A pie, lomo de mula, en buses, motos y carros particulares comenzaron a llegar desde las veredas al casco urbano los habitantes de San Lorenzo.

Antes de que se abrieran los ocho puestos de votación para la consulta popular minera a las 8:00 de la mañana, por las calles de este municipio nariñense, ubicado a 104 kilómetros de Pasto, se podría observar una gran correría de personas, algo inusual en un domingo tradicional. 

Sin embargo, este no fue un día común y corriente para muchos de los casi 20.000 habitantes que tiene esa localidad, pues tuvieron la posibilidad de definir el futuro de la vocación económica de su población, pese a que se trató de una jornada simbólica. 

"La gente decidió si quería minería o no, pero para nosotros el agua es más importante que el oro, la plata y el zinc, que son los principales metales que se pueden extraer de nuestras montañas", indicó Amanda Martínez, integrante de Comité por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio que venía promoviendo la consulta. 

Se esperaba que a las urnas acudieran más de 8.000 personas en las 38 mesas de votación que fueron habilitadas. Foto: archivo particular.

Aunque ella, al igual que las cerca de 12.800 personas que estaban habilitadas para votar en esa población, eran conscientes de que los resutados de estos comicios no tendrán validez jurídica por cuenta del fallo de la Corte Constitucional que señaló que ese mecanismo de participación ciudadana no tiene efectos, en vista de que el subsuelo pertenece a la Nación y no a los municipios. Sin embargo, en San Lorenzo aseguran que estas votaciones son un mandato de las comunidades que tendrán que acatar los alcaldes y un mensaje al gobierno para que respete la democracia y les permita participar de las decisiones que les atañen directamente con su territorio. 

Además, el alto tribunal determinó que las consultas no eran el mecanismo para vetar o frenar proyectos extractivos de minería o hidrocarburos.

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"El resutado determinará también las futuras políticas del municipio. Los alcaldes y gobernadores tendrán que respetar ese mandato que ha tenido el pueblo. Adicionalmente hay un comité jurídico nacional y la idea es que este empiece a trabajar para que este proceso sea considerado legal, pues nosotros hacemos parte del Estado y también tenemos derecho a decidir sobre nuestro territorio", apuntó. 

Martínez agregó que con el triunfo del No se harán las respectivas gestiones para que el Concejo municipal presente un proyecto de acuerdo que deje en firme la consulta. 

"Con estos resultados tendremos herramientas para poder seguir defendiendo el territorio frente a otros entes. Nosotros buscamos siempre que este proceso sea legal y que se nos respete la decisición, pero de lo contrario, si el gobierno y las multinacionales siguen necios en querer dañar nuestro territorio, pues la movilización será la herramienta que utilizaremos para hacerle frente a esta situación", dijo.

Varias marchas se registraron en San Lorenzo para exigirle a la Registraduría recursos para poder adelantar la consulta popular. Foto: archivo particular.

Para esta consulta, que no contó con el respaldo de la Registraduría Nacional del Estado Civil por falta de recursos, fueron designados jurados de votación, testigos electorales y delegados. Además, el conteo de los votos fue vigilado por la Misión de Observación Electoral (MOE), la Personería, la Defensoría del Pueblo y las universidades de Nariño, Javeriana y Nacional. 

"Lo hicimos lo más parecido a las elecciones que realiza la Registraduría. Las unas se cerraron a las 4:00 de la tarde", recalcó. 

A su turno, Jader Gaviria Armero, alcalde de San Lorenzo, calificó esta jornada como un hecho histórico para su municipio y Colombia, pues -según él- no hay antecedentes de una consulta popular legítima como la que se presentó en esa localidad. 

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"Agotamos todas las intancias jurídicas para que el Estado, a través de la Registraduría, nos reconociera y realizara este proceso. Desde el 2017 el Concejo municipal aprobó convocar al pueblo a una consulta popular para el 17 de diciembre del año pasado y el Tribunal Administrativo de Nariño la aprobó, por lo que tenemos el aval jurídico, pero lastimosamente la Resgitraduría, argumentando que el Ministerio de Hacienda no le transfirió los recursos, nos la negó", expresó. 

El mandatario aseveró que le oficiaron a la Registraduría argumentando que el municipio estaba dispuesto a financiar la consulta o buscar su financiación por otros medios, pero esa entidad les respondió que no había claridad jurídica sobre ese tema.  

"Realmente lo que encontramos fue un bloqueo, no había voluntad política para que estas consultas se llevaran a cabo. Colocamos tutelas y otros recursos, pero fue imposible. Ante toda esta negativa jurídica del Estado, todas las comunidades organizadas del municipio decidimos adelantar esta consulta legítima, por lo que la gente votó libremente", recalcó.


Panorámica del municipio de San Lorenzo, el segundo productor de café de Nariño. Foto: archivo particular. 

Gaviria afirmó que acatarán la decisión del pueblo, promoviendo un acuerdo municipal, ajustes al Esquema de Ordenamiento Territorial y buscando otras instancias jurídicas que propendan por proteger las áreas estratégicas ambientales del municipio. 

"Nosotros no estamos en contra de algo, sino a favor de la vida; estamos protegiendo nuestra naturaleza porque creemos que este es un pulmón de Colombia, ya que aquí se produce aire, agua, vida y alimento para toda la región, además sabemos los nocivos efectos sociales y ambientales que trae consigo de la gran minería", mencionó. 

Según información de la Agencia Nacional de Minería existen, desde el 2008, un total de 28 concesiones mineras y cuatro títulos en esa población.  

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"Según la normatividad vigente con un 30 por ciento del potencial electoral cobrará vida jurídca la consulta. El pueblo de San Lorenzo escogió sabiamente el modelo de desarrollo que quiere, basado en la agricultura", añadió el burgomaestre. 

Al igual que en San Lorenzo, en el municipio de Mercaderes (Cauca) también se debía adelantar una consulta popular para que sus habitantes decidierán si estaban de acuerdo o no con la explotación minera y de hidrocarburos, pero la falta de financiación la frenó. 

Por esa razón en esa localidad, de más de 18.000 habitantes, el próximo 2 de diciembre se realizará la primera caravana por el agua y se votarán 10 mandatos populares que, de ser aprobados, escalarán hasta el Concejo municipal para que la Alcaldía los incluya como una política pública.