Riesgo de exterminio indígena, ante la Comisión de la Verdad

De los 115 pueblos indígenas que hacen presencia Colombia, 64 están ubicados en la densa selva húmeda tropical de la Amazonia, conformada en su mayoría por los departamentos de Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés, Caquetá y Putumayo y que abarca 41,8 por ciento de todo el territorio nacional.

Según la Corte Constitucional y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), a nivel nacional 68 pueblos están en riesgo de exterminio físico y cultural, 40 en la región más biodiversa del país. Esto indica que la supervivencia del 62,5 por ciento de la población indígena de la Amazonia está gravemente amenazada por las secuelas del conflicto armado interno.

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Alrededor de 746.354 habitantes de la Amazonia están catalogados como víctimas del conflicto armado. La Unidad de Atención para la Reparación Integral para las Víctimas (UARIV) ha identificado 843.510 hechos victimizantes en los seis departamentos perpetrados por las FARC-EP, M19, EPL, Coordinadora Guerrillera y ELN, como desplazamiento forzado, amenaza, homicidio, desaparición forzada y actos terroristas.

_{Los grandes sabedores de la Amazonia están desapareciendo por la pandemia. Foto: Ficamazonia.}

El Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica evidenció que no hay datos suficientes que expliquen el conjunto de hechos victimizantes y acciones bélicas sobre los pueblos indígenas amazónicos, aunque en el territorio hay 30 informes de riesgo o alertas tempranas y 26 notas de seguimiento por parte de la Defensoría del Pueblo entre 2001 y 2016.

“Esto permite evidenciar la presencia de actores armados en el territorio y la persistencia del conflicto armado en la región. De los 56 informes, 49 hablan explícitamente de la presencia de actores armados dentro de resguardos indígenas y de sus afectaciones de forma general”, informó la Comisión de la Verdad.

A las embestidas bélicas de los grupos subversivos ahora se suma la crisis de salud generada por la pandemia de la covid-19, que ha evidenciado los altos niveles de vulnerabilidad histórica y ausencia en las garantías de salud básica para las comunidades amazónicas. La Comisión de la Verdad reveló que 114 indígenas han muerto por coronavirus, entre ellos mayores, sabedores y taitas encargados de transmitir el conocimiento cultural y espiritual a las nacientes generaciones. 

A la fecha, según un boletín de la ONIC, las cifras del coronavirus en la Amazonia son 4.046 contagios, 404.406 familias indígenas en alerta por riesgo de contagio, 160 personas en observación, 66 pueblos y naciones indígenas afectados y 1.193 recuperados.

_{El coronavirus hace que las tradiciones de los sabedores desaparezcan de los territorios ancestrales. Foto: Ficamazonia.}

SOS indígena

Ante el panorama de violencia, despojos, esclavitud y ahora descensos por la pandemia, la Comisión de la Verdad realizó el primer  “Encuentro territorial de reconocimiento por la verdad de los pueblos indígenas de la Amazonia”, espacio en el cual las etnias le hicieron un llamado urgente al Estado y a la sociedad para proteger y conservar su vida, territorio y cosmovisión.

“A pesar de ser los guardianes del territorio y los encargados de preservar la naturaleza, ríos, bosques, selvas y especies, los pueblos indígenas de la Amazonia estamos en un riesgo inminente de exterminio físico y cultural derivado de las dinámicas del conflicto armado interno y ahora por la pandemia”, concluyeron los participantes al encuentro.

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Indígenas de varias zonas de la Amazonia hicieron un llamado para que sus prácticas espirituales y ancestrales sean reconocidas como un aporte para el cuidado de la vida, los territorios y la convivencia, que tengan en cuenta sus recomendaciones para la paz y que no se de continuidad y repetición al conflicto armado.

_{Las amenazas de los indígenas de la Amazonia datan desde la época de la conquista. Foto: Juan Arredondo (alianza PNN - ACT).}

“Es urgente reconocer que el conflicto armado afectó y afecta de manera desproporcionada a los pueblos indígenas de la Amazonia y sus territorios, llevándolos a un riesgo inminente de exterminio físico y cultural, especialmente a los pueblos indígenas en aislamiento o en estado natural”, dijo la Comisión de la Verdad.

Franciso de Roux, presidente de la comisión, manifestó que es fundamental escuchar a los mayores o grandes sabedores indígenas, “que nos traen el testimonio de sus víctimas y la grandeza de su lucha por conservar las etnias y sus tradiciones espirituales. Queremos unirnos para salvar la Amazonia de todos los proyectos económicos y cualquier otra cosa que destruya las comunidades. Nos unimos al dolor de las familias que llevan la memoria de las víctimas. El futuro de Colombia está en el corazón profundo de las selvas”.

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Para María Carlina Tez, coordinadora macro territorial de la Amazonia, escuchar las voces de los indígenas permitirá esclarecer la verdad en el territorio, ya que así saldrá a la luz todo el sufrimiento por las acciones del conflicto armado. “Las instituciones deben reflexionar y tomar medidas urgentes para salvaguardar y proteger los pueblos que están en riesgo de exterminio físico y cultural”. 

Tez alzó su voz para que el Estado respalde las peticiones históricas que han hecho los indígenas sobre la asignación de los recursos para sacar adelante sus planes de vida, educación y salud pública, la recuperación de la soberanía alimentaria y los sistemas de producción. “Es muy importante seguir en la búsqueda de esa paz, la única manera que las comunidades indígenas tienen para vivir en tranquilidad sin que los actores armados interfieran en sus territorios. Así los abuelos podrán contar sus historias y transmitir el conocimiento a los jóvenes y volver a reconstruir ese tejido social fragmentado por la guerra”.

_{Los indígenas en aislamiento están en alto riesgo de contacto con las mafias y la pandemia. Foto: Juan Arredondo (alianza PNN-ACT).} 

Patricia Suárez, del pueblo murui, le hizo un homenaje a los miles de abuelos y abuelas que han partido al origen por la colonización, cauchería, discrimiancion, conflicto armado y ahora el enemigo invisible pero poderoso llamado covid-19. “Nos quedan de ellos los recuerdos, los sueños y los consejos”.

La palabra de vida no muere, indicó la indígena. “Físicamente no los vemos, pero su palabra y espiritualidad están entre nosotros. Debemos seguir luchando por las víctimas invisibles y silenciosas que existen en el país. Abramos los ojos y mantengamos el corazón abierto por nuestros ancestros, que serán la semilla de vida y horizonte de los jóvenes”.

Las voces de la selva

El “Encuentro territorial de reconocimiento por la verdad de los pueblos indígenas de la Amazonia” reveló testimonios de los indígenas que han padecido por las embestidas del conflicto armado en los bosques y selvas amazónicos.

El primer caso fue el territorio indígena Arica, ubicado en el departamento de Amazonas y donde habitan más de 1.000 indígenas de las etnias muirui-muina, Bora, inga y ocaina, territorio donde hacen presencia los dos pueblos en aislamiento voluntario, los yuri y passe.

_{El Paque Nacional Puré es hogar de los yuri y passé, pueblos indígenas en aislamiento desde hace cientos de años. Foto: PNN.}

“Desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, los habitantes ancestrales de estos territorios se vieron involucrados en las dinámicas extractivas del caucho, pesca, pieles, madera, coca y oro por medio de tratos crueles e inhumanos de los capataces que controlaban los procesos, marcando así un antecedente imborrable en la memoria de los pueblos y profundizando su riesgo de exterminio físico y cultural”, informó la Comisión de la Verdad.

Luego llegaron los orfanatos e internados administrados por la iglesia católica entre 1900 y 1960, con la idea de civilizar a los niños de la selva, muchos huérfanos como consecuencia del tráfico, tortura y asesinato de sus padres en las caucherías. “A través de severos castigos fueron obligados a llevar vestido al estilo de las ciudades, olvidar el idioma de sus abuelos e incorporar las palabras de los sacerdotes y autoridades urbanas”.

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Entre 1980 y 2004, a los territorios Arica llegaron los momentos más duros de la guerra, iniciado con los grupos de mafias asociadas al cartel de Medellín, la confluencia en sus territorios de actores armados como los champas peruanos, el frente 63 de las FARC, los paramilitares y el Ejército Nacional, quienes en el contexto de auge de la coca y la disputa por el control de los territorios, agudizaron las afectaciones a la unidad, territorio, cultura y autonomía de los pueblos.

Una de las afectaciones más profundas fue el reclutamiento forzado de nueve integrantes de la comunidad por parte de las FARC, quienes emplearon diferentes tácticas de presión y manipulación para que los reclutamientos fuesen interpretados como voluntarios, a través de engaños como promesas de incentivos económicos y enamoramientos.

_{La sabiduría indígena está en un alto riesgo de desaparecer. Foto: Juan Arredondo (alianza PNN-ACT).}

“El hombre blanco trajo las telas, fósforos, espejos y peines, pero no los regalaba. Era un negocio para que hiciéramos parte del caucho. No nos dimos cuenta de la esclavización, pero ya no había tranquilidad. A unos les cortaban los dedos o los mataban si no cumplían con la tarea. Saquearon las riquezas del territorio y se organizó el orfanato para alfabetizarnos y evangelizarnos. No podíamos hablar en nuestra lengua y nos consideraban salvajes”, dice una de las voces indígenas.

Este hombre estuvo tres años en el internado, pero se salió. “La zona se pobló de coca en la época de la bonanza, donde me mataron dos hijos. A mi hija menor se la llevaron para el Guaviare y un guerrillero la embarazó. Como no quería estar más en las filas, le pegaron un tiro en la cabeza”.

A pesar de las cicatrices de la guerra, estos indígenas han concretado procesos de resistencia y fortalecimiento del tejido social en los mandatos de origen, que se materializan en la palabra, elementos y sitios sagrados. Sus voces muestran la esperanza y evidencian cómo la espiritualidad ha sido el elemento más importante para su pervivencia física y cultural.

_{Los indígenas reclaman que el Gobierno no los tiene en cuenta y tampoco los escucha. Foto: Mauricio Ochoa.}

Luto en Barranco Minas

El departamento de Guainía cuenta con dos municipios y seis corregimientos. Barranco Minas, creado como municipio en 2019 y que alberga ocho resguardos de indígenas como piapoco, sikuani y curripaco, no ha sido ajeno al conflicto armado y el narcotráfico. 

Las FARC dominaron el territorio desde la década de los 90 con la consolidación del frente 16, perteneciente al Bloque Oriental, primero al mando de alias Esteban González y luego por el Negro Acacio. La zona se convirtió en un epicentro para la siembra de cultivos de uso ilícito, laboratorios para el procesamiento de la coca y el aprovechamiento de las fronteras para comercializarla. 

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Esto conllevó a que los territorios de los pueblos indígenas de Barranco Minas fueran invadidos y su población obligada a ser raspachines, “lo que causó la desestructuración étnica y cultural y amenazas y represión por parte de los actores armados”, dijo en Instituto Sinchi.

En febrero de 2000, un homicidio múltiple fue perpetrado en Barranco Minas. Integrantes del frente 16 de las Farc secuestraron, torturaron y dieron muerte a seis indígenas puinave, pertenecientes a la comunidad Paujil, cuyos cuerpos fueron encontrados a orillas del río Guaviare, en Inírida.

_{Los indígenas presentaron duros testimonios de las épocas más duras del conflicto armado. Foto: Cristobal von Rothkirch –Tomado del libro Cariba Malo.}

El 26 de diciembre de 2004, en la vía Miro Lindo, un indígena de una etnia desconocida fue víctima fatal de un campo minado instalado por las Farc. “Existe también un pico importante de desplazamientos forzados en el departamento entre 1999 y 2000, con más de 400 registros. Entre 1999 y 2006, las FARC llevaron a cabo 16 acciones armadas, 11 de las cuales fueron hostigamientos. 30 combates de la fuerza pública se presentaron durante ese periodo, 20 de los cuales en Barranco Minas”, informó la Comisión de la Verdad.

El 11 de febrero de 2001, en las entrañas de la selva de Guainía y Vichada, 3.800 hombres del Ejército se tomaron por sorpresa a Barranco Minas, epicentro financiero y logístico de las FARC. “Los helicópteros sobrevolaban y todos empezamos a correr. La gente que raspaba y trabajaba en la coca lloraba. El Ejército militarizó Barranco Minas, algo que fue muy trágico para todos nosotros. Los hechos que hemos vivido nos han atormentado, humillado, agredido física, verbal y psicológicamente y acabado con nuestra cultura”, cuenta una indígena del municipio.

Los indígenas de Barranco Mina sienten pánico de caminar por el territorio. “Estamos aterrorizados de caminar por nuestras vías porque todo está minado. Además fuimos víctimas del despojo de nuestras tierras por ser supuestos sapos de la guerrilla. Además, todos nuestros hijos se criaron en medio de la guerra, lo que los hizo perder las enseñanzas ancestrales. Muchos se fueron con la guerrilla y no los hemos vuelto a ver. Los soldados embarazaron a nuestras mujeres. Los que resistimos trabajamos en planes de vida en el territorio, pero siguen reclutando a nuestros hijos y el Gobierno poco hace”.

_{El conflicto armado no ha desaparecido de las selvas amazónicas. Foto: Luis Barreto (WWF).}

Nukak: religión, coca y violencia

En los años 70, el pueblo indígena nukak habitaba en paz entre los ríos Guaviare e Inírida. Estaban aislados del hombre blanco y eran nómadas en un territorio definido. Durante todo el año migraban a varios sitios, pero en una misma zona. 

A finales de los 70, misioneros de la Misión Nuevas Tribus o Instituto Lingüístico de Verano encontraron sus rutas y se instalaron en la mitad del territorio para convertirlos a su religión. Los nukak estaban enfermos por la cercanía con cocaleros, madereros y miembros de las iglesias, algo que aprovecharon los misioneros: les dieron medicinas.

Al enterarse de sus acciones, el Gobierno sacó a los misioneros de la zona, lo que causó que los nukak empezarán a desplazarse fuera de su territorio en busca de medicamentos y herramientas. Llegaron a donde los colonos, ganaderos y cocaleros, quienes los esclavizaron. Los indígenas se expandieron por el Guaviare.

_{Así luce actualmente el resguardo Nukak en Guaviare. Foto: Rodrigo Botero.}

Actualmente, los nukak habitan en los departamentos de Guaviare, Vaupés, Guainía y Cauca, muchos en zonas urbanas. “El contacto inicial entre el pueblo nukak y la sociedad mayoritaria se dio en 1988, cuando un grupo de indígenas arribó a Calamar, alarmando al mundo respecto de los riesgos que atravesaba uno de los últimos pueblos nómadas del mundo”, afirmó la Comisión de la Verdad.

Los nukak han disminuido a la mitad su población por el contagio de enfermedades de los colonos, las cuales no pueden ser atendidas por la medicina tradicional. “Si bien en 1993 se crea el resguardo Nukak y en 1997 es ampliado a un millón de hectáreas, este pueblo no ha contado con las garantías para vivir allí. En la segunda mitad de la década de 1990, el conflicto armado de las FARC y Autodefensas se agudizó, y los cultivos de coca deforestaron sus territorios”.

La etnia padeció por casos de raptos y adopciones de niñas y niños por parte de colonos. Uno de sus mayores desplazamientos fue en 2004, cuando enfrentamientos entre el frente 44 de las FARC y las Autodefensas hicieron que se dispersaran hacia otros departamentos. Las minas antipersona sembradas en sus terrenos, les evita regresar.

_{El pueblo nukak ha sido uno de los más afectados por la violencia y los misioneros. Foto: PNN.}

“En 2009, la Corte Constitucional creó el plan de salvaguarda nukak, que exige a las instituciones cumplir con acciones que permitan garantizar la pervivencia del pueblo. Este plan no ha sido plenamente implementado de acuerdo a las necesidades concertadas con el pueblo”, complementa la comisión.

“Nosotros no sabíamos que era la guerra. Andábamos libres por la selva, que es la madre que nos da de comer. Ignorábamos quiénes eran los grupos armados y no sé por qué la cosa se puso tan intensa. Hoy estamos desapareciendo, a los niños los están reclutando y no los volvemos a ver. No se puede regresar al territorio y por eso no hay tranquilidad”, dice una indígena nukak.

La cultura de la etnia va rumbo al exterminio. “Muchos sabedores están muriendo, lo que no deja que los jóvenes aprendan la tradición. Pero la voz de la tierra nos llama, allá están nuestros ancestros, padres y abuelos. Necesitamos reparación, todos los seres humanos somos de la misma sangre”.

_{Los nukak tuvieron que abandonar sus territorios ancestrales. Foto: archivo.}

Víctimas de la bonanza

El pueblo jiw se asentaba sobre las sabanas del sur del Meta y el área de transición selvática por los ríos Ariari, Guayabero y Guaviare, hasta el raudal de Mapiripán. Son indígenas seminómadas que basan su subsistencia en la caza, pesca, horticultura y recolección.

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Está integrado por 2.960 indígenas asentados en siete resguardos, además de 10 asentamientos compuestos por familias víctimas de desplazamiento forzado ubicados en los municipios de San José del Guaviare y Mapiripán.

“Los jiw han sido históricamente victimizados por el despojo de sus tierras y el desplazamiento forzado causado por las bonanzas extractivas y los procesos de colonización del Guaviare. El conflicto armado causó profundas heridas en la etnia”, menciona la Comisión de la Verdad.

_{Los niños indígenas se están quedando sin los grandes sabedores que les inculcan las tradición. Foto: Jhon Barros.}

En la década de los 80, las FARC ingresan con el frente primero Armando Ríos, al que luego se sumó el frente 44. A la par llegó la economía basada en la hoja de coca, una fuente de ingresos para los grupos armados y la población colona. “También han hecho presencia las AUC a través del Bloque Centauros y las Autodefensas Campesinas de Casanare”. 

El enfrentamiento entre los actores armados por el control del narcotráfico generó terror en la población, amenazas y hostigamientos. Entre 2000 y 2002, el miedo se incrementó con varias tragedias, como los asesinatos del docente Saúl Enrique Niño y el promotor de salud Luis Carlos González. “Este último asesinato hizo que toda la comunidad de Barranco Colorado se desplazara al resguardo Mocuare, después al resguardo Barranco Lindo Siare y luego al resguardo Corocoro. Pero en 2007 son obligados a desplazarse nuevamente por combates entre fuerza pública y Farc”, menciona la comisión.

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El resguardo Barranco Colorado ha sido el más afectado por reclutamiento, siembra de cultivos ilícitos, confinamiento y desplazamiento forzado. “Cuando comenzaron a entrar las FARC y las AUC, peleaban y nos tocaba correr”, afirman testimonios tomados por la Macro Amazonia.

El último desplazamiento del que se tiene registro fue en 2018, cuando 70 personas del pueblo jiw se vieron obligadas a desplazarse por amenazas y torturas por parte del frente primero de las disidencias de FARC. “Aproximadamente 60 por ciento de su población ha sido desplazada de sus territorios tradicionales. Según el portal de prensa Verdad Abierta, el pueblo jiw sufrió 17 desplazamientos forzados entre 1997 y 2011”.

_{Las tradiciones ancestrales no le están llegando a los niños y jóvenes por la muerte de los grandes sabedores. Foto: Jhon Barros.}

“Llegaba la guerrilla y me tildaba como de informante o sapo y si llegaba el Ejército lo trataba a uno de guerrillero. Si veían prendas en el camino de guerrillero, lo maltrataban físicamente a uno y verbalmente tratándolo de guerrillero sin ser uno nada de eso”, afirma un indígena.

“Nos tocó abrirnos por un caño, nos metimos a las montañas y no dejamos huella. No nos pueden devolver a una persona muerta, por lo cual esperamos que nos reconozcan simbólica y monetariamente. Ninguna institución nos ayudó cuando nos desplazaron, ahora necesitamos ayudas para la educación y salud. Quiero que el pueblo jiw tenga gobierno y territorio propio, y que nos tengan en cuenta en todas las reuniones”. 

Los indígenas del pueblo jiw conservan el legado ancestral en sus comunidades. “Los sabedores nos enseñan cómo son los rituales, los cantos, la construcción de las casas en palma, las canoas y las flechas. Huimos para resistir, pero queremos volver a un territorio sin conflicto armado. Las muertes y violencia que vivimos no deben repetirse”.

_{La deforestación acaba con los lugares sagrados de los indígenas: el bosque. Foto: Jhon Barros.}

Despojo en el Putumayo

El resguardo San Marcelino de Yarinal está ubicado en el municipio de San Miguel, Putumayo, cerca de la frontera con Ecuador. Está conformado por la comunidad kichwa, que presenta las mayores afectaciones del conflicto armado en la Amazonia por la presencia las FARC, las AUC y la Fuerza Pública.

La incursión de las FARC inició en 1991, pero la violencia se recrudece con la entrada de Autodefensas del Bloque Central Putumayo en 2001, que se extendió hasta 2006. “En ese periodo se presentó el mayor número de denuncias por desplazamiento masivo, instalación de campamentos, confinamiento, asesinatos, amenazas, señalamientos, abusos, torturas y desaparecidos en la comunidad”, afirma la Comisión de la Verdad.

Entre 2001 y 2006, la comunidad conoció sobre la desaparición forzada de 12 de sus miembros, el asesinato de ocho personas, el señalamiento, abuso y robos por parte de actores armados y cinco desplazamientos forzados. En 2005, toda la población se vio obligada a refugiarse en la selva ecuatoriana para evitar ser masacrada por las AUC.

_{La minería ilegal es hoy una de las principales amenazas para los indígenas y los recursos naturales. Foto: Ejército Nacional.} 

“Nos desplazamos como tres veces al Ecuador entre 2000 y 2004. Abandonamos nuestro territorio por los grupos armados ilegales. Todas las familias del resguardo San Marcelino sufrimos del desplazamiento forzado y hubo muertos, compañeros indígenas”, dice un testimonio indígena.

Al territorio también llegó la empresa Operaciones Petroleras Andinas OPA, para la explotación de un pozo situado en el resguardo. Luego de la desmovilización de 2006, hacen presencia grupos emergentes asociados al narcotráfico como los Macheteros o Rastrojos, este último responsable de asesinatos selectivos, reclutamiento forzado, desplazamientos forzados y de la masacre de cinco personas en 2011.

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“En el resguardo San Marcelino, la presencia de grupos armados ha traído varios tipos de violencia contra las mujeres. El Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia, registra un testimonio que afirma que cuatro jóvenes del resguardo se involucraron con unos soldados que se las llevaron. Zoila Vargas, joven de 15 años y hermana del gobernador del cabildo, fue víctima de violación y asesinato en 2008”, apunta la comisión.

“La guerrilla y los paramilitares asesinaron a muchos jóvenes y nos tocó desplazarnos hacia los lados del Ecuador. El territorio para nosotros es la vida y hoy está reducido y con pocas plantas medicinales. Los jóvenes y niños están dejando de hablar la lengua materna. Necesitamos que 280 familias nos organicen en viviendas en el territorio y que seamos reconocidos por el Estado colombiano”, relata uno de los indígenas. 

_{Las malocas de los indígenas se están quedando sin habitantes. Foto: Gaia Amazonas.}

Abandono masivo

El resguardo Inga de Calenturas está ubicado en el municipio de Puerto Guzmán, Putumayo. El conflicto armado y el despojo de su territorio han provocado que actualmente toda la comunidad esté en condición de desplazamiento forzado en Villagarzón y Mocoa. 

“No existen condiciones para recuperar su resguardo, ya que diferentes actores armados hacen presencia allí. El territorio fue invadido por cultivos de uso ilícito y se presenta una apropiación del resguardo por parte de la población colona”, informaron los indígenas en el encuentro.

“Ahorita no podemos vivir en el resguardo, porque fuimos desplazados por la violencia y por ahora nos encontramos en Mocoa. Por temor a tanto enfrentamiento dentro del resguardo, llegó el temor de estar allá. No sabía si llegaba de pronto alguna bomba y nos mataba, así que mucha gente se salió por temor y las amenazas que hubo”, asegura uno de los indígenas.

_{Pocas ayudas reciben los indígenas de la Amazonia para sortear la pandemia. Foto: Jhon Barros.}

El territorio inga se convirtió en un lugar de tránsito y ocupación por parte de todos los actores armados, siendo las FARC las que perpetuaron las mayores violaciones de derechos humanos contra la comunidad, con casos de confinamiento, siembra de minas antipersonales, reclutamiento de jóvenes y asesinato de líderes sociales.

“En esa época la guerrilla llegó a nuestro resguardo a hacer reuniones. La comunidad perdió la tranquilidad, no se podía ya ni siquiera salir a pescar, ni a trabajar casi a las chagras. Todo eso y de ahí del 98 para allá”, asegura otro testimonio. “Me fui como a 16 años por cuestión del orden público y porque me querían reclutar. A muchos jóvenes nos tocó salir del territorio para no ser reclutados”. 

La escuela comunitaria y la educación propia se vieron afectadas por el conflicto, lo que promovió que varios jóvenes estudiaran en las cabeceras municipales próximas, perdiendo así la tradición ancestral indígena.

Uno de los hechos que más generó temor fue el asesinato de tres de sus líderes, Gabriel Mojomboy y Rafael Mojomboy por parte de las AUC, y Narciso Jamioy por las FARC. “En 2003 fue el asesinato del gobernador y los dos hermanos Mojomboy, cuando fueron a vender plátano y yuca en Zabaleta”.

“Nosotros queremos que el Estado nos de la tierra que nosotros creamos pertinente para nuestra comunidad, donde podamos sembrar todo lo que necesitamos, que es la medicina y el pan coger. Necesitamos recuperar todo lo que hemos perdido”.