La Procuraduría General de la Nación le pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordene a la Corporación Autónoma Regional del departamento (CAR), que de manera inmediata dé inicio a la ejecución de las medidas preventivas decretadas en noviembre del año pasado, para que se suspendan todas las actividades de construcción en la Reserva Forestal Protectora del Bosque Oriental de la capital del país.

A través de tres acciones de cumplimiento, el órgano de control advirtió que “no basta con decretar la medida preventiva mediante acto administrativo para prevenir o impedir: la ocurrencia de un hecho; la realización de una actividad, o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente; sino que estas medidas requieren ser ejecutadas y materializadas”.

El Ministerio Público le solicitó al mencionado Tribunal declarar que la CAR incumplió sus obligaciones legales definidas en las resoluciones 0334, 0335 y 0336 de noviembre de 2018, que impusieron la suspensión inmediata de obras de construcción en esa zona que hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

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Así mismo, requirió a la corporación judicial ordenar que, en el término de 48 horas, la CAR cumpla los mandatos establecidos en las resoluciones que imponen medidas preventivas de suspensión de obras en los predios El Descanso, Popayán, y El Tambo, ubicados en la localidad de Chapinero.

La entidad de control también recordó que las medidas preventivas son de ejecución y producen efectos inmediatos, como lo establece el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009.

Finalmente, el órgano de vigilancia promovió un incidente de desacato contra las entidades responsables del cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado, que prohibió nuevas construcciones en esa área protegida.

Procesos de demolición

Precisamente, el pasado fin de semana la CAR informó que las construcciones Bambú y Monterodro son ilegales debido a que se desarrollaron en la mencionada área protegida, por lo que hay una orden de demolición por parte de la CAR.

Néstor Franco, director de la Corporación explica que la construcción en Bambú, a pesar de que fue sancionada con orden de demolición en 2016, la orden no fue cumplida por el propietario, por lo que la autoridad ambiental tuvo que apropiar una reserva presupuestal para asumir el proceso de demolición, previo a garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los infractores. Indica que el pasado 22 de mayo se dio apertura al proceso contractual para la ejecución de obras de desmantelamiento, demolición y retiro de la estructura, por lo que se espera que en agosto se materialice dicho procedimiento, según el cronograma propuesto.

Esta es la primera vez que la autoridad ambiental adelanta un proceso de demolición en área protegida, para el cual fue necesario adelantar un levantamiento topográfico de la estructura para definir las áreas a derrumbar.

En el caso de la construcción en el predio Monterodro, la CAR informó que también hay una orden de demolición y una multa que supera los $470 millones, impuestas en diciembre de 2018 por esta autoridad ambiental, sin embargo, se encuentra en estudio el recurso de reposición interpuesto por los propietarios.
 
Adicionalmente, la Corporación dio a conocer que la Dirección Regional Bogotá La Calera adelanta 25 procesos sancionatorios por infracciones ambientales como captación ilegal de agua, disposición de escombros, tala y construcciones, los cuales se encuentran en etapas procesales diferentes respetando siempre el debido proceso a los investigados.

“Nuestro mensaje a los ciudadanos es que entiendan que persistiremos en la conservación y preservación de nuestros ecosistemas; por eso, no vamos a permitir que se sigan afectando nuestros recursos naturales”, sostuvo Franco.

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de otra parte, la CAR informó que frente a las obras evidenciadas en los últimos días en el predio El Arrayán, se encontró que los propietarios realizaban movimiento de tierras con maquinaria, lo que requiere permiso de la Alcaldía Local, sin embargo, por información de la emncionada entidad, el mismo no fue tramitado, por lo que, dice la CAR, se emitieron las alarmas por parte de los miembros de la Policía del CAI Rosales quienes junto a funcionarios de la Dirección Regional Bogotá - La Calera adelantaron las visitas técnicas para determinar las infracciones ambientales en esta zona de conservación. 

En este caso los propietarios de El Arrayán han utilizado un concepto técnico emitido por la Corporación -en el que se establece el estado de riesgo de un talud- como permiso para realizar obras, sin atender que el mismo informe técnico señala como requisito fundamental para la ejecución de las actividades de estabilización, el permiso que se debe tramitar ante la Alcaldía Local de Chapinero.

Franco aseguró que la entidad ha venido participando en la Mesa de coordinación y seguimiento para la protección del Bosque Oriental de Bogotá, que surgió para unir esfuerzos para coordinar y realizar seguimiento puntual para frenar las conductas ilegales que afectan el ecosistema, y de la cual hacen parte la Alcaldía de Chapinero, la CAR, la Policía Nacional, la Fiscalía, la Secretaría Distrital de Gobierno, Personería Local de Chapinero y la Procuraduría.