Como responsables del grave impacto ambiental que generó la construcción de una vía de 138 kilómetros que comunica a los municipios de Calamar y Miraflores, en Guaviare, fueron hallados los alcaldes de esas dos poblaciones, Pedro Pablo Novoa Bernal y Jhonivar Cumba, así como el gobernador de ese departamento, Nebio de Jesús Echeverry Cadavid. 

Para la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA) los mandatarios fueron permisivos frente a las irregularidades ambientales encontradas en la ejecución de esta obra. Según la Fiscalía General de la Nación, institución que también se encuentra investigando este caso, la construcción de este carreteable no contó con los permisos ni licencias ambientales. Adicionalmente, el paso continuo de vehículos pesados y los asentamientos posteriores a la tala y quema de bosques en la zona, incidieron en el deterioro del área protegida y en la afectación a las fuentes hídricas de la región. 

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En consecuencia la autoridad ambiental determinó que la Gobernación de Guaviare deberá cancelar 1.034.038.535 de pesos como multa, mientras que las alcaldías de Calamar y Miraflores el monto de 689.359.023 millones de pesos, cada una. 

Adicionalmente, cada sancionado deberá sembrar 10.000 plántulas de especies forestales productoras endémicas en el área afectada, con su respectivo encerramiento, en un plazo de 150 días posteriores a la notificación de la sanción.


La vía no contó con permisos ni licencias ambientales. Foto: Fiscalía.

De la misma forma, los involucrados en el proceso se verán obligados a instalar en el sector objeto de recuperación dos vallas de 7 metros de alto por  por 3 de largo, con temáticas alusivas contra la deforestación. Estas deberán ser ubicadas en el corredor vial del área intervenida y previa concertación del diseño con la autoridad ambiental. 

Por otro lado, el proceso que se le viene adelantando tanto al gobernador como a los alcaldes en la Fiscalía continuará, pues estos mandatarios fueron imputados como presuntos responsables de los delitos de daño a los recursos naturales agravado e invasión de área de especial importancia ecológica agravada, en circunstancia de mayor punibilidad por su condición de funcionarios. 

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La investigación del ente judicial encontró que varios de los focos de deforestación e incendios en la zona están relacionados con el área de influencia de la carretera ilegal. Además, basado en el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se estableció que la deforestación en Guaviare se triplicó durante el periodo de gobierno de los dos mandatarios locales, al pasar de 11.456 hectáreas en 2015 a 34.527 hectáreas en 2018. 

También multaron a un particular 

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA) también decidió imponer una millonaria sanción en contra de una ciudadana que fue hallada como responsable de los hechos que terminaron con la tala ilegal de más de 566 hectáreas de bosque en Guaviare. 

Se trata de Hilda Cañón Cañón, quien deberá cancelar una multa que asciende a 1.314.737.700 pesos, luego de demostrarse que los predios que compró y ocupaba desde 2016, año en el cual comenzó la deforestación, correspondían en su mayoría a baldíos de la Nación ubicados en Zona tipo A de reserva forestal, donde está prohibida la ganadería extensiva. "Se trataba de una zona de preservación del Distrito de Manejo Integrado Ariari-Guayabero, objeto de medidas especiales de conservación y protección, así como de salvaguarda hídrica en el que debe prevalecer el efecto protector y solo se permite la obtención de frutos secundarios del bosque", señala la Corporación. 

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El caso, además, fue puesto en conocimiento de la Fiscalía que se encargará de establecer las responsabilidades y las sanciones penales a las que haya lugar.

“Esta es una sanción muy importante que pone de manifiesto que el compromiso contra la deforestación debe ser cada vez mayor, no solo de parte de las autoridades en las regiones, sino de parte de todas las personas que conozcan casos como este”, manifestó Ricardo Lozano, ministro de Ambiente, quien le solicitó a las autoridades judiciales establecer condenas ejemplarizantes en casos de delitos ambientales.