concentración que ha dejado a los campesinos sin mayores opciones.

Delio Franco, presidente de Asojuntas -que reúne a las Juntas de Acción Comunal del municipio de La Macarena-, dice que la deforestación en el Parque Tinigua, así como en otros, está siendo ocasionada por la falta de una reforma agraria integral. “Una vez firmado el Acuerdo, miles de familias han llegado a estos sectores a talar y a buscar una parcela. Llegan de los departamentos de Chocó, Putumayo, Cauca, Huila, Caquetá, del mismo Meta, de casi todo el país. Dicen que vienen porque quieren un pedazo de tierra, porque los desplazaron y les quitaron todo. Y como ya no hay tierra productiva, les toca buscar dentro de los Parques”, cuenta.

Se calcula que históricamente han sido cerca de 600 familias las que han vivido dentro de los Parques Tinigua, Picachos y La Macarena, muchas de las cuales llegaron hace varias décadas tras la ola de la violencia. Pero ahora la cifra se supera con creces. Delio calcula que solo al Tinigua han llegado en el último año más de 660 nuevas familias y más de 2000 en toda el área de influencia de La Macarena.

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“Los pobres quedaron sin tierra y ese ha sido el problema. Estamos diciéndole al Gobierno Nacional que necesitamos sentarnos en una mesa de interlocución para que haya una paz estable y duradera. Necesitamos soluciones concretas, que digan dónde se reubicará a todas estas personas. (…) La culpa no es de los campesinos”, recalca Delio.

Sin embargo, hay quienes van más allá de esta tesis. El secretario de Ambiente del Meta, Oswaldo Avellaneda, asegura que ir a talar una hectárea de bosque puede costar unos 400 000 pesos (aproximadamente 139 dólares), pero una vez se tumban los árboles y se queman, ese pedazo de tierra pasa a costar más de 1,4 millones de pesos (cerca de 487 dólares). Él cree que detrás de la actual situación podrían estar grandes mafias. Su teoría la confirman también algunas fuentes de Mongabay Latam en la zona que prefieren reservar sus nombres y quienes aseguran que hay poderosos que están llevando gente a vivir a los Parques para que deforesten y se queden con la tierra. Otros dicen que son los mismos grupos organizados residuales los que llevan familias enteras para que talen y vivan dentro de estas áreas. “Al final el objetivo de las mafias es tener poder sobre la tierra porque saben que podrán hacer con ella lo que les plazca”, dice un poblador de La Macarena. Será responsabilidad de la inteligencia militar investigar quiénes son los actores intelectuales detrás de la deforestación.

Pero esto no para aquí. Unido a la especulación sobre la tierra, está la extensión de la frontera agropecuaria. Funcionarios de Parques Nacionales y habitantes de la zona calculan que dentro del Tinigua puede haber más de 14 000 cabezas de ganado que estarían “debidamente registradas”. Mongabay Latam se intentó comunicar con Luis Humberto Martínez, director del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), para saber si tenía conocimiento del tema y conocer si estos bovinos tienen permiso de movilización, pero no fue posible establecer la comunicación.

Esta cifra de ganado dentro del área protegida es aún más preocupante si se tiene en cuenta que se necesita una hectárea de tierra, en promedio, para mantener una vaca, pero en suelo del AMEM se necesitan dos. “Esos suelos no son adecuados para la ganadería, sino para modelos agroforestales. Quiere decir que la capacidad de carga, que es el número de animales que se puede tener por hectárea, es muy bajita. Si quiero tener un animal de estos necesito dos hectáreas. Entonces, para que una familia pueda tener un salario rural promedio al mes de 900 000 pesos (312 dólares), requeriría tener al menos 400 animales propios o 200 animales si se comparten los gastos con otra persona. No es nada barato”, explica el exjefe del Parque Tinigua, Juan Carlos Clavijo, quien resalta que actualmente lo más barato es acaparar tierras de los Parque Nacionales, debido a la poca gobernabilidad tras la situación de orden público.

Por su parte, el coronel Rueda asegura que los grupos residuales estarían obligando a muchos campesinos a tener ganado, que podría ser producto de la venta de estupefacientes. “No solamente se debe relacionar la deforestación con el cultivo ilícito, sino también con la praderización”, dice.

¿Qué hacer?

 Pero si la situación ahora es preocupante, en los próximos meses se puede tornar peor. José Yunis, director de Visión Amazonía -una de las estrategias del Ministerio de Ambiente para proteger el bosque-, explica que cuando cesan las lluvias se activa nuevamente la tala indiscriminada. Está seguro que las motosierras se volverán a encender al final de este año, y a inicios del próximo se quemará lo tumbado.

“El ciclo de la lluvia es lo que determina todo. Si no hay un plan para controlar esos territorios, especialmente los municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá (Caquetá), San José del Guaviare (Guaviare) y La Macarena (Meta), no hay nada. Las tasas de deforestación de este año ya se dieron, son malas, ya están los reportes del Ideam. Ahora tenemos que pensar en el último trimestre, ¿cuál es el plan para controlar la deforestación en los meses venideros?”, se cuestiona Yunis.

Sin embargo, la situación se puede poner peor antes de lo que él cree. El secretario de Ambiente del Meta asegura que la Gobernación se está preparando, con otras entidades, para combatir la deforestación en el “veranillo de agosto”. “Tenemos información de que los taladores ya tienen listo para empezar a tumbar desde el próximo mes”, dice.

Si hay algo claro es que los funcionarios de Parques Nacionales no pueden hacer el trabajo solos. Por más interés que tengan en preservar los ecosistemas, se necesita que todas las instituciones del Estado trabajen de manera mancomunada y que el Ministerio de Defensa despliegue a todas las Fuerzas Armadas para que tomen el control del territorio. También se requiere el apoyo de la Fiscalía para que legalice con prontitud las capturas que hacen los militares y policías.

Pero a la vez que se necesita que esto ocurra, el secretario de Ambiente de Meta considera que se debe avanzar con el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos, para que los campesinos tengan otras alternativas de vida.  Y tampoco caería mal, dicen los campesinos, la presencia del Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para que lleven proyectos de desarrollo productivos y pongan límite a la ganadería extensiva.

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Los campesinos de toda el Área de Manejo Especial La Macarena (AMEM) claman con urgencia por la presencia del Estado. Por eso, el pasado viernes 6 de julio los miembros de Asojuntas organizaron un foro, al que asistieron unas 2000 personas, con el objetivo de sentarse a conversar sobre la problemática ambiental y agraria con funcionarios de las distintas entidades del Estado. Desafortunadamente, solo contaron con la presencia de Cormacarena, la Alcaldía del municipio, las Fuerzas Armadas, Parques Nacionales y la Universidad del Llano. Las demás entidades brillaron por su ausencia, entre ellos los ministerios de Agricultura, Interior y Ambiente, y la Gobernación del Meta.

“Nosotros no queremos más guerra. Queremos que el Gobierno se siente a dialogar con nosotros y entienda la problemática. Los necesitamos aquí, antes de que todo se ponga peor”, manifiesta con ansiedad Delio Franco, el presidente de Asojuntas.

Vea el artículo original en Mongabay Latam https://es.mongabay.com/2018/07/deforestacion-aumenta-en-parque-tinigua-colombia/