La minería en torno al páramo de Santurbán es un tema que divide opiniones en Santander y el país.

Mientras la mayoría de los habitantes de la zona alta del páramo, es decir, de los municipios que conforman la Provincia de Soto (California, Vetas, Charta, Matanza, Suratá y Tona), están de acuerdo con que continúe la explotación minera tradicional, otro grupo que reside principalmente en Bucaramanga, Cúcuta y otras 24 poblaciones, se opone rotundamente a la minería de gran escala.

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La fallida delimitación realizada por el Ministerio de Ambiente en 2014 detonó en la problemática que aún persiste, pues desde entonces las comunidades que habitan en Santurbán y derivan su sustento de la minería artesanal y la producción agropecuaria que allí adelantan no pudieron seguir trabajando debido a que fueron prohibidas. 

La Resolución 2090 con la que se reglamentó la delimitación fue altamente cuestionada por varios sectores que señalaban que con este trámite lo que se hizo fue legalizar a las empresas mineras de la zona, al quitarle más de 30.000 hectáreas al páramo frente a lo que establecía el Instituto Humboldt, siendo esta una cifra muy parecida a lo concesionado en títulos mineros. 


Los campesinos y mineros de Soto Norte piden que se delimite el páramo para saber si pueden o no continuar trabajando allí. Foto: archivo/ Darlin Bejarano. 

La lluvia de críticas llegó hasta la Corte Constitucional, que en 2017 falló a favor de los demandantes bajo el argumento de que se vulneró el derecho a la participación de la comunidad que habita en el páramo y sus alrededores, pues se limitó a una socialización, pero sin haber adelantado procesos de consulta y concertación.

La Corte le dio entonces al Ministerio de Ambiente un plazo de un año, que venció el 16 de noviembre de 2018, para hacer la nueva delimitación, tiempo que no se cumplió. El Tribunal Administrativo de Santander -delegado por la Corte para hacer seguimiento a la sentencia- le otorgó una prórroga de ocho meses, que tampoco se cumplió. Y de esa forma ha venido avanzado el tiempo y el proceso se ha venido alargando entre una y otra prórroga, según los interesados. 

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Los comicios electorales del 2019 y la llegada de la pandemia del coronavirus, que imposibilitaba la reunión de personas en recintos para poder adelantar la fase de concertación con las comunidades, fueron dos causales que también motivaron la suspensión del proceso. 

Ante la insistencia de los residentes en la provincia de Soto Norte de reactivar nuevamente el proceso de delimitación, el Ministerio de Ambiente se negó a continuar el trámite aduciendo que las comunidades directamente afectadas no contaban con acceso a internet, razón por la cual su derecho a participar real y efectivamente no estaba garantizado. Además, acogiendo la recomendación hecha en abril de este año por la Procuraduría General de la Nación de suspender este tipo de actividades.

 
Con múltiples protestas habitantes de varios municipios de Santander han mostrado su inconformidad a la explotación minera en Santurbán. Foto: Mauricio Flórez/Semana. 

Pero los cerca de 25.000 campesinos, de 40 municipios, representados, entre otras organizaciones, por la veeduría ciudadana Dignidad Minera, no se quedaron quietos e interpusieron un recurso jurídico para que el Ministerio reactivara el proceso de delimitación del páramo de Santurbán por medios electrónicos en el aislamiento preventivo obligatorio, alegando que existen las herramientas necesarias y la conectividad suficiente para el desarrollo de las mesas técnicas virtuales. 

El Tribunal Administrativo de Santander ordenó finalmente la reactivación del proceso hace unas semanas. Estableció 20 días para que el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, presentara su plan para el desarrollo de las sesiones virtuales con las mesas de trabajo de la Fase de la Concertación. No obstante, hasta el momento, según la veeduría, no hay avances con las sesiones virtuales y el Ministerio continúa escudándose "en la falta de conectividad de las comunidades involucradas en el proceso como justificación para suspender el proceso", señalan. 

La encuesta 

Para contrarrestar los argumentos de esa cartera ministerial, Dignidad Minera realizó una encuesta en el municipio de Vetas en el que participaron 171 de los cerca de 2.500 habitantes que tiene esa población, es decir, alrededor del 10 por ciento. 

El 75,4 por ciento de los consultados aseguró que cuenta con conexión a internet. De ellos, el 62,6 por ciento accede a internet a través de wifi y el 50,9 por ciento tiene servicio de datos en su celular.

Frente al uso de dispositivos como computadores, teléfonos inteligentes y tablets, la encuesta reveló que en cada familia hay por lo menos una persona con destrezas para su uso. De hecho, el 81,2 por ciento de los encuestados cuenta con un teléfono celular inteligente con WhatsApp y otras redes sociales instaladas. Además, el 49 por ciento de los vetanos tiene un computador en su casa, señalaron los resultados. 

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Adicionalmente, Dignidad Minera resaltó el hecho de que el 85 por ciento de la población estaba ubicada en el área urbana y que en la encuesta participaron residentes tanto del casco urbano como de las veredas Centro, Borrero, Volcán, Salado y Mortiño, todas estas últimas situadas dentro del páramo de Santurbán. 

“Muchos de nosotros tenemos teléfono celular o computador y nuestros hijos usan redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, y otras. Es injusto e insultante que pretendan detener el proceso de delimitación con el argumento de que los habitantes rurales somos analfabetas digitales y, más grave aún, que debemos seguir siéndolo y que estamos condenados a no aprovechar los beneficios que trae la tecnología”, dijo Ivonne González, directora de Dignidad Minera.


En sus más de 140.000 hectáreas, el páramo de Santurbá alberga 293 especies de fauna. Foto: archivo/Semana. 

Orlando Rodríguez Ramírez, exalcalde de Vetas, explicó, a su turno que la insistencia en la delimitación “muestra que, aunque suene paradójico, la alta calidad ambiental del ecosistema de páramo en el municipio es el resultado de la presencia y el desarrollo de la actividad minera artesanal”, dijo. 

Según el exmandatario dicha actividad “se ha concentrado en áreas muy pequeñas y ha impedido el avance de otras actividades económicas, incluida la agricultura y la minería misma, sobre el ecosistema de páramo localizado en la parte alta”, expuso. 

La encuesta también sirvió como termómetro para identificar el interés de los habitantes del municipio en participar en las mesas técnicas de la delimitación del páramo. El 66,7 por ciento de los consultados dijo que le gustaría participar en la mesa de minería, mientras que el 10,5 por ciento se mostró interesado por la mesa agropecuaria.

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La encuesta también da luces sobre la posibilidad de aprovechar otros medios y canales de comunicación que son parte importante de la vida de la comunidad, ya que el 90 por ciento de los vetanos tiene en casa un televisor y de ese grupo, el 84,2 por ciento dijo que prefiere observar el Canal TRO sobre los canales comunitarios e institucionales.

"Aunque el Ministerio insiste en señalar la falta de conectividad y el analfabetismo digital, los habitantes de Vetas demostraron que poseen las capacidades suficientes para fortalecer su participación en el proceso de delimitación del páramo de Santurbán", mencionó González. 

Para la líder minera, avanzar con el proceso no solo se despejará la incertidumbre que acompaña a los habitantes de los municipios involucrados, sino que se aprovechará una oportunidad para cerrar las brechas entre el centro y la ruralidad, garantizando el derecho a la participación ciudadana.


En este ecosistema estratégico también es posible encontrar 457 especies de flora y 26 lagunas. Foto: archivo/Semana. 

Las comunidades de los municipios del área de influencia a este ecosistema aseguran que, con la defensa de la minería tradicional, están abogando por sus tradiciones, su cultura y el desarrollo de sus actividades económicas ancestrales, pues desde hace más 400 años en esa región sus habitantes se han dedicado a la explotación minera. 

Entre tanto, colectivos como Comité Santurbán, ambientalistas, académicos y autoridades de otras poblaciones continuarán luchando por la no intervención del páramo con actividades extractivas y la realización de una delimitación con base en lineamientos y estudios técnicos y científicos.

"No queremos otra delimitación político-minera en favorecimiento y al servicio de los intereses particulares de las mineras como pasó con la anterior", sostuvo Erwing Rodriguez-Salah, defensor del páramo de Santurbán.