Alrededor del páramo de Santurbán se tejen no solo conflictos ambientales sino también una profunda problemática social

Habitantes de la zona alta del páramo de Santurbán, es decir, de los municipios que conforman la Provincia de Soto (California, Vetas, Charta, Matanza, Suratá y Tona), quienes se encuentran representados, entre otras organizaciones, por Dignidad Minera, no están de acuerdo con que se suspenda el proceso de delimitación del páramo, tal y como lo propuso la Procuraduría. 

En 2010 se prohibieron las actividades mineras en los páramos y se definió la necesidad de delimitarlos. Desde entonces, las comunidades que habitan en Santurbán y derivan su sustento de la minería artesanal y del campo, quedaron a la espera de las decisiones que se deben tomar al respecto. De acuerdo con Dignidad Minera se trata de cerca de 25.000 campesinos de 40 municipios.

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Las comunidades de los municipios del área de influencia que defienden sus tradiciones, su cultura y el desarrollo de sus actividades económicas ancestrales dijeron, a través de su vocera Ivonne González, que “el ministerio de Ambiente siempre ha encontrado alguna excusa para demorar y dilatar el proceso, ya sea por elecciones, por no tener tiempo suficiente para cumplir el contenido de la sentencia y ahora por la covid-19”.

González cuestionó la propuesta planteada por la Procuraduría al considerar que es discriminatoria, ya que -según la vocera-  al suspender el proceso de delimitación se estaría tomando la falta de conectividad y acceso a internet como una excusa para limitar la participación activa de la gente

"En lugar de eso, lo que esperan las poblaciones es que hoy más que nunca se responda a su necesidad de servicios de comunicación de calidad, que les permitan participar en igualdad de condiciones frente a las comunidades urbanas", apuntó. 


Los campesinos que llevan habitando el páramo buscan soluciones del gobierno para poder retomar sus actividades productivas. Foto: Darlin Bejarano

Por su parte, Luz Helena Landazábal, presidenta del Concejo Municipal de Vetas, dijo que "si las autoridades no asumen su responsabilidad y encuentran la forma de que avance la delimitación, las comunidades serán las más afectadas porque las dejan sin alternativa de trabajo". La totalidad de este municipio, de cerca de 2.500 habitantes, depende de manera directa o indirecta de la minería tradicional desde hace, por lo menos, 400 años.

"La aptitud del suelo no permite el desarrollo de otras actividades como la agricultura o la ganadería, que, entre otras cosas, afectan el ecosistema. Otras actividades, como el ecoturismo o el pago por servicios ambientales son muy limitadas y su potencial desarrollo difícilmente podrán sustituir parcial o totalmente a la minería como principal generador de empleo en la región", dijo la concejal. 

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Edwin Alberto Blanco Portilla, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal Suratá, aseguró, a su vez, que no sería justo con las comunidades de los municipios vecinos del páramo de Santurbán que ahora la pandemia se convierta en una nueva excusa para que el proceso no avance. "Necesitamos respuestas y garantías porque la situación ya es insostenible para las comunidades paramunas de Soto Norte, que son las que asumen los costos sociales y económicas de tanta demora”, expresó. 


En el páramo de Santurbán nace el agua de la que se surten ciudades como Bucaramanga y Cúcuta. Foto: archivo/Semana.  

En 2017, a través de la sentencia T-361, que dejó sin piso jurídico la Resolución 2090 de 2014, que establecía la delimitación del páramo, la Corte Constitucional le otorgó un año al ministerio de Ambiente para realizar una nueva delimitación de ese ecosistema, en vista de que en la primera no se tuvo en cuenta a las comunidades. 

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Esa primera delimitación cobijó miles de hectáreas en la que los habitantes de la provincia de Soto Norte tenían desde hacía muchas décadas minas, ganado y cultivos de bajo impacto, actividades que no pudieron seguir adelantando. 


Por su riqueza y ubicación estratégica el páramo se ha convertido en un escenerio de intereses. Foto: archivo/Semana.  

El proceso en esta nueva orden judicial debía finalizar en junio de 2018, pero el ministerio no logró cumplir los términos y desde entonces ha solicitado dos prórrogas ante el Tribunal Administrativo de Santander. El plazo de la última era hasta 18 de diciembre de 2019. 

A principios de 2020 se realizaron reuniones en Matanza y Cúcuta para determinar la hoja de ruta del trabajo que debería conducir a la finalización del proceso. El primer paso sería el desarrollo de mesas técnicas previas a la concertación. Sin embargo, con la aparición de la pandemia del coronavirus todo cambió y según la comunidad de ese sector aún no existe un cronograma y ninguna autoridad se ha pronunciado para explicarles cómo continuará el proceso con la situación actual.

La primera delimitación protegía 98.954 hectáreas, es decir, el 76 por ciento del páramo.