* Este es un contenido periodístico de la Alianza Grupo Río Bogotá: un proyecto social y ambiental de la Fundación Coca-Cola, el Banco de Bogotá del Grupo Aval, el consorcio PTAR Salitre y la Fundación SEMANA para posicionar en la agenda nacional la importancia y potencial de la cuenca del río Bogotá y  sensibilizar a los ciudadanos en torno a la recuperación y cuidado del río más importante de la sabana.

Descontaminar el río Bogotá, evitar su degradación futura y garantizar su protección, requiere de la voluntad y de la acción de los sectores público y privado del orden nacional, departamental, distrital y municipal, además de la sociedad civil, a lo largo de toda su cuenca.

Cerca de cumplir siete años de la emisión de la Sentencia del Consejo de Estado de 2014 que les ordenó a las autoridades diseñar e implementar medidas para lograr el saneamiento de este afluente, hay avances en el componente de articulación y coordinación institucional, intersectorial y económica, pero también cuentas pendientes.

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De acuerdo con Fabián Caicedo, director técnico del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (CECH), este organismo tomó decisiones para dar respuesta a las órdenes de la sentencia, puntualmente a los numerales 4.3, 4.10 y 4.13, que establece desarrollar, bajo una visión regional, planes y programas de articulación, coordinación y cooperación interinstitucional.

Desde junio del año pasado, el Consejo Estratégico para la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá (CECH) ha tomado decisiones para dinamizar la articulación interinstitucional e intersectorial en el megaproyecto del río Bogotá. Foto: EAAB.

“Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como Secretaría Técnica del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá, de manera conjunta, el pasado 25 de junio de 2020, mediante el Acuerdo 7, se aprobó y se adoptó el plan de acción del CECH, que da los lineamientos y acciones a desarrollar para avanzar en la descontaminación del afluente”, indicó.

Según explica, este plan de acción, que abarca el periodo comprendido entre 2020 y 2023, tiene como objetivo general gestionar y hacer seguimiento, de manera permanente, a las acciones interinstitucionales que sean necesarias para continuar con el mejoramiento ambiental de la cuenca hidrográfica del río Bogotá y su articulación con los demás instrumentos de planificación.

En efecto, la articulación interinstitucional es una de las tres líneas de acción estratégica de este plan -las otras dos son mejoramiento ambiental y educación-. Según Caicedo, dicha dimensión es un “requisito fundamental” para el logro de metas y objetivos comunes en este megaproyecto.

Sin embargo, señaló que estudios sobre el marco de la Sentencia del Consejo de Estado y otros efectuados por entidades como el Departamento Nacional de Planeación (DNP) “identifican la desarticulación institucional como uno de los puntos críticos más sobresalientes de la problemática de contaminación del río Bogotá. De acuerdo con la parte motiva de la sentencia, en la Región Bogotá-Sabana no se ha logrado generar una estructura regional coordinada e integral para tratar temas comunes como lo demuestra la fragmentación de los proyectos ambientales y de saneamiento”.

La recuperación del río Bogotá ayudará a mantener con vida a las especies de flora y fauna que habitan a lo largo de su cuenca. Foto: Nicolás Acevedo

En medio de este entorno, además de la emisión del Acuerdo 7, se han tomado otras decisiones para generar un entorno en el que la generación de sinergias entre las instituciones y los sectores tome más forma y fluya. La más reciente es la adopción del Sistema de Información de la Cuenca del Río Bogotá (SIRíoBogotá).

El funcionario cuenta que esta medida emanada en el Acuerdo 6 del CECH permite, además de consolidar todos los contenidos pertinentes a la sentencia para facilitar la toma de decisiones, “la articulación interinstitucional mediante el registro, almacenamiento, validación y divulgación de información accesible al público a través de internet”.

Para que este sistema funcione, el director técnico del CECH reseña que, mediante un acuerdo de voluntades, cada una de las entidades participantes dispondrá de recursos económicos, “lo que hace que este sea un logro del consejo y se pueda evidenciar la articulación institucional de la que tanto se hace énfasis en este proyecto”.

Herramienta invaluable

La articulación interinstitucional e intersectorial es una dinámica que ha contribuido al desarrollo exitoso de programas sociales y de otros campos en diversas latitudes en el mundo como lo constatan informes de organismos multilaterales e instituciones gubernamentales. En el caso de la descontaminación de esta cuenca hidrográfica es un instrumento de valía para lograr ese propósito final.

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Según Yolanda Villabona, abogada y asesora del Grupo Río Bogotá (GRB), “es importante para el logro de los objetivos propuestos pues intervienen varias entidades de distintos niveles y se requiere lograr una sinergia entre ellas a partir de unir esfuerzos técnicos y financieros coordinados bajo una autoridad como el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá, mientras se crea por ley la Gerencia Estratégica del río Bogotá”.

El CECH, agrega, se encarga de coordinar a todos los actores responsables de la solución de la problemática del río y también cuenta con instrumentos de gestión económica y jurídica para la medición constante del proceso de descontaminación de la cuenca hidrográfica con indicadores de verificación y para la solución de los problemas detectados.

En la cuenca baja el río alcanza niveles alarmantes de contaminación por cuenta de los vertimientos y las basuras arrojadas por los habitantes de Bogotá. Foto: Nicolás Acevedo

Sobre esta instancia destacó el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República que, en el informe final de 2020 sobre seguimiento al cumplimiento de la sentencia, valoró que tiene una mejor articulación y funcionamiento. A partir de esto, el organismo reseñó que desde 2014 hasta 2024 la política pública debe “orientarse desde el más alto nivel y que, con los entes territoriales, deben renovarse los marcos de acción: manejo de vertimientos, infraestructura fluvial, plusvalía el agua para financiar la sostenibilidad de las PTAR, entre otros”.

Sobre la participación de dicho órgano de control en el megaproyecto, Olga Lucía Patín Cure, procuradora Delegada para Asuntos Ambientales y Académicos, destacó que, a parte de los “valiosos aportes” hechos en la construcción de la sentencia en la primera y la segunda instancia, también ha vigilado, en un periodo superior a 10 años, a todos los actores involucrados en el cumplimiento de dichas órdenes.

La funcionaria se refirió al derecho humano al agua, uno de los tantos que protege la decisión judicial, y aseguró que alcanzarlo requiere no solo de la actuación de las autoridades ambientales y de los órganos de control, sino también “del trabajo articulado de todos los actores involucrados” y la presencia de los habitantes alrededor de la cuenca y sus afluentes.

Proteger el agua no solo comporta la obligación de las autoridades nacionales, departamentales y municipales de suministrar el servicio de agua potable y de alcantarillado, idea que trae a la mente de las personas la construcción de los planes maestros de acueducto y alcantarillado y de las plantas de tratamiento antes de verter el agua residual al recurso hídrico”, añadió.

Desafíos

Según Patín Cure, los mayores desafíos que este órgano de control ha identificado son los cambios de administración por los periodos electorales, los cambios legislativos y el ordenamiento territorial.

Sobre el primero, asegura que “no permiten darle continuidad a las acciones que se venían adelantando con el mismo compromiso y conocimiento” y sobre el segundo explica que “afectan las finanzas de los entes territoriales para darle continuidad a los proyectos de inversión que se requieren para dar cumplimiento a las órdenes emanadas de la sentencia”.

El Bogotá tiene el 97 por ciento de sus aguas contaminadas por cuenta de los vertimientos y basuras arrojadas diariamente por los habitantes de su cuenca. Foto: Nicolás Acevedo

Acerca del tercer reto sostiene que una de las causas principales de la contaminacion del río es “la falta de un instrumento de planeación que contemple todas las determinantes ambientales y de uso de suelo organizado que garantice la protección de los cuerpos de agua”. En dicha dimensión, aseguró que la entidad encontró que en municipios del departamento de Cundinamarca colindantes con la cuenca hidrográfica se registra un “desbordamiento en el crecimiento urbano” que no tiene en cuenta la cobertura de los servicios públicos y acapara las rondas hídricas para actividades antrópicas.

Villabona, abogada y asesora del GRB, evocó el pronunciamiento de la Procuraduría de final del año pasado y remarcó la necesidad de aunar más esfuerzos con los municipios en el manejo de vertimientos e infraestructura fluvial, y en el actualización y articulación con los diferentes instrumentos dirigidos al manejo del territorio.

“Si bien los municipios han incluidos actividades en sus planes de desarrollo para el mejoramiento de la cuenca hidrográfica del río Bogotá y deben incluir en su planes de Ordenamiento Territorial la actualización del POMCA, es decir, del manejo ambiental de la cuenca hidrográfica del río Bogotá actualizado por la CAR. Estos carecen de recursos para poder realizar dichas actividades y, por tanto, requieren de un apoyo por parte de la Gobernación de Cundinamarca y del Gobierno nacional”, aseguró.

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Desde la academia, Andres Briceño, director de la Maestría en Contratación Estatal y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de La Sabana, valora la importancia de la articulación interinstitucional porque permite la concreción de tres criterios: coordinación, colaboración y cooperación, los que abarcan todas las dimensiones del megaproyecto. A partir de este punto de partida, considera que en adelante hay tres desafíos por cumplir.

El primero es “la plena coordinación de las políticas, planes, programas e inversiones ambientales que va a requerir en los próximos cincuenta años el río Bogotá para recuperar sus condiciones ambientales, regular su caudal y mejorar su disponibilidad para todas las personas que habitan la región”.

El segundo, indica, es la concreción de la articulación y sinergias entre los planes de ordenamiento territorial entre los diferentes órdenes y de estos con el POMCA. Y el tercero es hacer más participe a la sociedad civil para que “pueda encontrar en el río un valor propio al ejercicio de sus derechos y libertades”.

Así como en proyectos en otros campos, en la descontaminación del río Bogotá la cooperación entre las instituciones y autoridades es clave. Foto: CAR.

“Se exige que la articulación y desarrollo del proyecto esté marcado por un cambio cualitativo, no sólo cuantitativo de la mejora de la calidad de las condiciones ambientales, de la adecuación hidráulica y de la producción limpia, sino de la recuperación del río como activo ambiental y económico como ocurre en las grandes ciudades europeas en donde la coexistencia entre este tipo de recurso y el desarrollo de las ciudades no colisiona sino que se armoniza, en la época del antropoceno”, aseguró Briceño.

Finalmente, Cristian Julián Díaz Alvarez, profesor universitario y consultor ambiental, planteó que si bien la Procuraduría informa que hay un avance que corresponde al número de la Ley de Pareto -80 de cumplimiento y 20 por avanzar, aproximadamente-, “haré énfasis en el 20 por ciento que falta el cual, en mi concepto, provoca el 80 por ciento del problema del río Bogotá, y es la forma como se "vive" el territorio”.

Según plantea, el pronunciamiento del órgano de control acerca de la falta de avances en la actualizacion y articulación de los instrumentos de ordenamiento territorial, “evidencia el problema sustancial sobre la forma como los asentamientos humanos, el aparato productivo, las plantaciones y cultivos, la ganadería, la minería, la agroindustria y demás elementos del metabolismo social, hídrico y urbano, se comportan desde Villapinzón hasta Ricaurte”.

Frente a este panorama, considera que “lo más paradójico del asunto es que es una utopía "ordenar" el territorio como una exposición de bloques didácticos, planos, render o una maqueta. ¡La forma como los elementos antes descritos operan en el territorio es compleja, caótica y, en el caso colombiano, muy desordenada!”.

Sin articulación y coordinación interinstitucional e intersectorial cualquier proyecto social y ambiental está llamado al fracaso en cualquier lugar del mundo. La descontaminación del río Bogotá enfrenta en este caso la misión inconmensurable de cohesionar a todos los actores para que esta cuenca hidrográfica recupere el esplendor anterior a 1900 y se protejan los múltiples derechos de millones de ciudadanos del centro del país.