En las sede de la Procuraduría General de la Nación en Bogotá, se llevará a cabo este viernes, a partir de las 2:00 de la tarde, la instalación de la mesa técnica en defensa del río Cauca y de los pobladores aledaños al proyecto Hidroituango. 

Los integrantes de dicha mesa serán los encargados de adelantar un estudio sobre la estructura rocosa en la que está ubicada la hidroeléctrica y evaluar el impacto y la estabilidad ambiental del proyecto, con el propósito de definir su continuidad o suspensión. 

En contexto: Fiscalía solicita medidas inmediatas frente al daño ambiental causado por Hidroituango

De ese grupo harán parte la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Gobernación de Antioquia, los ministerios de Ambiente y de Salud, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), las Empresas Públicas de Medellín (EPM), Hidroituango y los representantes de las víctimas y asociaciones reconocidas en el proceso.

El objetivo es que cada 10 días la mesa presente informes sobre los avances del proceso y en dos meses dé a conocer al juez los resultados definitivos de los estudios y evaluaciones que se hagan para recuperar el río y proteger a las comunidades.

La implementación de esta mesa es una de las medidas cautelares que había solicitado la Fiscalía, en abril de este año, que se adelantaran para amparar los derechos a la vida, salud, mínimo vital, vida digna y al medioambiente de los pobladores de la zona de influencia de Hidroituango. La petición fue aceptada por el juez 75 Penal Municipal de Bogotá, quien en audiencia pública cumplida el pasado 12 de junio del año en curso, aceptó la adopción de estas medidas, luego de la presentación de peritajes técnicos que evidenciaron las graves afectaciones a los recursos ambientales por parte de las obras relacionadas con la construcción de la Hidroeléctrica de Ituango. 

Le recomendamos: ¿Qué es el buchón de agua que se está comiendo el río Cauca?

"Desde la Fiscalía, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se ha insistido en la necesidad urgente de salvaguardar la vida de los pobladores de por los menos 19 poblaciones ribereñas y recuperar la economía de la región, golpeada por diferentes factores asociados con la construcción y puesta en marcha de la hidroeléctrica", indicó la Fiscalía en un comunicado de prensa. 

Los peritos especializados de la Fiscalía detectaron inicialmente cuatro situaciones de riesgo para las fuentes hídricas y las comunidades. Se trata de la invasión del buchón de agua; los residuos de material carburado del petróleo y otros elementos peligrosos en una planta de asfalto abandonada; los desechos dispuestos sobre una pendiente en la escombrera El Higuerón, y la afectación de la cadena alimentaria por la presencia de la maleza acuática.