Destitución de Néstor Franco reabre el debate sobre si se deben reformar las CAR

Por irregularidades en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Chía –PTAR II-, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por diez años a Néstor Guillermo Franco González, director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). 

El ente de control halló irregularidades en el convenio suscrito por la CAR con la Alcaldía de Chía y la Empresa de Servicios Públicos de esa localidad (Emserchía), por más de 35.000 millones de pesos, porque, al parecer, la empresa no se encontraba en condiciones para ejecutarlo. 

Según la Procuraduría, los estudios y diseños planteados no eran suficientes ni estaban actualizados y completos para ejecutar el proyecto, lo que llevó a retrasos en la ejecución de las obras y a un reajuste en el valor, que ascendió a 62.876 millones de pesos. 

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"Esa situación debió preverse antes de la firma del convenio, en 2015, en razón a que las normas que rigen los procesos contractuales deben cumplirse con estricto rigor, pues es la forma de garantizar el cumplimiento del interés general que constituye la finalidad de todo proceso de contratación, y así evitar retrasos en las obras o adiciones en el valor de las mismas", indicó el Ministerio Público en un comunicado. 

Para el órgano de control se violó el principio de planeación, toda vez que el objetivo del convenio no se pudo ejecutar a partir de los estudios y diseños iniciales, situación que ocasionó que la construcción solo iniciara tres años después de la suscripción del documento.

La Procuraduría calificó la conducta de Franco González como una falta gravísima cometida a título de culpa.

Franco, a su turno, apeló el fallo en primera instancia. El funcionario afirmó que tiene plena confianza en su actuar transparente y el de su equipo de trabajo, así como en las pruebas recaudadas, que esperan sean valoradas de manera objetiva, tranquila y veraz por la Procuraduría en la segunda instancia. 

"Insisto en que los cuestionamientos se hacen solo y exclusivamente por el difrencial de interpretación que existe respecto a si se podía hacer el convenio de cofinanciación, incluyendo la fase de ajustes a diseños o si era perentorio primero, antes de adelantar el convenio, adelantar esa fase", apuntó Franco, quien agregó que el convenio se hizo bajo el marco jurídico previsto en las leyes vigentes, con pleno acatamiento a las mismas, y en cumplimiento de orden judicial dada en el fallo del Río Bogotá.

Para director de la CAR su suerte como servidor público está marcada por los designios de Dios y lo que que haga en el ejercicio de apelación. "Confiamos en que podemos salir bien librados en atención a que tengo plena certeza respecto a que hemos obrado de la mejor manera posible en camino a recuperar el río más importante del territorio y uno de los más importantes del país: el Bogotá", recalcó.  

La Alcaldía de Chía, a su turno, informó que la obra registraba avances de más del 50% y sería entregada en el último trimestre de 2019.

Buscan modificar las CAR

Por irregularidades como las ocurridas en la Corporación de Cundinamarca, en el Congreso de la República cursan dos proyectos de ley que buscan  cambiar la estructura de las CAR. Una de las iniciativas plantea reducir de 33 a 7 estas entidades en Colombia.

"Para nadie es un secreto que las CAR están hipotecadas a los poderes políticos locales y eso ha hecho que se desvíe de su naturaleza jurídica y misional. El país requiere de entidades que por encima de los intereses políticos regionales, respondan por la verdadera misión por la cual fueron creadas, como es la protección y el control del medioambiente”, mencionó Fernando Carrillo, procurador General de la Nación, el pasado mes de octubre de 2018.  

Para contrarrestar esta problemática el Ministerio de Ambiente y el Partido Cambio Radical presentaron dos proyectos de ley que están en trámite en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, a través de los cuales buscan reformar y otorgar mayor gobernabilidad a estas autoridades ambientales.

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Ambos coinciden en varios puntos como, por ejemplo, someter el cargo de director de estas corporaciones a concurso.

La iniciativa presentada por el Ministerio plantea la realización de una convocatoria pública, durante diez días, para los interesados a optar por el cargo de director general. Los aspirantes, además, deberán presentar varios tipos de pruebas que van desde competencias básicas, funcionales y comportamentales hasta de valoración de formación y experiencia acreditada adicional.

El proyecto también establece que para adelantar este proceso las corporaciones deberán contratar una entidad acreditada por la Comisión Nacional del Servicio Civil, la cual entregará una lista de nombres que no podrá ser inferior a tres ni superior a cinco de los aspirantes que hayan obtenido los mayores puntajes.

La propuesta además aumenta los requisitos para ocupar el máximo cargo de las CAR, al pasar de exigir 4 a 8 años de experiencia. De ese tiempo el aspirante deberá acreditar 42 meses de experticia profesional relacionada con la gestión ambiental, así como haber desempeñado cargos directivos o gerenciales durante un lapso de 18 meses como mínimo.

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Adicionalmente en la apuesta del Ministerio se estipula la reglamentación de los consejos directivos de todas las CAR, al igual que la incorporación de nuevos integrantes, quienes no podrán ser reelegidos como actualmente ocurre a perpetuidad.

Se trata de dos delegados de las entidades científicas adscritas y vinculadas al Ministerio de Ambiente (institutos), así como de un representante de las universidades.

Así mismo, se prevé que las corporaciones implementen una estrategia de transparencia, a partir del acceso a la información pública y la participación, estableciendo los mínimos requeridos en términos de publicidad.

De igual forma, se establecen unos lineamientos presupuestales unificados para que todas las corporaciones manejen sus recursos propios bajo una misma normatividad, reglas y bases nacionales, pues en la actualidad cada corporación maneja sus finanzas de acuerdo a sus estatutos, lo que les ha carreado múltiples problemas con los entes de control.

"Este proyecto no pretende resolver todos los problemas que tiene el Sistema Nacional Ambiental (SINA), pero sí dotar a las CAR de elementos que l

La propuesta de Cambio Radical

Un grupo de 16 congresistas radicaron ante la Cámara de Representantes el 17 de octubre de 2018 un proyecto de ley a través del cual “se modifica la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones con relación al funcionamiento, número, gobernanza y transparencia de las corporaciones autónomas regionales”.

La iniciativa tiene varios aspectos comunes frente a la presentada por el Ministerio de Ambiente. Sin embargo, hay uno que marca la diferencia.

Se trata de reducir el número de CAR, al pasar de 33 a 7 corporaciones, organizadas por regiones.

Este movimiento político plantea además, el establecimiento de un régimen de transición de seis meses para unificar las CAR y efectuar el traslado de los trámites a cargo de las actuales corporaciones. Además, faculta al Ministerio de Ambiente para fijar el cronograma de transición y liquidaciones de las corporaciones suprimidas.

La propuesta también estipula una reformulación de los consejos directivos y determina la elección de los directores mediante una convocatoria pública. Además, prohíbe la reelección del director.

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Establece, adicionalmente, un ajuste de las funciones de las CAR, enfatizando que sus competencias deben respetar las prevalentes de la ANLA para la expedición de licencias, permisos y trámites ambientales en lo referente a proyectos, obras o actividades (POA) que sean promovidos ante entidades nacionales.

El proyecto igualmente determina funciones de las CAR frente a la gestión del riesgo y presupuestalmente focaliza las inversiones de las corporaciones de acuerdo a los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de las zonas de su influencia.

Implementa, de igual manera, mecanismos que garantizarían la participación, rendición de cuentas y acceso a la información pública. Del mismo modo incorpora planes anticorrupción y de atención al ciudadano. Asimismo, implementa estrategias anti-trámites que se encargará de diseñar el Ministerio de Ambiente.