Esta semana, un juez de garantías resolvió las peticiones hechas por la Fiscalía que pedían cinco medidas cautelares para frenar el daño ambiental y social generado por la contingencia en Hidroituango. A primera vista la decisión tomada pasaba por alto lo establecido por el ente judicial, como recoger el buchón de agua y remover los escombros contaminantes, sin embargo el juez fue un paso más allá y abrió el camino para revisar el proyecto de fondo.

Mientras la Fiscalía había pedido que se removiera esta planta que contamina el río Cauca, así como que se removieran los desechos generados por una planta de asfalto, recolectar material de excavación, proteger la salud de los habitantes,  el derecho a la información de las personas afectadas y su seguridad alimentaria, el togado recogió el espíritu de cada uno de esos cinco puntos y los resumió en dos medidas:

En primer lugar decretó “amparar los derechos a la vida, la salud, mínimo vital, medioambiente, vida digna, salubridad pública y dignidad humana con ocasión al estado de calamidad pública y dignidad humana decretado por la Gobernación de Antioquia”. Son muchos derechos en un paquete y sin ninguna instrucción pragmática. Sin embargo, se trata del piso constitucional que soporta la siguiente medida.

Lea también: Fiscalía solicita medidas inmediatas frente al daño ambiental causado por Hidroituango

La segunda medida ordena conformar y desarrollar una mesa técnica para que lleve a cabo un estudio que analice la estructura rocosa donde está la obra y la estabilidad del terreno. En plata blanca esto significa que el estudio determinaría si es viable o no, desde la perspectiva ingenieril, continuar con el proyecto.

Esta nueva misión técnica estará conformada por la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General, Contraloría General de la República, Gobernación de Antioquia, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Salud, Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales), Empresas Públicas de Medellín (Epm) e Hidroituango. Dicha instancia debe conformarse entre los próximos cinco días, esto sería, a más tardar el próximo 19 de junio.

A simple vista podría pensarse que el juez omitió resolver las medidas más pragmáticas de la solicitud del ente acusador: remover el buchón de agua que se extiende sobre la superficie del río Cauca y genera un tapete de sobra que causa la muerte masiva peces, que necesitan de la luz del sol; así como remover los escombros generados por el abandono de una planta de asfalto en la ronda del río San Andrés, uno de los afluentes del Cauca y que generaba sustancias que caen a los cuerpos de agua y disminuyen su calidad, y otras están expuestas a la comunidad, especialmente a los niños que cruzan y viven en esta zona, situación que representa un riesgo para la salud.

Así se ve el río Cauca. El color verde es el buchón que va avanzando a pasos de gigante. Foto: Archivo Particular

También le puede interesar:Más de 300 denuncias persiguen a Hidroituango

La planta de asfalto y los residuos encontrados son de las obras contratadas por EPM para ampliar y reparar las vías entre Ituango, Valle de Toledo, Toledo y Puerto Valdivia,deterioradas por el tránsito de maquinaria hacia el proyecto Hidroituango.

Para la Fiscalía, esa planta no se cerró técnicamente ni se hizo una recolección adecuada como lo establecen las normas ambientales. Por esta razón, el ente judicial solicita la cierre técnico, urgente de la planta de asfalto, la recolección y la disposición inmediata y técnica de los residuos como medidas cautelares.

Sin embargo, durante la audiencia se logró determinar que estas problemáticas ya estaban siendo atendidas por las empresas correspondiente, y por eso el juez no dictó una medida cautelar específica frente al tema.

Los representantes de las víctimas estuvieron de acuerdo con lo planteado por el juez de garantías. Según Juan Pablo Soler, vocero de las comunidades sembradoras del territorio, aguas y autonomía (STAA), articulado al Movimiento Ríos Vivos, lo más valioso de este pronunciamiento es la posibilidad que podrían tener las comunidades de ser partícipes de las mesas establecidas, pues afirmó que era algo que desde hace años no se daba.

Así mismo, rescató que realmente se haga una investigación ingenieril imparcial, puesto que el estudio presentado hace unos meses fue contratado por la propia empresa (EPM) lo que le quita veracidad. “Para nosotros que el ente judicial realmente defina responsabilidades frente a todo lo que ha pasado es muy importante, porque ha habido muchos fraudes procesales. La empresa engañá a la Anla en una de sus visitas en las que solo habló de túneles y no del sistema de desviación. A nuestro juicio, la interventoría también falló”, afirmó Soler, y agregó, “vemos con buenos ojos el pronunciamiento del juez, pero falta más celeridad”.

Para Soler, frente a los riesgos iniciales presentados por la Fiscalía y que el juez de garantías no dejó explícitos porque asumió que la compañía ya está trabajando en su resolución, también falta mayor prontitud en la ejecución. “Por ejemplo, frente al buchón, hecho que ya estaba contemplado en Plan de Manejo Ambiental no se ha hecho lo suficiente y sigue generando impactos colaterales como es el caso de la pesca. Ya no se puede ingresar al río porque la putrefacción de la materia orgánica que hay en el agua es terrible”, dijo.

Vea también: Hidroituango tendrá que pagar millonaria multa

Por su parte, EPM sí reaccionó frente a las medidas ordenadas por el juez y ya presentó un recurso de apelación. Según afirmó un representante de la compañía, “la empresa (Epm) respeta las decisiones del juez, las cuales no se refieren puntualmente a las solicitudes formuladas por la Fiscalía General de la Nación al desestimarlas, por el avance que sobre estas ha tenido la organización, sino a la conformación de una mesa técnica”.

En un comunicado EPM, afirma que ha estado cumpliendo con los requerimientos hechos por los diferentes entes de control. Sin embargo, para algunos estudiosos del tema, el temor de la empresa es que este nuevo estudio hecho por los peritos de esta mesa técnica determinen que el proyecto no puede continuar.

Por su parte, las comunidades sostienen que seguirán insistiendo en generar espacios de participación ciudadana, así como en la creación de una Comisión Nacional de Represas, pues para Soler aunque el lente está en Hidroituango, todas  estas obras de infraestructura han generado graves daños en todo el país. Y en el caso puntual del proyecto en Ituango, seguirán trabajando porque abran los censos y se tenga en cuenta a toda la población afectada, es decir, a quienes fueron impactados cuando comenzó la construcción y a quienes sufrieron a partir de las inundaciones de 2018.