Durante los últimos dos meses, Dejusticia y un grupo de organizaciones y ciudadanos preocupados por el cambio climático le pedimos al gobierno de Iván Duque y al Congreso de la República que cambiaran la meta de deforestación planteada en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

Las bases de este documento planteaban que al final del cuatrenio frenarían el crecimiento de la deforestación, dejando una meta de 220.000 hectáreas deforestadas anualmente, es decir, 880.000 hectáreas durante el cuatrienio, lo que equivale a más de cinco veces Bogotá.

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Preocupados por este grave panorama que le impedía al país cumplir con compromisos nacionales e internacionales en la lucha contra la deforestación, el pasado 30 de abril le entregamos al Congreso más de 90.000 firmas de ciudadanas y ciudadanos que respaldaron la petición de cambiar la meta.

Esa misma semana, durante los debates del Plan de Desarrollo en el Congreso, representantes del Gobierno y algunos congresistas manifestaron que la meta cambió. Sin embargo, la realidad es que el PND se aprobó con una meta similar, e incluso más pesimista, explicada en otros términos.

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Lo que plantea ahora el Gobierno es reducir en un 30% la deforestación con base en las proyecciones del Ideam. Esas proyecciones indicaban que si nada cambiaba, en 2022 se estarían deforestando 360.000 hectáreas al año; cifra que, con la reducción del 30% que ahora propone el gobierno, resultaría en 252.000 hectáreas al año (el 70% de 360.000). Es decir, la nueva meta permitiría más pérdida de bosque que la anterior.

Con estas cifras, el Gobierno de Iván Duque está desconociendo la Sentencia 4360 de 2018, con la que la Corte Suprema de Justicia declaró la Amazonía como sujeto de derechos y ordenó su protección inmediata. Además, va en contravía de compromisos internacionales como el Acuerdo de París y la Declaración Conjunta entre Alemania, Noruega y Reino Unido para reducir a cero la deforestación en la Amazonía para 2020.