En la audiencia de práctica de pruebas que se desarrollará este lunes en el Consejo de Estado, en el marco de la demanda presentada por el Grupo de Litigio e Interés Público contra el Ministerio de Minas y Energía, también se expuso un incidente de desacato por el aparente incumplimiento del Gobierno a la medida cautelar proferida por el Consejo de Estado de suspender el marco normativo que permitía la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, la cual quedó estipulada en el auto del 8 de noviembre de 2018. 

La Corporación Podion y la Alianza Colombia Libre de Fracking fueron los encargados de presentar el incidente, al considerar que estaban siendo vulneradas dichas normas por parte de la multinacional Drummond que -según el escrito- en la actualidad se encuentra explotando 15 pozos de gas en mantos de carbón, de hasta los 914 metros de profundidad, en su proyecto Caporo Norte del bloque La Loma, ubicado entre los municipios de Chiriguaná y La Jagua (Cesar), utilizando, para tal fin, un tipo de yacimiento no convencional reglamentado por el Decreto 3004 de 2013, que hace parte de la normatividad suspendida por el Consejo.

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"Con la medida cautelar, el Gobierno debió suspender no solo el trámite de licencias, sino también todos los contratos suscritos para yacimientos no convencionales y las licencias otorgadas a la Drummond para explotar gas asociado a mantos de carbón en el departamento del Cesar”, aseguró Luis Enrique Orduz Valencia, coordinador del programa socioambiental de la Corporación Podion e integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking. 

Para Orduz los ministerios de Minas y de Ambiente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) son conocedores de que esa compañía ha venido utilizado la técnica del fracturamiento hidraúlico y, por tanto, han venido desacatando la decisión proferida por el Alto Tribunal y permitiendo que los proyectos de Drummond sigan avanzando sin contar con el marco normativo que permita estas operaciones.

“No entendemos cómo la Anla otorgó en 2015 licencias para la fase de explotación de yacimientos no convencionales a esa empresa, cuando a hoy no existe normatividad que permita evaluar este tipo de licencias”, señaló David Uribe, abogado de la Corporación Podion e integrante de la Alianza.

La Drummond respondió a los cuestionamientos

Frente a las críticas, la Drummond Energy señaló, a través de un comunicado de prensa que esa compañía firmó en 2004 ante la ANH , el contrato de exploración y producción para desarrollar hidrocarburos en general, incluyendo el gas de los yacimientos de carbón.

"Después de varios años de trabajos de exploración, bajo los más estrictos requerimientos técnicos, ambientales y sociales, Drummond declaró la comercialidad de este campo en 2012. Simultáneamente, en ese año, la empresa inició el proceso de licenciamiento ambiental para la producción del área del campo Caporo, basado en las regulaciones vigentes en ese momento", comentó la compañía. 

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Para tal fin, desde la empresa informaron, que llevaron a cabo "un estudio ambiental que tuvo en consideración los más altos estándares de cuidado de los recursos, así como todo un plan de gestión y mitigación de impactos". Finalmente, esa licencia ambiental para la producción de dicho campo fue aprobada en 2016 por la Anla, tras ser publicada la resolución que definió técnicamente cómo se podía producir en yacimientos no convencionales por parte del Ministerio de Minas y Energía, en mayo de 2014.

"Durante 2017 y la primera mitad de 2018, 15 pozos del campo Caporo fueron perforados. Desde entonces, Drummond Energy ha producido gas de los yacimientos de carbón de ese campo. Es importante destacar que estos pozos fueron perforados verticalmente e intervenidos con una técnica de estimulación hidráulica tradicional, similar a la que se ha utilizado en el país por más de 50 años, en campos como Cusiana, Cupiagua y Apiay, entre otros", aclaró la Drummond.

Pablo Urrutia, vicepresidente de asuntos públicos de esa multinacional, recalcó que esa empresa no se encontraba realizando fracking. "Es mentira que la extracción de este tipo de gas se haga mediante el uso de esta técnica. Para lograrlo se realiza una perforación vertical y los pozos son mucho más panditos. Se les hace una estimulación hidráulica como la que se ha hecho en este país desde los años 50 en campos tradicionales como el Cusiana. Es una práctica normal que se hace en el mundo entero", manifestó Urrutia, para quien la información difundida por las organizaciones antifracking carece de veracidad y es imprecisa.  

El directivo afirmó, además, que la decisión del Consejo de Estado de suspender las actividades de yacimientos no convencionales en el país, no cabijaba las actividades específicas asociadas a mantos de carbón.

El vocero sostuvo que todas las actividades que implementa se han llevado a cabo bajo las regulaciones existentes, las licencias ambientales y el contrato suscrito incialmente en 2004. "Nosotros tenemos dos contratos, el original que se dio para exploración y producción de hidrocarburos, ya fueran convencionales y no convencionales, el cual está vigente, y otro adicional que se encuentra suspendido", comentó. Urrutia se refiere al contrato adicional que fue establecido el 21 de diciembre de 2016, en que está especificado que se trata de yacimientos no convencionales de hidrocarburos. 

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Este caso no ha tenido mayor resonancia -según la Alianza Colombia Libre de Fracking- porque el proyecto se está ejecutando en un socavón a la que las comunidades no tienen acceso y, a pesar, de que el Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional catalogó como irregular la actividad que viene realizando la Drummond, en un artículo denominado: El fracking avanza de manera irregular en Colombia. 

"En efecto dicha actividad se está desarrollando de manera irregular como, por ejemplo, en el campo Caporo Norte, de la multinacional Drummond, ubicado en La Jagua de Ibirico y Chiriguaná (Cesar), que incluye 57 pozos para la producción de gas metano que emplean fracturamiento hidráulico en mantos de carbón (ver Resolución 1655 de 2015 de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales - ANLA), lo cual corresponde a la definición de “yacimiento no convencional” de la Contraloría y del Decreto 3004 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía", dice el artículo.  

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Para la Alianza es aún más preocupante es que los otros tres bloques que le fueron otorgados a esta compañía están fuera de la mina, cerca de Valledupar. 

La última palabra parece entonces tenerla, de nuevo, el Consejo de Estado, que deberá aclarar si la Drummond puede o no seguir realizando la extracción de gas de esta manera.