Acaba de ser radicada una nueva solicitud al presidente Iván Duque para que adelante las gestiones y no escatime esfuerzos con el fin de que el Congreso de la República ratifique de manera urgente el Acuerdo de Escazú

Esta vez los promotores son un grupo de connotados ambientalistas, académicos y políticos, que hicieron parte como moderadores o participantes de la Mesa de Diálogo Nacional Ambiental durante el paro de 2019. Ellos, a través de una carta le recordaron al Jefe de Estado que la ratificación del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación y Justicia en Asuntos Ambientales para América Latina y el Caribe fue un compromiso de su Gobierno con aquellas personas. 

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Recordaron que ese compromiso fue reiterado por el mandatario en su intervención en el marco de la Cumbre Presidencial por la Amazonía el pasado 11 de agosto y ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el pasado 22 de septiembre. 

Indicaron que la ratificación del Acuerdo de Escazú era de vital importancia ya que otorgaba seguridad jurídica para las inversiones y el desarrollo de proyectos en Colombia.


Colombia es el país más peligroso del mundo para defender el medio ambiente según la oenegé británica Global Witness. Foto: archivo / Semana. 

Además, porque el país tendría una gran oportunidad para mejorar la democracia ambiental y fortalecer la institucionalidad en esta materia.

"La protección de las personas defensoras del ambiente es urgente. El Acuerdo de Escazú es un instrumento importante para reducir los conflictos ambientales y disminuir su judicialización en Colombia", destacaron los peticionarios entre quienes se encuentran Gonzalo Andrade, director del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia; Brigitte Baptiste, rectora de la universidad EAN; Juan Carlos Losada, representante a la Cámara; Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Ambiente y presidente del Foro Nacional Ambiental; Ernesto Guhl, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Julio Carrizosa, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, y Juan Pablo Ruiz Soto, miembro de Resnatur, entre otros. 

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En el documento también señalan que Escazú es un Acuerdo negociado y redactado ciento por ciento en América Latina y el Caribe para la región y que Colombia fue un actor determinante en la elaboración del texto. 


Los indígenas son los defensores ambientales más asesinados en Colombia. Foto: Guillermo Torres /Semana. 

"Es un Acuerdo pionero en beneficio del desarrollo sostenible, la equidad y los derechos humanos. Es un Acuerdo necesario para todos los gobiernos comprometidos con enfrentar la crisis ambiental, además, la protección de los derechos de acceso en materia ambiental es un estándar promovido por la OCDE", indicaron. 

Resaltaron el hecho de que el contenido del Acuerdo de Escazú haya sido explícitamente respaldado por el BID como un criterio importante para otorgar financiación para el desarrollo. "Es un Acuerdo histórico que goza de amplia legitimidad", expresaron. 

Explicaron que a pesar de que el proyecto de ley fue radicado en la Cámara de Representantes el 23 de julio de 2020 y en el Senado de la República el 27 de julio de 2020 con mensaje de urgencia, a la fecha las Comisiones Segundas Conjuntas no le han dado primer debate  a la iniciativa legislativa “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y El Caribe, Adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018”.

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Recalcaron que proyecto de ley cuenta con una ponencia positiva publicada en la Gaceta del Congreso del 16 de octubre de 2020 firmada por cinco de los catorce ponentes. 

"Por estas razones, le solicitamos su intervención lo antes posible y de esta manera cumplir con su compromiso a nivel nacional e internacional de ratificar el Acuerdo de Escazú", puntualizaron. 


La ratificación del Acuerdo de Escazú permitirá a los líderes ambientales tener acceso a la información y prevenir los conflictos ambientales. Foto: archivo /Semana.

Del grupo de firmantes también hacen parte Sandra Vilardy, directora de la iniciativa Parques Nacionales Cómo Vamos; Clara Solano, directora Ejecutiva de la Fundación Natura; Margarita Marino de Botero, exdirectora del Inderena; Lina Muñoz Ávila, miembro de la Alianza por el Acuerdo de Escazú en Colombia; Margarita Pacheco, presidenta de la Junta Directiva de ka Fundación Natura; Manuel Guzmán Hennessey, director Think Tank KLN y Elsa Matilde Escobar, ambientalista independiente, entre otros integrantes de organizaciones y ciudadanía interesada. 

Para que entre en vigor y sea vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento, el acuerdo deberá ser ratificado por 11 países y hasta ahora sólo lo han hecho 10 países, incluyendo Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Uruguay y de manera más reciente, Argentina. De ahí que la decisión que se adopte en Colombia será determinante no solo para el país sino para la región.

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Entre tanto, existen diversos sectores, como algunos de los más poderosos gremios económicos del país, varios congresistas y líderes políticos como el exministro Germán Vargas Lleras, que no están de acuerdo con que se firme el acuerdo.

Recientemente, por ejemplo, el exministro publicó dos trinos en los que deja ver claramente su posición frente a este tema. 

"Me resisto a creer que en esto vamos a terminar acompañando a Bolivia, a San Vicente y las Granadinas y a Nicaragua, entre otros países signatarios", indicó a través de su cuenta de Twitter. 

Habrá que esperar la reacción del Congreso frente al clamor no solo del Gobierno, sino de las organizaciones, activistas y académicos que urgen por el desarrollo de los debates.