Jorge Enrique Robledo, senador de la República, denunció hace unas horas a través de sus redes sociales la inclusión de un artículo en la Ley de Regalías que hace trámite en el Congreso que, al parecer, favorecería la realización del fracking en Colombia.

Se trata del artículo noveno transitorio que, entre otras cosas señala, que la normatividad anterior (artículo 14 de la Ley 1530 de 2012) seguirá vigente para los contratos, convenios y figuras contractuales celebradas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) antes de la expedición de la presente ley que les otorgue un derecho actual para el desarrollo de Yacimientos No Convencionales (YNC).

"Asimismo, continuará vigente para aquellos contratos que suscriba la ANH en el marco de los Proyectos Piloto de Investigación Integral de YNC y para la eventual producción posterior de dichos bloques, en caso de que se decida continuar con la fase comercial con base a la evaluación costo-beneficio producto de la evaluación de los pilotos", señala.  

Robledo calificó como un "orangután" la inclusión de este artículo, que, según sus impulsores, pertenecientes al partido Centro Democrático, busca darle "seguridad jurídica" a los futuros proyectos de fracking que se puedan adelantar en el país. 

"Este no es un proyecto de ley para determinar las condiciones de la producción de hidrocarburos, ni de nada, ni para determinar cuántas son las regalías; este es un proyecto de ley para distribuir regalías, nada más y este artículo no trata de eso, sino de condiciones para los que extraigan hidrocarburos no convencionales, es decir, fracking", manifestó Robledo. 

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El senador sostuvo que a las empresas petroleras cada año el Gobierno les da más gabelas y garantías y que este artículo va en ese mismo sentido. "Este es un orangután de los más descarados de los que yo haya visto en mi vida", expresó. 

Algunos sectores rechazaron el actuar del partido de Gobierno y solicitaron que dicho artículo, que ya fue aprobado por las comisiones quintas de Senado y Cámara, sea suprimido de la ley. 


En varios municipios donde se realizarían los proyectos pilotos de Fracking, como en San Martín (Cesar), las comunidades han hecho plantones para protestar en contra de esta técnica. Foto: archivo/Semana.  

Varios diputados y concejales de Santander, Boyacá, Cesar y Antioquia, que en la mañana de este martes ofrecieron una rueda de prensa en la que rechazaron la realización de los Proyectos Piloto de Investigación Integral en el Magdalena Medio y mostraron su preocupación ante los riesgos que el desarrollo de esta técnica podría generar en la región, respaldaron la posición de Robledo y no ocultaron su intranquilidad por el trasfondo que puede existir con ese artículo.  

Camilo Torres, diputado de Santander, sostuvo sobre este tema que se debe estar atentos, revisar muy bien la ley y emprender las acciones a las que haya lugar. "Esto refleja la inconsciencia del Estado y de la institucionalidad", dijo.

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Para él lo que viene ocurriendo con Santander y el Magdalena Medio es un ataque sistemático en contra los territorios, el agua, la vida, los ecosistemas y la autogobernanza. Torres cuestionó los métodos utilizados por algunas compañías petroleras para obtener la licencia social. 

"Las empresas están comprando consciencias, tratando de reemplazar los papeles del Estado haciendo parques y obras para que la gente no hable y se quede callada. Esto es lo que ha venido pasando en los territorios y no podemos permitir que siga ocurriendo", comentó el diputado, quien señaló que muchas personas accedían por desconocimiento sobre las implicaciones que traerán la implementación de estas técnicas extractivas. 


En ciudades como Bogotá los ciudadanos también se han manifestado en las calles en contra del desarrollo de fracking. Foto: archivo/Semana.

Luis Enrique Sánchez, concejal de Barrancabermeja, a su turno, afirmó que la verdadera vocación de esa región era la agricultura y por esa razón se debe invertir en el campo. "El campesino no está para ser petrolero. Muchos dejaron el campo por ir a trabajar como obreros y luego tuvieron que volver por la crisis, porque el petróleo es temporal", afirmó.  

Dijo que el Estado no puede llegar de un momento a otro a cambiar la vocación de los territorios y para hacerlo debe consultar previamente a las comunidades y no imponerlo a la fuerza. 

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Urbano Villa, concejal de Yondó (Antioquia), explicó que desde la perspectiva de la salud pública y la epidemiologia la realización de fracking es preocupante por la contaminación que pueden sufrir los depósitos y reservorios de cuerpos de agua, así como los agroecosistemas que producen los alimentos para los habitantes del Magdalena Medio por cuenta de los metales pesados

Expuso que algunos de esos metales son precursores de células cancerígenas por lo que probablemente con la implementación del fracking aumente la dinámica de diagnóstico de este tipo de patologías asociadas a la contaminación de las personas que se alimentan con los cultivos y animales que pastorean en áreas del municipio en donde hay yacimientos. 


Para las autoridades locales y regionales la mejor forma de presionar al Gobierno para que no se haga fracking es a través de la movilización social. Foto: archivo/Semana. 

Leonidas Gómez, diputado de Santander, teme por la reducción y contaminación que se pueda producir de las aguas subterráneas con el establecimiento de esta técnica. Sostuvo que las aguas superficiales de ese departamento se han reducido en un 80 por ciento y las pocas que quedan están altamente contaminadas, razón por la cual el futuro y las esperanzas de esa región están puestas en las aguas subterráneas. 

Consideró necesario cambiar el modelo económico y político, porque hasta tanto eso no se haga los territorios seguirán siendo víctimas. "Debemos luchar por que no le quiten la vocación a nuestras tierras (...). Tengo la responsabilidad de salvar lo que nos da la vida: el agua", apuntó. 

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Marcela Peña, concejal de Aguachica (Cesar), expresó que como comunidades se están organizando para hacerle frente a las empresas que -según ella- llegan a generar conflictos internos, bajo las promesas de ofertas laborales transitorias. "Luego de dividir a las comunidades, se van y dejan los problemas y la desolación", manifestó.

Los 22 diputados y concejales que participaron en la actividad coincidieron en que el agua es el mayor tesoro, la vocación de los territorios debe respetarse y potencializarse y en que el Gobierno debe tener en cuenta a las comunidades antes de definir proyectos que afectarán directamente su futuro. 

Para la mayoría, aplicar el principio de precaución es fundamental en este caso ante los riesgos que este tipo de técnicas puede traer consigo. Aseguran que la movilización ciudadana es la principal herramienta para hacer valer los derechos de los pueblos.  

Llaman al Gobierno a generar proyectos en favor de la transición energética limpia, democrática y descentralizada, con inversiones públicas y la participación de las comunidades, propendiendo por el fortalecimiento de la prestación de servicios públicos en cabeza de los municipios y departamentos, y rechazan que se profundice la extracción de combustibles fósiles.