La posibilidad que el Gobierno nacional realice los proyectos piloto integrales de investigación (PPII) de fracking en Colombia, pese a que el marco normativo sigue suspendido por parte del Consejo de Estado, ha generado opiniones divididas. 

Mientras el sector industrial y petrolero celebra la medida, al considerar que estos pilotos otorgarán la información suficiente para tomar la decisión sobre si se debe implementar o no esta técnica en el país, los ambientalistas lamentaron la aclaración al fallo del auto del 8 de noviembre de 2018, proferido por la Alta Corte que decretó la medida cautelar de suspensión provisional de las normas que permitían la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. 

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Desde la Alianza Colombia Libre de Fracking afirmaron que se oponían rotundamente a experimentar con comunidades. "Y más en una zona tan sensible como en los complejos de ciénagas y humedales del Magdalena Medio, donde viven especies amenazadas como el manatí y el jaguar. Lo que está en juego son nuestros bienes comunes, el agua, la vida, la biodiversidad y la salud de los habitantes de esa región", señalaron a través de un comunicado. 

"Lamentamos que el Consejo de Estado haya permitido la fase preliminar de los pilotos, sin embargo, respetamos y acatamos las decisiones judiciales. Seguiremos conjuntamente con nuestros aliados realizando las acciones jurídicas, de incidencia y movilización a las que haya lugar para no permitir el desarrollo de esta técnica en el país", afirmó Carlos Andrés Santiago, vocero de la alianza. 

Orlando Cabrales Segovia, presidente de Naturgas, entre tanto, indicó que los proyectos pilotos permitirán determinar sobre el terreno que la regulación existente es efectiva para prevenir los riesgos asociados a la actividad, así como determinar la viabilidad económica de los yacimientos. 

De otro lado, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, viene instando a los tomadores de decisión, desde hace un tiempo, a abordar este tema de manera científica y lejos de apasionamientos. "Hay que dejar la decisión sobre fracking en manos de la ciencia y no de Twitter", sostuvo.

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Sin embargo, para la ejecución de los proyectos pilotos el Gobierno debe cumplir con las ocho condiciones previas que realizó la Comisión de Expertos en su informe final. 

1. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se debe divulgar toda la información disponible asociada e identificar carencias de información en temas como ecosistemas, hidrogeología y sismicidad, etc. 

2. Identificar necesidades de capacidad institucional y de personal local para participar en los proyecto pilotos.

3. Acordar los mecanismos de participación y veeduría ciudadana en los proyectos pilotos.  

4. Ajustar la reglamentación para selección, uso y seguimiento de las actividades y tecnologías usadas de mínimo impacto.  

5. Identificar y divulgar la tecnología de mínimo impacto que se utilizará para los pilotos. 

6. Acordar el manejo de los riesgos sobre salud con los pobladores cercanos al lugar de los PPII. 

7. Identificar necesidades de capacitación de personal local para participar de las actividades de los pilotos. 

8. Construcción de una línea base social en salud, economía, uso de recursos naturales, ecosistemas terrestres y acuáticos.

El Gobierno viene trabajando desde hace varios meses en el cumplimiento de estos requisitos previos, pero por su complejidad podrían tardar mucho tiempo, lo que implica que aún hay un largo camino para la realización de los pilotos.

Sobre el particular, el economista Juan Pablo Ruiz Soto, quien hizo parte de la Comisión de Expertos de Fracking convocada por el Gobierno nacional, recalcó que los PPII eran proyectos experimentales, controlados, con participación comunitaria, y verificación y seguimiento independientes

“Una vez realizados los pilotos, deben ser analizados los resultados de la etapa de investigación integral y, observando el principio de precaución, definir si el país está listo para avanzar con la producción comercial. Ésta se debería iniciar si, y solo si, la evaluación costo-beneficio realizada de manera integral genera un balance positivo y donde los riesgos sean manejables”, señaló la comisión en una de sus recomendaciones. 

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De hecho, la comisión, según Ruiz, propone cuatro etapas. La primera, previa a los PPII, incluye el cumplimiento de ocho condiciones (ya mencionadas); la segunda, tramitar la licencia y adelantar los pilotos; la tercera, con la información recopilada, hacer la evaluación integral costo-beneficio del fracking para Colombia, y la cuarta, si la evaluación es positiva, precisar la legislación para exploración y explotación, a partir de las lecciones aprendidas. 

"Durante la ejecución de los PPII, las entidades gubernamentales, empresas operadoras, universidades, institutos de investigación y organizaciones sociales necesitan combinar esfuerzos para generar mayor conocimiento sobre variables geocientíficas y sociales, y hacer monitoreo para gestionar y reducir los riesgos ambientales y cuantificar los efectos reales de la actividad en las regiones", expresó Ruiz en una columna para El Espectador. 

El experto en gestión ambiental hizo énfasis en que los PPII propuestos por la Comisión este año no son las mismas pruebas piloto de pozos que menciona la Resolución 90341, las cuales están orientadas a evaluar la capacidad productiva de la acumulación en zonas exploradas y a dimensionar otras actividades relacionadas con la explotación. "Son dos cosas distintas que debemos separar y no se pueden mezclar", explicó. 

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De esta manera, el Consejo de Estado dio vía libre a la realización de los proyectos piloto integrales de investigación, pero no levantó la medida cautelar que tiene suspendido el marco normativo del fracking en Colombia, es decir, que las cinco empresas (Ecopetrol, Parex, Drummond, Exxon Mobil y Conoco Phillips- Canacol) que han mostrado su interés en adelantar la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, todavía no lo pueden hacer, hasta tanto, esa misma Alta Corte no decida de fondo la demanda de nulidad simple presentada por el Grupo de Litigio Estratégico e Interés Público de la Universidad del Norte contra el Ministerio de Minas y Energía, que se encuentra en la etapa de audiencias públicas de pruebas.

En Colombia han sido identificadas nueve regiones en donde existen yacimientos potenciales para hacer fracking: Valle medio, superior e inferior del Magdalena, Ranchería (Cesar), La Guajira, Llanos Orientales, Catatumbo, Caguán (Putumayo) y Cordillera Oriental.