De forma vehemente el excontralor Edgardo Maya Villazón le solicitó al Gobierno Nacional en agosto del año pasado, antes de terminar su periodo, una moratoria en la aplicación del fracking al considerar que el país no contaba con la fortaleza institucional ni los estudios necesarios para implementarlo. 

Siete meses después esta iniciativa vuelve a tomar fuerza, tras la publicación de un estudio, compuesto por 202 páginas, en el que la Contraloría General de la República señala que el Estado no está preparado para establecer esta técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales.       

El informe advierte, entre otras cosas, sobre las posibles afectaciones que traería el fracking a las fuentes de agua subterránea, al igual que la  probable disminución del recurso hídrico superficial, los derrames o fugas de fluidos que podrían producirse, los riesgos en el manejo y disposición de las aguas de producción, y los efectos colaterales que esta técnica generaría como, por ejemplo, el aumento de la sismicidad y la contaminación por cuenta del inadecuado manejo en el transporte, almacenamiento y uso de sustancias peligrosas (químicos, lodos, aceites, fluidos) empleados para fracturación hidráulica. 

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El estudio también resalta la incertidumbre jurídica existente en el país para regular el fracking, pues a la fecha existen 16 normas relacionadas con la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, cada una atendiendo diferentes factores. Existen, por ejemplo, 14 que abordan el componente técnico-ambiental y dos en el componente administrativo. Esta falta de articulación y unidad de criterios podrían, a futuro, convertirse en un problema para ejecutar el control sobre esta actividad, por eso para la Contraloría es inconcebible que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) haya adjudicado varios bloques de exploración y explotación de fracking sin que aún el Estado cuente con un marco regulatorio ambiental ni el conocimiento básico para definir las restricciones ecosistémicas sobre la implementación de esta técnica. 


Con la implementación de esta técnica se teme que se reduzcan las fuentes hídricas superficiales. Foto: Archivo/Semana.  

El documento señala que la distribución de los bloques disponibles se concentra mayoritariamente hacia la cuenca sedimentaria de la Cordillera Oriental (COR), la cual involucra sectores de Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Tolima y Huila, para un total de 26 bloques disponibles. En una proporción menor hay disponibilidad en las cuencas del valle superior (4 bloques), medio (2 bloques) e inferior (1 bloque) del Magdalena, Sinú–San Jacinto (1 bloque) y Cesar–Ranchería (1 bloque).

Casos como los sucedidos con Estados Unidos, Argentina, Canadá y China fueron analizados en el estudio, determinando que para Colombia es necesario tomar precauciones adicionales por las particularidades geográficas y ambientales que tiene el país y, de esta forma, evitar impactos nefástos no solo para los ecosistemas, sino a la salud de las personas. Adicionalmente, insta al Estado a fortalecer a las instituciones responsables de la vigilancia sobre este tipo de actividades. 

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"El país debería generar la capacidad de hacer seguimiento y control estricto no solo a la prevención del derrame de estas sustancias, sino también al tratamiento y reinyección de las mismas, exigiendo idoneidad y experiencia previa de los operadores en este tipo de yacimientos. También se debe hacer hincapié en que este control y seguimiento no se limita a pozos en producción sino que también debe incluir pozos abandonados y los clausurados al final de la vida útil; es decir, en la etapa de post-cierre", indica el estudio. 

El ente de control considera, además, que la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales deben propender por su articulación y fortalecimiento, con el fin de construir un marco regulatorio apropiado para el país y realizar un seguimiento y control efectivo, pues el Estado colombiano en algún momento debe llegar a una etapa en que su legislación técnico-ambiental y administrativa sea más robusta y adaptada a las singularidades geo-ambientales del territorio nacional.

"De persistir la debilidad institucional en el seguimiento y control de los futuros escenarios de exploración y explotación de yacimientos no convencionales, no se puede garantizar la intervención idónea y efectiva que el desarrollo de estas actividades amerita, con consecuencias funestas para el ambiente en general y el recurso hídrico en particular", explica el estudio. 

Así las cosas, ante la falta de información, estudios, institucionalidad robusta y legislación, la Contraloría considera que implementar esta técnica en el país sería catastrófico e irreversible. El documento es firmado por el excontralor general Edgardo Maya y por el contralor actual Carlos Felipe Córdoba. 

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Sobre el particular, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez Londoño, afirma que no conoce todavía el informe de la Contraloría. Sin embargo, aclaró que la única normativa que estaba actualmente vigente por parte del Ministerio cobijaba solamente la etapa de exploración. "Aún no se ha hecho la normativa para la fase de producción porque no se está haciendo", apuntó.

Al término de esta semana se espera que la comisión de expertos en fracking entregue el informe definitivo con las recomendaciones al Gobierno nacional. Foto: archivo/Semana. 

La jefe de esa cartera considera que los temas de hidrocarburos, tanto de técnicas convencionales como de no convencionales, requieren de una intervención altamente técnica, así como de la conjugación de varias disciplinas para poder emitir conceptos acertados. "Nosotros hemos sido muy enfáticos en que todas las actividades que se hagan en la industria minero-energética deben hacerse de manera sostenible con las comunidades y el medio ambiente, y al ser este un tema estrictamente técnico, el gobierno nacional decidió pedir la conformación de una comisión de expertos independientes para que analizaran todos los impactos. Ese informe no lo presentarán al término de esta semana", explicó la ministra en una entrevista en la W Radio. 

La funcionaria cree que es prudente esperar el docuemento final de la comisión de expertos, ya que implementar el fracking es -según ella- una decisión trascendental para el país. "También esperamos conocer el reporte de la Contraloría y sobre esas bases podemos hacer los analisis que corresponden", manifesta la ministra. 

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Entre tanto, el vocero de la Alianza Colombia Libre de Fracking, Carlos Andrés Santiago, señala que este informe revela un trabajo técnico muy riguroso y ratifica la postura sólida y coherente de la Contraloría General de la República, que desde el año 2012 viene evidenciando los riesgos e impactos del fracking para las comunidades y solicitando la aplicación del principio de precaución para que esos daños no se materialicen en Colombia.

"Presentaremos este informe del ente de control al Congreso de la República, al Consejo de Estado y a otras entidades e instancias nacionales e internacionales para que se privilegie el agua, el ambiente y la salud de los colombianos, y se detenga el avance de esta nefasta práctica en el país", recalca.