*Artículo en el marco de la colaboración Semana Sostenible / Mongabay Latam

Una vaca por cada hectárea.

Esta equivalencia resume el modelo ganadero del Caquetá, pero al mismo tiempo define la dinámica de la destrucción de la amazonia en esa parte del país.

Rafael Orjuela conoce bien esa historia. Este líder comunal vive en Remolinos del Caguán, una vereda a ocho horas por río de la cabecera urbana de Cartagena del Chairá, el municipio que en según las cifras oficiales de 2015 ocupó el primer lugar en deforestación en el país. De las 23.812 hectáreas de bosque que se talaron en el Caquetá –el 20% de todas las que se tumbaron en toda Colombia-, 10.822 cayeron allí.

“Acá en Remolinos con la coca empezó el problema que todos conocemos”, afirma Orjuela. Él llegó a la región a principios de los años ochenta y recuerda que por esa época la guerrilla, que ya mandaba en esas inmensas selvas que conectan los bosques andinos de la cordillera oriental con las sabanas amazónicas, le decía a la gente que la coca se iba a acabar y que había que abrir fincas para tener tierra cuando eso sucediera.

Rafael Orjuela es un líder comunal de Remolinos del Cagúan, una vereda de Cartagena del Chairá, el municipio más deforestado de Caquetá y del país en 2015. Foto: Diana Rey Melo / Revista Semana.

Según Orjuela, esa premonición se cumplió en 2004, cuando las fumigaciones aéreas con glifosato marchitaron las últimas hojas de coca en Remolinos “y la ganadería fue lo único que la gente encontró a la mano para sobrevivir”. En 2015 había en Caquetá apenas 7.000 hectáreas con ese cultivo, mientras que para ganadería están destinadas más de 1.500.000.

El alcalde de Cartagena del Chairá, Luis Francisco Vargas, confirma la versión de Orjuela. “La gente cultivaba su coca y cuando la vendía lo primero que hacía era tumbar 50 hectáreas de montaña, meter su ganadito y así empezaba a alistarse para el momento en que la coca se fuera a acabar. Así funcionó acá: démosle a la coca, abramos fincas y cuando se acabe tenemos resuelto el tema”.

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El problema es que desde entonces la frontera no ha parado de crecer. Como explica Mario Barón, director de Corpoamazonia, el uso agropecuario de la tierra no corresponde con su vocación forestal. Eso, sumado a que nunca ha habido inversión pública en esas zonas, ha causado que la ganadería sea una actividad económica ineficiente. Para que produzca dinero, es necesario tener muchas vacas que a su vez ocupen mucho espacio. Y eso solo se puede lograr a costa de la selva.

El modelo ganadero que se ha implementado en el Caquetá es netamente extensivo. Por deficiencias tecnológicas pero también por un asunto cultural, en la región se habla de que es necesario tener una vaca por hectárea para que el negocio sea rentable.Y esto solo se logra a costa de la desaparición de la selva. Foto: Diana Rey Melo / Revista Semana.

“Como no hay refrigeradores, la mayoría de la leche se convierte en queso. Para producir una arroba, se necesitan 100 litros y se la pagan a uno a 50.000 (20 dólares aproximadamente) pesos. Pero una vaca en esta región produce en promedio apenas 3 litros y para que sea productiva hay que darle una hectárea. Entonces calcule cuántas vacas y cuánta tierra hay que tener para vivir dignamente de este negocio”, dice Orjuela.

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Pero además de esas razones, el fenómeno de la deforestación en el Caquetá no se puede entender sin tener en cuenta un factor cultural asociado a la sensación de abundancia inagotable que genera vivir en la frontera de unas selvas inmensas como las de la amazonía. “La gente siempre vio estas tierras nuevas como una oportunidad para tumbar las montañas, abrir potreros y poner pastos para el ganado”, dice el alcalde Vargas.

Luis Francisco Vargas es el alcalde de Cartagena del Chairá. En este municipio se tumbaron casi la mitad de las hectáreas de bosque que desaparecieron en todo el departamento del Caquetá en 2015. Foto: Diana Rey Melo / Revista Semana.

El problema cambia de manos

A pesar de ser un problema de largo aliento, solo hasta ahora el Estado colombiano está asumiendo el control de la deforestación en el Caquetá. Este departamento fue uno de los epicentros de la guerra con las Farc. Allí se estableció la zona de despeje durante el fallido proceso de paz de Andrés Pastrana y un gran porcentaje de sus territorios estuvo hasta finales del año pasado bajo el control de esa guerrilla.

Durante esos años la destrucción de los bosques fue una constante, pero paradójicamente las Farc ejercieron una autoridad ambiental que evitó que el daño fuera peor. Orjuela dice que “en tiempos de la guerrilla por iniciativa de las comunidades creamos un manual de convivencia que tenía 16 normas ambientales que iban desde la prohibición de tumbar a la orilla de los ríos hasta la de entrar a las zonas de reserva que habíamos instituido”.

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El alcalde Vargas cuenta que el manual decía que todo propietario tenía derecho a tumbar hasta el 50 por ciento para meter pasto, el 25 por ciento se usaba para sacar madera y cazar y el otro 25 por ciento se podía tumbar progresivamente para los cultivos de pancoger. “También decía que para tumbar había que  pedirle autorización a la guerrilla y a las Juntas de Acción Comunal y estaban definidas unas zonas de protección ambiental en donde nadie podía escoger tierras. Pero apenas la guerrilla se fue todo el mundo comenzó a meterse a tumbar”, advierte.

La salida de las Farc hacia las zonas de concentración, a finales del año pasado, coincidió con una explosión de la deforestación en la región. Las cifras oficiales no se conocen todavía, pero los lideres de la región hablan de miles de hectáreas desaparecidas en cuestión de tres meses. Foto: Fuerza Aérea.

Como ha reportado Semana Sostenible, la concentración de los guerrilleros en las zonas veredales a finales del año pasado coincidió con una explosión de la deforestación en el Caquetá cuyas cifras oficiales no se conocerá hasta el reporte del Instituto de Hidrometeorología y Estudios Ambientales (IDEAM) para el año 2016. Entre tanto, Rafael Orjuela se atreve a calcular en 20.000 hectáreas las hectáreas de bosque derribadas tan solo en Cartagena del Chairá.

En San Vicente del Caguán, el segundo municipio más deforestador en 2015 y el primero del país de 2014 también se vivió una situación parecida. Nicolás Velásquez, presidente de la Junta de Acción de la vereda Paraísos del Yarí, cuenta que tras la salida de las Farc de la región mucha gente ha invadido una zona de reserva que durante años estuvo blindada frente a la deforestación.

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 “Esto es un revoltijo de gente que tiene tierra y que ha aprovechado para expandir la frontera, pero también de personas pobres que siempre han sido jornaleros, mayordomos o mujeres cabeza de hogar que realmente la necesita. Igualmente hemos sabido de finqueros con mucha plata que vienen de otros municipios a patrocinar talas masivas de 100 y 200 hectáreas para apropiarse de las tierras y venderlas posteriormente”, dice Velásquez.

Nicolás Velásquez es el líder de Paraísos del Yarí, una vereda de San Vicente del Caguán, el municipio más deforestado en 2014 y el segundo en 2015. Foto: Diana Rey Melo / Revista Semana.

Ante la magnitud del fenómeno, la primera respuesta del gobierno fue conformar la “Burbuja contra la deforestación”, una estrategia interinstitucional liderada por la gobernación del Caquetá donde tienen asiento las Fuerzas Militares, la Policía, la Fiscalía, el Ministerio de Ambiente y Corpoamazonia. Según el gobernador Álvaro Pacheco, desde su constitución en diciembre pasado 47 personas han sido capturadas por delitos contra el medio ambiente. Y aunque todas se encuentran libres, “la gente está viendo que sí vamos a actuar y seguiremos apretando en ese sentido”.

El general César Parra, comandante de la Brigada 12 del Ejército con jurisdicción en el Caquetá, resalta que la acción de la Burbuja también ha permitido hacer reconocimientos aéreos focalizados, llegar a zonas aisladas a apagar incendios, la capacitación de 1.600 hombres de las Fuerzas Armadas en temas de control ambiental, la entrega de 101.000 volantes y la difusión de 100 cuñas radiales en las emisoras comunitarias informando a la gente sobre los delitos contra el medio ambiente y motivándola para que no haga estas actividades so pena de ser judicializada.

El gobernador del Caquetá, Álvaro Pacheco, lidera desde diciembre del año pasado la burbuja contra la deforestación, una estrategia interinstitucional para asumir la autoridad en la región y enfrentar el fenómeno tras la salida de las Farc. Foto: Diana Rey Melo / Revista Semana.

Aunque este enfoque policivo y de control territorial es útil para atacar una parte del problema, que es según el gobernador Pacheco “de unos vivos que están aprovechando la coyuntura para coger baldíos de nuestras montañas y luego venderlas con algún tipo de documento privado”, el aporte de la ganadería legal en la desaparición de los bosques demuestra que la deforestación es un problema social y cultural en el Caquetá.

En ese sentido, tal vez la apuesta más prometedora que tiene el gobierno para dar una solución estructural a la deforestación es Visión Amazonia. Se trata de un programa del Ministerio de Ambiente financiado con recursos internacionales para aportar en la mitigación del cambio climático a través de la protección de los ecosistemas amazónicos. En palabras de su coordinador, José Yunis, “se trata de que esta región sea próspera y competitiva pero respetuosa del bosque, sin talar la vida para poner media vaca por hectárea”.

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Durante las jornadas de socialización de Visión Amazonia en Remolinos del Caguán, Ariadna Polo y Fanny Otaya han podido conocer de cerca la compleja relación de estas comunidades con la selva. Estas ingenieras ambientales son las primeras funcionarias del Estado, aparte de los militares, que han llegado a esas veredas en medio siglo. Y por tanto han tenido que sentir la desconfianza, el escepticismo e incluso recibir “los desahogos” de la gente ante ese largo abandono.

“Nosotras llegamos con los mapas del registro de deforestación del Ideam y las personas no se sorprenden porque son conscientes de que están acabando con los bosques, pero siempre nos dicen que ellos tienen necesidades y nos preguntan ¿dónde están las soluciones que nos ofrece el gobierno?”, cuenta Polo.

Muchos, sin embargo, se muestran escépticos cuando ellas responden que la idea es establecer proyectos agroforestales para no depender solo de la ganadería y aprovechar los productos del bosque. “Acá la gente sabe que está mal tumbar los árboles pero tampoco tiene ni idea de cómo estos pueden ser rentables para ellos. Por eso siempre insisten mucho en que la única solución está en la ganadería porque “el monte no sirve, no da para comer””, dice Otaya.

Con todo, ambas coinciden en que la gente está dispuesta a “cambiar el chip”, pero se necesita que las inversiones se vean en el territorio. Y en este aspecto el alcalde Vargas puede jugar un papel fundamental. Al menos eso es lo que se desprende de sus declaraciones, en las que se compromete a dejar un precedente en materia de reducción de la deforestación en su municipio.

“Acá hasta hace poco nos estamos pellizcando por el tema de la deforestación. En esta región nunca hubo una política clara de uso del territorio y eso es lo que estamos tratando de hacer en esta administración”, afirma el alcalde. Por eso, aunque según sus cifras el 80% de la economía de su municipio depende de la ganadería, ha establecido mecanismos para que el fomento de la actividad no signifique la expansión de la frontera agropecuaria.

“Montamos un sistema de créditos a pequeños productores en el que la alcaldía le firma el aval de garantía frente al banco a cambio de que el propietario se comprometa a no deforestar más. Además, el concejo municipal me acaba de aprobar un acuerdo para hacer descuentos en el impuesto predial de acuerdo al porcentaje de bosques naturales que la persona tenga y conserve en su finca”, explica Vargas.

Aparte de eso, el mandatario se muestra sintonizado con las propuestas de Visión Amazonia sobre el aprovechamiento sostenible del bosque y dice que está dispuesto a liderar su implementación en Cartagena del Chairá. “Yo le digo a los productores que para lo único que veo plata es para lo ambiental y que por eso se tienen que preparar para darle un cambio a sus fincas”.

“Voy a sentarme con todas las instituciones ambientales y con los operadores para garantizar que la plata se materialice en beneficios para la gente. Por ejemplo, necesitamos llevarles a los campesinos palmas de asaí para que aprendan a aprovechar esas semillas, que tengan gallinas y una granja amazónica para que coman y no tengan que tumbar la montaña. Si yo soy el que tengo que poner la cara por este tema, me tengo que asegurar de que todos estemos trabajando por el mismo propósito”, afirma el alcalde.

La hora del Estado

Más allá del terreno perdido durante la transición de poder entre las Farc y el Estado en el Caquetá, hay que resaltar que por primera vez la deforestación ocupa un lugar protagónico en la agenda de las instituciones, tanto nacionales como locales. El cambio no ha sido fácil. Para entenderlo hay que pensar en que en el transcurso de apenas seis meses la deforestación desplazó a las Farc como el principal objetivo del Ejército que comanda el general Parra en el Caquetá.

“Es un problema que viene de tiempo atrás, pero hasta ahora le estamos dando la importancia que merece. La preocupación por la deforestación se va a volver una política de estado que requiere la participación de todas las instituciones”, afirma el general. Como dice el director de Corpoamazonia, Mario Barón, “durante mucho tiempo nosotros fuimos la única entidad trabajando frente a un problema tan grande. Ahora estamos articulados con todas entidades responsables y con la gente para ponerle freno a la destrucción de los bosques”.

Mario Barón es el director de Corpoamazonia en el Caquetá. Dice que es la primera vez en la historia que otras entidades lo acompañan en la lucha contra la deforestación. Foto: Diana Rey Melo / Revista Semana.

Los resultados están por verse. José Yunis, coordinador de Visión Amazonia, dice que este año se van a invertir 24 millones de dólares en los primeros proyectos agroforestales en Caquetá y Guaviare. Pero en las comunidades hay desconfianza, expectativa y urgencia.

Rafael Orjuela dice que las relaciones entre los líderes comunales y el gobierno penden de un hilo porque ellos están poniendo la cara convenciendo a la gente de que hay que darle la oportunidad al proceso. “La mayoría de la gente me dice que si de acá a final de año, cuando llegue el verano, no han comenzado los proyectos, van a volver a tumbar la montaña”, cuenta Orjuela.

Algo parecido le han advertido a las ingenieras de Corpoamazonía. “Las personas han sido muy receptivas con nuestro mensaje pero siempre nos dicen que si no llegan pronto las inversiones eso se va a convertir en un disco rayado y van a seguir tumbando”, afirma Polo. En el fondo, la lucha contra la deforestación es una prueba de fuego para que el gobierno muestre que existe una oferta institucional más allá de las botas de los militares. En palabras de Otaya, “este programa de Visión Amazonia, bien ejecutado, es una oportunidad histórica para que el Estado recupere la confianza de estas poblaciones tan olvidadas”.

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