Más de 800 municipios en el país tienen sus POT desactualizados

La tragedia que enluta a varias familias de la vereda Portachuelo, del municipio de Rosas, Cauca, se pudo haber evitado. Así lo aseguran los habitantes de esa localidad, quienes señalan que desde hace varios años le habían advertido a las autoridades del orden local, departamental y nacional sobre los riesgos que corrían los residentes de esa zona.

Jairo José Solano Ramírez, secretario de la Personería de esa población, señaló que en 1974, 1989 y 2010, en ese sector ubicado en el Cerro El Broncazo ya se habían registrado hundimientos, deslizamientos de tierra y caídas de la banca. "En 2010, de hecho, se registró una avalancha en la parte alta que obligó a la reubicación de varias familias", dijo. 

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El funcionario informó que las familias que resultaron afectadas y que vivían en las faldas del cerro, venían solicitando su reubicación desde hace más de dos años debido a la filtración de agua, los movimientos sísmicos y las grandes grietas que registraba la montaña. Desde la Personería fueron enviados varios derechos de petición al gobierno departamental y nacional, pero no fueron contestados. 

"Esta semana íbamos a instaurar una tutela por no responder, ya que la única solución que les daba era trasladarlos a una vereda que quedaba a dos horas de la cabecera municipal y ellos aquí estaban a solo un kilómetro de la salida a Pasto. Además, tenían sus cultivos de café, caña y ciítricos", recalcó Solano, quien aseguró que se trataba de familias propietarias.  

El secretario agregó que, como éstas, habían otras nueve viviendas en riesgo, incluido un salón comunal, en ese mismo sector.

Las familias damnificadas, entre tanto, afirmaron que van a demandar al municipio al considerar que hubo negligencia, mientras el alcalde de Rosas, Jesús Eduardo Díaz, afirmó que en su momento se gestionó una reubicación, pero fue la comunidad la que no accedió a moverse de ese lugar.

"En el momento se dio parte de la solución, que era trasladar a esta gente a la vereda Ufugú, pero la resistencia de la gente fue porque decían que les quedaba muy lejos de los sitios de trabajo y que no tendrían de qué vivir", dijo el mandatario. 

Lo ocurrido en Rosales refleja lo que sucede en la mayor parte de los municipios del país, donde los terriotorios no se encuentran ordenados en el marco de la gestión del riesgo, situación que potencializa la ocurrencia de esta clase de emergencias. 

“En todo Colombia tenemos una crisis de ordenamiento territorial”, indicó Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, quien agregó que situaciones como la ocurrida en esa población del Cauca seguirán pasando si no se adoptan medidas. "Esto no es un caso aislado", apuntó. 

El jefe de esa cartera manifestó que en la actualidad, 853 de los 1.102 municipios del país tienen desactualizados sus Planes de Ordenamiento Territorial, POT.

_{En la vereda Portachuelo, del municipio de Rosas, las autoridades, con el apoyo de la comunidad, continúan en la búsqueda de las 5 personas desaparecidas. Foto: Cortesía Personería de Rosas.} 

Anibal José Pérez García, subgerente de riesgo del Fondo de Adapatación, afirmó que es indispensable incorporar la gestión del riesgo en la actualización de los esquemas y planes de ordenamiento territorial de los municipios y ciudades.

"Hemos estado ocupando territorios que son propensos a sufrir amenazas, pero también hemos cambiado el uso de la tierra en las cuencas, deforestando y haciéndolas más frágiles, lo que causa que el agua se acumule más rápido en los ríos cuando llueve. Además, hemos destapado la laderas, quitándoles vegeación, lo que ha permitido que se aceleren los procesos de riesgo", comentó. 

Sin embargo, el funcionario explicó que los alcaldes cuentan con las herramientas jurídicas para actualizar sus instrumentos de ordenamiento territorial, pero no las ejecutan, o por falta de gestión o de recursos económicos.

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"A través de los estudios básicos de gestión del riesgo, que son en esencia un requisito para adelantar los procesos de revisión del POT, todos los muncipios del país deberían actualizar sus planes, incorporando la variable de riesgo. Esto determinará, basicamente, en qué zonas hay amenazas o riesgos y dónde se debe o no ocupar el territorio", expresó. 

El subgerente aseguró que la responsabilidad de actualizar los POT y hacerlos cumplir recae sobre las alcaldías. "En este momento muy pocos  municipios han actualizado sus planes o esquemas", advirtió el funcionario para quien el aumento de la intesidad de las lluvias en algunos sectores, asociados los fenómenos de variabilidad climática (La Niña), es otro de los factores que influyen en la generación de desastres.

"Hay que trabajar mucho en el autoreconocimiento del territorio y sobre las variables del riesgo. Nuestra recomendación a las personas a las que les ofrecen predios a bajo costo y en lugares sospechosos, es que constaten con las autoridades a nivel local y departamental si estos lotes están ubicados en zonas de alto riesgo", apuntó.  

Desde el Ministerio de Vivienda señalaron que por las deficiencias en información disponible y en la capacidad técnica de los municipios, una de las debilidades de los POT de primera generación es que no cuentan con información que les permita conocer a una escala adecuada las amenazas naturales presentes en su territorio.

Según esa cartera se requiere que los municipios prioricen en sus agendas la revisión del POT como una estrategia de prevención y reducción del riesgo, que les permita, a partir del conocimiento de su territorio, tomar acciones que permitan disminuir la exposición de la población por la mala ocupación e intervención del terreno. "Se debe modificar la forma tradicional de construir y ocupar el territorio, con modelos de ocupación eficientes y adecuados a la realidad socioeconómica propios de cada región", dijo. 

Para el ministerio las medidas estructurales, como el desarrollo de obras de protección y la intervención de la vulnerabilidad de los elementos de bajo riesgo, así como las medidas no estructurales, como la regulación de usos del suelo, la incorporación de aspectos preventivos en los presupuestos de inversión y la realización de preparativos para la atención de la emergencia, pueden reducir las consecuencias de un evento sobre una región o una población.

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Carlos Andrés Bravo, director de la oficina de Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Nariño, afirmó que las emergencias causadas por las lluvias seguirán siendo recurrentes si no se toman acciones definitivas. 

"Es indispensable buscar acciones a largo plazo, porque el actuar del gobierno no puede quedarse en una entrega de mercados y kits de aseo, la acción debe ir más allá. Si ordenamos el territorio en el marco de la gestión del riesgo de verdad podremos dar soluciones permanentes", comentó Bravo en la W Radio, a propósito de la emergencia que se viene registrando en el municipio de Barbacoas, Nariño, tras el desbordamiento de tres ríos que han dejado más de 9.000 damnificados, hasta el momento, y más de 1.150 viviendas del casco urbano y rural con daños. 

Para Bravo es indispensable que se efectúe una relocalización definitiva de las familias que viven en zonas de alto riesgo, pero sobretodo un mayor control para evitar que estos terrenos vuelvan a ser ocupados. 

_{El desborde de varios ríos generaron la inundación del municipio de Barbacoas, Nariño. Hay más de 9.000 damnificados. Foto: Tomada del Twitter de Lucía Bastidas Ubate.}  

Otros factores que incrementan el riesgo

La deforestación, la imprudencia de las comunidades, la descontrolada expansión de la frontera agrícola, la ganadería y la minería cerca de los cauces, al igual que la omisión o negligencia de parte de las autoridades, son otras de las causas que incrementan los peligros.

Acciones como estas repercuten para que se generen, además de erosión y desertificación en los suelos, sedimentación en los ríos, lagos o quebradas. A su vez, propician la disminución de la profundidad del agua, así como de la capacidad de embalse y, en últimas, se pueden provocar deslizamientos que terminan por obstaculizar el afluente, generándose un alto riesgo de avalancha o avenidas torrenciales.

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Según un análisis del Banco Mundial del año 2013, sobre la gestión del riesgo de desastres en Colombia, la alta diversidad geográfica que posee el país, propio de su evolución geológica natural, favorece la ocurrencia de eventos naturales que suelen ser potenciados por factores climáticos y, en algunos casos, por la actividad humana no intencional.

Este estudio recalcó que el 98.6% del territorio nacional se encuentra expuesto a la ocurrencia de algún evento de origen hidrometeorológico (movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales, como eventos más recurrentes) que puede generar alguna condición de riesgo a la población que habita cerca de las zonas donde se presentan estos fenómenos.

Con base en información generada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) dentro del Índice Municipal de Riesgo de Desastres de Colombia (abril 2018), las condiciones de amenaza más destacadas en el país son:

• Amenaza ante inundaciones lentas: 10.2 millones de hectáreas inundables periódicamente; 900 mil hectáreas adicionales se inundan de manera recurrente durante fenómenos de La Niña; el 15% de muertes se asocian con inundaciones lentas y el 85% de las viviendas afectadas por desastres obedecen a este mismo fenómeno.
  
  
• Amenaza por movimientos en masa: 11.7 millones de hectáreas tienen mayor susceptibilidad a movimientos en masa; 66% de las muertes se asocian con deslizamientos y el 14% de las viviendas afectadas se ligan a derrumbes.
  
  
• Amenaza por flujos torrenciales: 12.4 millones de hectáreas en el país pueden presentar flujos torrenciales muy altos; 19% de las muertes se asocian a este fenómeno y 1% de las viviendas afectadas se derivan de dichos flujos.
  
  

En general, 32.6 millones de hectáreas (29%) del territorio nacional cuentan con las condiciones más críticas de amenaza ante fenómenos de origen hidrometeorológico: el 35.2% se localiza sobre la región Andina, el 23.1% sobre la región Orinoquía, el 18.2% se localiza en la región Pacífica, el 12% sobre la región Caribe y el 11.5% sobre la región de la Amazonía. 

A la luz de estas condiciones amenazantes, es fundamental que los municipios lleven a cabo los procesos de revisión de sus planes de ordenamiento territorial para avanzar en el conocimiento y mejorar la información disponible para la toma de decisiones de ocupación. Se requiere, además, mayor control por parte del gobierno contra las mafias de ‘tierreros‘ que comercializan predios en zonas de alto riesgo.